Prevención del embarazo adolescente: ¡afuera!
La destrucción del Estado en manos del gobierno de Javier Milei llegó al Plan ENIA ―de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia―, política pública de avanzada en América Latina. Una nueva arremetida de este gobierno de los despidos, del desmantelamiento de lo que funciona y del desprecio y la crueldad.
En el año 2015 en Argentina, se registraron 110.000 embarazos de adolescentes de entre 15 y 20 años: 7 de cada 10 eran no intencionales. Esa cifra alarmante dio impulso, en enero de 2017, al Plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, conocido como Plan ENIA.
“La problemática del embarazo no intencional en niñas y adolescentes deja plasmadas las grandes desigualdades que existen en la población argentina”, explica en comunicación con La tinta María Lucy Escobar, profesora de Educación para la Salud y asesora de Salud Integral para Adolescentes del Plan ENIA, en Santiago del Estero. Además del riesgo que implica para la salud, compromete los proyectos de vida y la integración social de las niñas y adolescentes que abandonan la escuela, se aíslan o no pueden insertarse en el mercado laboral. «Muchas de estas situaciones aportan a que se siga promoviendo el círculo de la pobreza», sigue Lucy.
El Plan dio respuesta a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y se convirtió en ejemplo de política pública en América Latina: logró reducir a la mitad los embarazos no intencionales en esta franja etaria y tuvo un desarrollo territorial notable.
En marzo, el Plan ENIA entró en la ola de achicamiento y desmantelamiento del Estado y 700 trabajadores y trabajadoras fueron desvinculados en todo el país: “La estamos pasando muy mal, divididos entre la tristeza y la desolación que trae para nuestras familias dejarnos sin el sustento diario y, por otro lado, dejar solos y solas a nuestros adolescentes”, refiere Lucy.
El programa fue una articulación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con la cooperación de instituciones de la sociedad civil y apoyo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, abarcando todas las instituciones clave en la vida de los y las adolescentes. Se venía desarrollando en Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y provincia de Buenos Aires, donde se registran las tasas más altas de embarazo adolescente. Se capacitó a asesores, consejeros, docentes y personal de salud para garantizar el acceso a la educación sexual integral en escuelas y en espacios comunitarios; a la salud y la contención con consejerías en los centros de salud, salitas y hospitales; y a métodos anticonceptivos.
Además de la prevención del embarazo, trabajaron para que los y las adolescentes puedan gozar de una vida sexual libre y plena sin discriminación ni violencia de género, tomando decisiones informadas. Trabajaron la prevención del abuso y la violencia sexual, y el embarazo forzado: “Entendemos a los embarazos que se dan en menores de 15 años como forzados y hemos trabajado actividades en torno al tema y el acceso a la interrupción del embarazo con IVE y con ILE. Hemos sido el nexo entre el pedido de las adolescentes a una interrupción voluntaria y el dispositivo de salud sexual para brindarles los turnos oportunos”, narra Lucy.
En Santiago del Estero, comparte la entrevistada a modo de ejemplo, contaban con 70 asesorías en salud integral, difusión en redes sociales y a través de radios, y realizaban eventos de visibilización y promoción. “Las asesorías en las escuelas eran de acceso espontáneo y voluntario, no íbamos a buscar a los chicos y a generar un adoctrinamiento. Ellos venían. No solamente se educaban en torno a sus derechos, podían hablar de cualquier situación que atravesaban y los hemos acompañado. Se han salvado muchas vidas gracias al Plan ENIA”, explica Lucy.
“Lejos de ajustarnos al trabajo en cuatro paredes, siempre hemos salido a buscarle la vuelta de acuerdo a los requerimientos y las necesidades propias de las adolescentes. Lejos de ser ñoquis, como plantea el gobierno que claramente quiere arrasar con todas estas conquistas en torno a los derechos, en el Plan ENIA, hay compañeros y compañeras que trabajan en lugares inhóspitos de nuestra provincia, donde cuesta muchísimo llegar por las condiciones territoriales y, aun así, siempre llegaron a cumplir su tarea”.
“Las decisiones del gobierno de Javier Milei son políticas con una línea ideológica. Apuntan no solamente a desabastecer todas las políticas que eduquen y garanticen los derechos de los y las adolescentes, sino que también incrementan los círculos de la pobreza, que vienen a manchar tantos años de trabajo y tanta lucha en cuanto a lo que ha sido la conquista de derechos en Argentina, que es un país pionero en estas cuestiones”, afirma Lucy.
El Plan ENIA se sostuvo con contratos a monotributistas hasta octubre de 2023, donde el 10% de los y las 700 trabajadoras pasaron a ser planta transitoria de los ministerios de Nación. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2023, les renovaron sus contratos hasta marzo de 2024. El 5 de abril pasado, solo quienes están como planta recibieron un correo formal informando el despido. Para todo el resto, no hubo ninguna comunicación oficial, solo por medio de los gremios supieron que el plan ya no existe.
“Han sido momentos de mucha angustia, incertidumbre, con nuestra salud mental en juego. No podíamos entender por qué estábamos atravesando por esa situación, porque hemos dejado absolutamente todo en la implementación correcta, real y oportuna de este plan, y durante meses no supimos si le íbamos a poder acercar un plato de comida a nuestras familias. Gran parte de quienes conformamos el Plan ENIA solamente tenemos ese trabajo”, explica Lucy.
“Dejar de trabajar con la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el acceso a los métodos anticonceptivos, la información acerca de su salud sexual y reproductiva, el acceso y la ayuda va a traer consecuencias desastrosas”, afirma la educadora. “El Estado pretende ahorrar dejando a los trabajadores y trabajadoras sin el sustento y sin insumos de trabajo, como métodos anticonceptivos y medicamentos, que están escaseando. Este gobierno sigue sosteniendo un discurso patriarcal, misógino, antiderechos, que se está plasmando con estas decisiones políticas arbitrarias”, concluyó.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Adolescentes de Santiago del Estero.
