Rascar la olla o cómo el gobierno de Milei desmanteló las políticas agroalimentarias
A principios de mes, en Deán Funes, se presentó el informe «Rascar la olla», elaborado por el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA). El estudio analiza el vaciamiento de políticas, organismos y leyes, y su impacto en la producción y el consumo. Junto al Movimiento Campesino de Córdoba-MNCI Somos Tierra, las organizaciones estuvieron en nuestra provincia y La tinta dialogó con ellas.
La investigadora de CONICET y docente, Valeria Ana Mosca, integrante del Instituto de Geografía de la UBA, habló sobre el informe. «La pregunta clave fue: ¿qué ocurre cuando el Estado se retira de la regulación y garantía del derecho a la alimentación?», explica Mosca y detalla que recolectaron información cualitativa y cuantitativa de organismos oficiales como el INDEC, el Ministerio de Economía, ANSES, el presupuesto abierto y diversos boletines oficiales y leyes. La metodología incluyó un “semáforo de políticas públicas”, que clasificó las medidas en tres colores, según su impacto en el acceso a los alimentos y el desarrollo de indicadores, como el índice guiso y el índice mate cocido: «Esto último consistió en calcular cuánto costaba preparar un guiso en noviembre de 2023 y en julio de 2024, así como una taza de mate cocido con pan. El objetivo era traducir los cambios de políticas en cifras concretas».
El informe ―elaborado por Mosca junto a María Cecilia Anello, Fernando González Cantero y Julieta Saettone entre julio-septiembre de 2024― evidencia que cada vez hay más concentración, menos soberanía alimentaria y un acceso a la comida cada vez más difícil para los sectores populares.
Los puntos importantes revelados por el informe
Según “Rascar la olla”, en sus primeros nueve meses de gestión, el gobierno de LLA implementó 111 políticas relacionadas con la producción y acceso a los alimentos, pero la mayoría de las políticas que favorecen el derecho a la alimentación fueron afectadas de manera negativa y favorecieron, principalmente, la promoción de la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera para la exportación de commodities, junto con la desregulación de las economías regionales. Simultáneamente, se eliminaron políticas dirigidas a la agricultura familiar campesina e indígena, se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional.
Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el consumo de alimentos disminuyó un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas, destacando caídas en bebidas (26%), lácteos (12%) y carnes (9%).
Entre noviembre y julio, los precios de los alimentos aumentaron un 128%. Argentina lidera el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial. El costo de preparar un guiso aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o una jubilación mínima en julio, es posible preparar un 27% menos de porciones. Tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento del 147% en el gasto; solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período. Mientras tanto, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%.
En cuanto al apoyo al consumo popular de alimentos, se eliminaron políticas comunitarias, mientras que se reforzaron presupuestariamente las políticas asistenciales de transferencia directa para grupos específicos —AUH, AUE y 1000 días—. El aumento de los niveles de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestran que este refuerzo de ingresos, sin embargo, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica. “Estos cambios ya están provocando el cierre y debilitamiento de comedores y huertas comunitarias, que han reducido la cantidad de comidas, días y calidad nutricional ofrecida. Además, han dejado de recibir semillas y apoyo técnico, amenazando así las iniciativas de reconstrucción del tejido social que se articulan en estos espacios”, enfatizan las investigadoras.
“El Estado se corrió de sus obligaciones más elementales, producto de este objetivo de disciplina fiscal y de un ataque a las organizaciones sociales y populares. Así, hemos visto cómo se discontinuó el envío de alimentos a las comunidades y merenderos populares, pero también, en relación con la política de precios, una fuerte desregulación y de control de precios, combinado con la apertura de importación”, acentúa Mosca y agrega: “Todo esto refuerza los rasgos más concentrados del sistema agroalimentario argentino e impacta negativamente en el derecho a una alimentación sana, asequible, justa. Nosotros estamos comiendo peor y las empresas alimentarias han aumentado sus ganancias exponencialmente. De todas maneras, sabemos que hay muchos gobiernos municipales o provinciales que están teniendo que dar respuesta a esta situación y que muchas de estas situaciones fueron y son resistidas en los territorios por organizaciones sociales y políticas. La cuestión es visibilizar y acompañar esas iniciativas que buscan básicamente democratizar el sistema agroalimentario, desconcentrar y aportar a construir la seguridad de soberanía alimentaria de la sociedad”.
En Deán Funes
María Victoria Gauna, abogada e integrante del MCC, hace hincapié en la claridad del informe “para que todos y todas podamos comprender con ejemplos didácticos la situación del desmantelamiento de las políticas públicas en la Argentina, mostrando no solamente el gran golpe a nuestra seguridad alimentaria, sino también a nuestra soberanía alimentaria».
Por su parte, Federico Orchani, integrante del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, explicó que, para caracterizar y analizar la política alimentaria del actual gobierno, se tomaron en cuenta tres dimensiones clave: acceso, consumo y producción de alimentos. “Desde el CELS, entendemos el derecho a la alimentación de manera integral. Esto implica no solo garantizar el acceso a alimentos suficientes, asequibles y nutritivos, sino también analizar la dinámica de precios, el sistema agroalimentario en su conjunto y la producción”, comenta el especialista que pasó por Deán Funes.
Orchani subrayó la importancia de realizar este trabajo en el norte de Córdoba junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena, una de las organizaciones de base con las que el CELS articula desde hace años. “Ellos son los principales protagonistas, los que garantizan la mayoría de los alimentos frescos que consumimos», afirmó. «Sin embargo, también son los más afectados por un modelo agroalimentario concentrado que los expulsa de sus territorios. Lo que planteamos es la defensa del derecho de alimentación y la soberanía alimentaria como banderas, como uno de los caminos que entendemos que es el parte del proyecto de un acceso justo a los alimentos, además de un Estado con otro rol mucho más en función del campo que alimente y que trabaja la tierra”, concluyó Orchani.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: Informe «Rascar la olla».
