Las matemáticas de la ignorancia… y de la crueldad
Para el gobierno nacional, los números vienen siendo un componente central de la retórica oficial. Cuestionar la cantidad de desaparecidos, su meta de bajar la inflación, la necesidad del famoso equilibrio fiscal a cualquier costo social, achicar el Estado para disminuir la planta de empleados públicos, la repetición acrítica de la frase “auditar las universidades” (aunque ya existan varias auditorías). La más reciente aparición de la aritmética de la ignorancia es el posteo del presidente Javier Milei sobre la Universidad Nacional de Rosario. Si la universidad tiene 85.000 estudiantes y 10.500 empleados, para las fallidas matemáticas presidenciales, esa proporción arroja como resultado que existen 8 empleados por cada estudiante. Más allá del error aritmético obvio de confundir el divisor por el dividendo y no resolver una regla de tres simple, hay otros desaciertos aún más ocultos que requieren alguna precisión que no puede resolverse en 280 caracteres de Twitter.
Lo que la división no dice
El rector de la Universidad Nacional de Rosario manifestó que el cálculo matemático es equivocado, pues 85 mil son solo estudiantes de grado, pero la universidad tiene, a su vez, estudiantes de pregrado y posgrado, lo que arroja una comunidad cercana a los 130 mil estudiantes.
El conteo libertario parte de la absoluta ignorancia de qué es y qué hace una universidad pública, de la que solo pueden ver una fábrica de títulos universitarios. También es parte de la ignorancia la idea de evaluar a las universidades solo por la cantidad de egresados anuales o por el promedio de años que tardan los estudiantes en recibirse.
La universidad pública tiene tres funciones fundamentales. La más conocida es la enseñanza para la obtención de títulos de grado, pregrado y posgrado. La segunda es la investigación, que implica un proceso de indagación mediante la aplicación de métodos y criterios para el desarrollo científico y tecnológico de una determinada temática natural o social. En las universidades públicas, la investigación no se guía por criterios de mercado, sino de comunidad. Por ejemplo, puede que no resulte rentable investigar sobre el Chagas porque no existe un mercado a quien venderle medicamentos o vacunas. Sin embargo, se decide investigar sobre este tema porque redunda en beneficios para una comunidad. La tercera función es la extensión universitaria, que implica un diálogo de saberes entre el conocimiento producido en la universidad y los conocimientos producidos por las comunidades. Esta función no solo puede implicar transferir conocimiento a la comunidad, sino también que la universidad se deje atravesar por los conocimientos que las comunidades construyen para resolver sus problemáticas y, de esa manera, interpelar las formas en las que la propia universidad produce saber. Producto de la extensión, se han desarrollado proyectos que han trascendido lo académico y que han construido espacios culturales, educativos, laborales y de defensa de los derechos.
La universidad pública no puede reducirse a un conjunto de beneficios para la comunidad universitaria. La universidad también es un hospital, público o privado, con personal de la salud egresado de universidades públicas. La universidad pública hace posible la administración de justicia y es también ese teatro con actores profesionales o músicos de la sinfónica con formación universitaria. La universidad pública son las miles de vidas que se salvaron en el mundo gracias al bypass coronario inventado por René Favaloro, formado en la Universidad Nacional de La Plata, o las transfusiones de sangre que se hacen gracias a Luis Agote, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Facultad de Medicina de la UBA. La universidad pública es también la vacuna Gammaglobulina T que se produce en el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba y que evita que personas inmunodeprimidas se enfermen; es también el Banco de Sangre universitario que le salva la vida a miles de personas. La universidad pública son los satélites que se pusieron en órbita y que otorgan soberanía aeroespacial a la Argentina; son los miles de estudiantes privados de libertad que cursan sus estudios universitarios y que hacen carne la educación como un derecho humano fundamental. La universidad pública ha dado cinco Premios Nobel, pero no se trata solo del orgullo que eso produce, sino también de cuántas vidas fueron mejoradas gracias a las intervenciones e inventos de quienes fueron premiados. Es de una enorme ignorancia creer que la universidad pública puede reducirse a un aula o que su impacto es solo para quienes estudian y se egresan.
Son muy pocas las vidas de argentinas y argentinos que no fueron mejoradas, de alguna u otra manera, por la universidad pública. Por eso, es un error creer que la universidad es un gasto. La universidad pública es la mejor inversión social que un Estado puede realizar, pero, por sobre todas las cosas, es una obligación constitucional garantizar la “gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”, según lo establece la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 19.
Esto es importante: no se trata de una opción del gobierno de turno sostener o no a las universidades, sino que es un mandato legal incrustado en la Constitución Nacional. Si la meta es el equilibrio fiscal, el gobierno deberá gastar menos en inteligencia, en aviones militares o en subsidios para grandes empresas, que no son obligaciones constitucionales. Las matemáticas no pueden derivar en la ignorancia o en la crueldad.
Así, la universidad pública es un derecho humano fundamental de todas las personas, accedan o no a la misma. El complejo escenario político y económico nacional nos obliga a comprender que aquellos derechos que hoy están puede que mañana ya no, porque cada conquista es siempre precaria. Descifrar así los derechos humanos, en el marco de un proceso histórico inacabado de conquista, nos permite comprender también las responsabilidades éticas que se encuentran ligadas. Los derechos humanos pueden ser entendidos como parte de la transmisión de una herencia de generaciones pasadas y eso conlleva también el compromiso de conservarlos. Los derechos humanos no se asientan sobre sólidas bases de la civilización moderna, sino sobre las movedizas arenas de la política y la economía, en la que los poderes fácticos están siempre al acecho para aumentar sus privilegios, que son siempre contra los derechos, a diferencia de los derechos, que tienen la potencia de ser con otros.
La universidad pública se trata de aquella vieja idea de comunidad que nos sigue reuniendo en torno a la común, que no es contra alguien, sino a favor de todas y todos. Los dolores que nos quedan es el presupuesto que hoy nos falta. Como nunca antes en sus cuatrocientos años, la universidad ha estado amenazada en su existencia. Ojalá estemos a la altura de defender ese tesoro de la universidad pública que supimos conquistar.
*Por Lucas Crisafulli para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para ADIUC.
