Aprobaron el RIGI en Córdoba: grandes inversiones, grandes consecuencias
La Legislatura de Córdoba aprobó ayer el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), presentado por el oficialismo. Vecines y organizaciones ambientales se manifestaron en rechazo a la norma, que habilita al gobernador Llaryora a brindar aún más beneficios a actividades extractivistas que la ley impulsada por Milei.
Por Lucía Maina Waisman para La tinta
La ley de adhesión al RIGI enviada por el gobernador Martín Llaryora y aprobada anoche por la Unicameral supera los ya amplios beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios impulsados por el presidente Javier Milei para compañías que inviertan más de US$200 millones en el país durante 30 años. Así, Córdoba suma medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales, extiende los beneficios a actividades no incluidas en la norma nacional y brinda a la Provincia la potestad de incrementar las facilidades dispuestas por la ley sancionada en el Congreso.
Mientras legisladores y legisladoras debatían el proyecto, vecines y organizaciones se concentraron en las puertas del recinto para alzar sus voces de rechazo a esta adhesión por las consecuencias que traería para los bienes comunes. Se destacó la presencia de personas que llegaron desde distintos territorios serranos de la provincia afectados por la crisis socioambiental. Entre ellos, se encontraban asambleas de Cosquín, San Roque, Unquillo, Candonga, Paravachasca, así como brigadas forestales de San Marcos Sierra, Capilla del monte y Traslasierra, que hasta hace pocos días estuvieron en el combate contra los incendios en sus regiones.
Cabe recordar que el RIGI es parte de la Ley Bases, impulsada por la Libertad Avanza y, en su reglamentación, establece que es potestad de cada provincia decidir su participación en este régimen para extenderlo a sus territorios. Córdoba no solo ha decidido su adhesión, sino también aprobar un “esquema superador”, en palabras del propio Llaryora.
En este sentido, por ejemplo, los sectores incluidos en la Ley nacional son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Pero, en Córdoba, se establece que el RIGI puede abarcar a más industrias no detalladas en esa normativa. Además, la Provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”, en un artículo que fue especialmente cuestionado por la oposición.
Voces en rechazo
En un documento elaborado por organizaciones que se manifestaron este miércoles frente a la Legislatura, denuncian que el RIGI no será ninguna solución ante la escasez de divisas ni para el desarrollo económico del país y la provincia. «Ni un dólar de exportación de los nuevos proyectos de inversión ingresará a la economía argentina», y sólo dejará destrucción y contaminación a través de un «extractivismo agrícola, ganadero y, en especial, de bienes no renovables: hidrocarburos y minerales». En este sentido, entre sus principales beneficios, la normativa nacional incluye la reducción del Impuesto a las Ganancias, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.
“El plan consagra un patrón de especialización productiva del país como exportador de recursos naturales, con multinacionales dominando el negocio y con bajísima articulación con el entramado productivo nacional”, advierten en el documento y destacan que “las inversiones menores carecen de todo estímulo”. Además, señalan que este régimen va a contramano de la tendencia mundial actual: “Ningún país promueve inversiones extractivas sin dejar ganancias y sin remediación”.
A su vez, brigadistas y asambleístas de Punilla declararon que la aplicación del RIGI en Córdoba va a agravar las problemáticas que ya sufren en ese territorio, especialmente debido al avance de actividades extractivistas sobre zonas de monte nativo, ya profundamente afectadas por los incendios y la construcción de la autovía.
«Claramente, esta ley está vinculada con lo que estamos viviendo en Punilla, donde venimos denunciando las consecuencias de la autovía, como en Paravachasca; tiene que ver con esta infraestructura que necesitan para llevarse todo. Son rutas bioceánicas y el RIGI empieza a dar garantías para el saqueo de grandes empresas y dejarnos sin nada”, advirtió Eugenia Caraballo, integrante de la asamblea San Roque Despierta, desde las puertas de la Legislatura. Por su parte, Mari, de la Brigada Comunitaria Sacha de San Marcos Sierras, denunció que los incendios que acaban de sufrir fueron intencionales y están relacionados con estas grandes inversiones: “Nos están destruyendo todo: la vida, la salud, el monte, nuestra medicina, nuestro alimento”.
Según las y los manifestantes contra el RIGI, entre las principales inversiones que va a favorecer este régimen en Córdoba, se destacan los sectores de la minería, los negocios inmobiliarios, los biocombustibles, lo cual tendrá impacto en el ecosistema, en la destrucción del escaso monte nativo que queda en la provincia y, particularmente, en la escasez de agua para las comunidades, pueblos y ciudades.
En este sentido, Adriana Arriaga, bióloga e integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín, señaló: “Hay que evitar que siga la urbanización desenfrenada para cuidar las cuencas porque, si no hay vegetación nativa, arbórea, arbustiva, pastizales, si no hay suficiente área de captación, nuestros ríos no van a tener agua. Si a todo esto le sumamos este proyecto que están votando, que va a permitir que cualquier gran emprendimiento vaya a nuestras sierras, ¿qué nos va a quedar?”.
Juan, integrante del Foro Ambiental Traslasierra y vecino de la localidad de Las Chacras, también tomó la palabra para compartir las preocupaciones en su valle, especialmente debido al avance de desarrollos inmobiliarios en zonas de protección ambiental. Desde el micrófono en las puertas de la Unicameral, expresó: “Estamos acá porque el RIGI es poner el pie en el acelerador de una política económica que genera marginación, pobreza, que destruye los bienes naturales y la calidad de vida de quienes habitamos el presente y la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, algo que las autoridades no tienen en cuenta. Porque los pasivos ambientales que vienen promoviendo y que, a partir del RIGI, se van a potenciar van a ser irremediables”.
Norma Aguirre es parte de la Asamblea de Autoconvocados por el monte, la vida y la unidad en Córdoba capital, y otra de las vecinas que sumó su voz sobre la crítica situación ambiental actual: «El ecocidio es tremendo. Córdoba era un lugar donde se venía a curar la tuberculosis, teníamos un ambiente maravilloso gracias al monte, al agua, nuestra naturaleza y gracias también a los pueblos originarios que han cuidado todo esto, que hoy viene cualquier gobernante y lo rifa, lo entrega por dos monedas. Es una vergüenza lo que está pasando, un dolor profundo”.
“Nuestra confianza no está puesta en nuestros representantes ni en la ley”, dijo, por su parte, Cecilia Michelazzo, desde la Asamblea del Monte Unquillo. Y apuntó a ciertos discursos que resuenan desde los ámbitos oficiales o gubernamentales, y se contradicen con políticas como el régimen que acaba de aprobarse en Córdoba: «Es importante que estemos alertas y tengamos un ojo crítico del habitar sustentable, porque lo sustentable es dejar de destruir, cambiar el modo en que estamos habitando y produciendo. Solamente podemos confiar en nuestra organización, lo colectivo, en las fuerzas que tenemos como pueblo: las fuerzas del suelo. La lucha ni empieza ni termina acá”.
Cruces partidarios, desprotección ambiental
En la sesión, mientras tanto, hubo momentos de tensión, especialmente debido a que el oficialismo tomó el proyecto del libertario Agustín Spaccesi para que se trate sobre tablas la ley presentada por el Ejecutivo provincial pocas horas antes, que cuenta con seis artículos. En ese marco, algunos sectores de la oposición que ya habían presentado sus propios proyectos de adhesión plantearon críticas y reclamos para que el texto sea analizado en comisión, pero fue votado por la mayoría finalmente.
La legisladora radical Brenda Austin denunció que la ley le da “un cheque en blanco al gobernador de la provincia en un tema que genera muchísima incertidumbre”. En este punto, hizo hincapié en que no se detalla con claridad cuál es el ámbito y las actividades alcanzadas por el RIGI cordobés.
También se hizo mención a un artículo de la legislación nacional que ya despertó polémica y que establece que cualquier ley, provincial o nacional, que “limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” al RIGI será declarada “nula de nulidad absoluta”. Al respecto, Austin advirtió que la norma puede poner en jaque las normas de protección ambiental que tiene nuestra provincia, entre ellas, aquella que prohíbe la minería a cielo abierto, la minería nuclear, así como las leyes de ordenamiento territorial que protegen los bosques nativos.
Por su parte, Luciana Echevarría, desde la Izquierda, rechazó la adhesión al régimen de Milei: “Se trata de la entrega completa de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, de destrucción ambiental”, expresó y destacó que se da todo tipo de beneficios a “los sectores concentrados extranjeros que vienen a hacer negocios acá”.
Finalmente, cerca de la medianoche, Hacemos Unidos por Córdoba logró que se apruebe el proyecto de ley del RIGI en general por 39 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, y también la aprobación en particular por parte de la mayoría.
*Por Lucía Maina Waisman para La tinta.
