Imputación y criminalización de militantes por el ambiente en Punilla
La fiscal de Cosquín ―Paula Kelm― elevó a juicio la causa contra seis defensores por los derechos ambientales en Punilla. La causa fue elevada sin considerar testigos ni pruebas. Una lógica de la Justicia que se está haciendo recurrente: la criminalización de la protesta.
Por María Eugenia Marengo para Capilla del Monte Noticias
“En Punilla, Córdoba, la defensa de los derechos, de los territorios y de los bienes comunes ha dejado 18 personas imputadas”, comienza la solicitada que se difundió desde la organización “Imputadxs de Punilla”. Los y las imputadas son 18 personas, de las cuales 7 tienen el pedido de elevación a juicio y 6 ya tienen la elevación en curso, que fue apelada. La apelación fue aceptada, por lo que el 29 de julio se llevará a cabo una audiencia al mediodía, en los tribunales de Villa Dolores.
Desde los comienzos de la construcción de la megaobra de la Autovía, integrantes de las asambleas ambientales del Valle de Punilla vienen llevando adelante distintas acciones de denuncia y visibilización, en pos de alertar los graves impactos que esta obra ya ha originado.
Gabriela María del Mar Taborda Varela es una de las imputadas por esta causa. Gabriela vive en Santa María de Punilla, es militante ambientalista y comunicadora social. Integra la Mesa de los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba y la de Cosquín y Santa María. Forma parte de las asambleas ambientales y junto con otros integrantes vienen denunciando, desde los inicios, los impactos ambientales y culturales que esta megaobra ha generado, como la reducción ―aún más― del monte nativo, la contaminación del río Yuspe y el secado de arroyos y vertientes.
“A raíz de nuestra lucha y resistencia, y de presentar denuncias, en el año 2022, hemos sido imputados e imputadas, detenidos y esposados durante horas en calidad de desaparecides. En mi caso, terminé en la comisaría de La Falda”, recuerda Gabriela y explica que, por una de las causas de dichas imputaciones, en el mes de junio, les han notificado la elevación a juicio.
La causa está vinculada a la manifestación que se realizó para pedir información al entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso. La respuesta fue la infantería y la represión: “Al día siguiente, llegaron las imputaciones. En mi caso, soy la más afectada, tengo cinco imputaciones y restricción para andar por la autovía”, dice Gabriela.
Esta instancia de apelación es una oportunidad para dejar en evidencia el procedimiento irregular de la fiscal Paula Kelm, quien, el año pasado, desestimó las pruebas y testigos que los y las abogadas de lxs imputadxs presentaron ante la acusación. “El juez puede rever la causa y encontrarse con lo viciada que está por la fiscal Kelm, quien autorizó que directamente fuéramos a juicio, considerando que habíamos cometido un delito, sin antes hacer las investigaciones correspondientes”.
¿Qué es la Autovía?
La Autovía de Punilla es una megaobra que responde al plan de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), instancias de decisión política donde se pretende implementar la integración de la infraestructura de América del Sur. Este tipo de proyectos están atravesados por la lógica del modelo extractivista y hace décadas que requiere de sus circuitos de traslado de mercancías y se materializa en la infraestructura para la conectividad entre países y grandes zonas productivas hacia los puertos para la exportación de las materias primas y recursos minerales.
Hace dos años, se iniciaba un acampe en rechazo de esta megaobra. El desalojo fue violento y llevó al procesamiento, como se explicó, de varios integrantes de las asambleas socioambientales.
Esta obra también tuvo un impacto negativo por el despojo y el borramiento de sitios arqueológicos que quedaron bajo el cemento de esta ruta. “Punilla tiene el 70% de asentamientos de sitios arqueológicos y atravesaron sitios ancestrales prehispánicos. Esto agranda esta negación de que Córdoba no tiene pueblos originarios”, expresa Gabriela y advierte que “estamos frente a una Justicia patriarcal y corrupta que quiere callar y silenciar a quienes defendemos vivir en un ambiente sano”.
El rol de la justicia, en todas partes, termina siendo el brazo ejecutor de un Estado que facilita la legislación para que estos emprendimientos se concreten. Asimismo, ante las acciones de rechazo por parte de las poblaciones, el Estado también garantiza que esta lógica de poder funcione, a través de las fuerzas de seguridad ―desde sus distintos brazos operativos― que responden con una funcionalidad directa al poder local/provincial/nacional.
Para colaborar
Ante la situación de lxs imputadxs, se ha abierto una cuenta bancaria para juntar fondos con el fin de solventar los gastos necesarios. “De transporte, combustible, abogadxs y todo lo que fuere necesario para llegar a los juicios venideros organizades y fuertes, porque: cuando tocan a unx, tocan a todes”, expresaron desde la solicitada.
Los datos son: alias rebel.mundo / Teléfono 3548-462591.
*Por María Eugenia Marengo para Capilla del Monte Noticias / Imagen de portada: Capilla del Monte Noticias.
