Derrotero de la soberanía que no fue. Patagonia y Atlántico Sur: viejas banderas, nuevas amenazas
Entre los territorios que más estimularon la imaginación y la ambición del hombre blanco, la Patagonia tiene un lugar preponderante. Desde la expedición de Magallanes en 1520 que dio cuenta del estrecho que ahora lleva su nombre hasta el siglo XIX, este espacio y, por extensión, los archipiélagos que se hallan en el Atlántico Sur fueron blanco de numerosos intereses. En la actualidad, asistimos a una nueva disputa global que tiene a esta región como escenario de renovadas pugnas geopolíticas.
Por Ignacio Liziardi para La tinta
En el siglo XVIII, las potencias europeas comenzaron a rellenar los espacios en blanco que tenían sus mapas. Lugares cada vez más alejados de las metrópolis tomaban mayor importancia estratégica en la carrera contra las coronas enemigas por hacerse de recursos y rutas de navegación. Bajo el título latino de terra incógnita (tierra desconocida), se encontraban las islas y penínsulas divisadas a lo lejos desde los barcos, o aquellas conocidas y nombradas por los nativos, pero que ningún europeo había pisado. Así, la corona española declaraba tener derecho sobre toda la Patagonia y el Atlántico Sur, aunque se trataba de una formalidad del derecho internacional frente a sus rivales europeos. Como sabemos, en realidad, el espacio era habitado por numerosas (y diversas) naciones indígenas que ocupaban (y muchas siguen ocupando) los territorios comprendidos entre las pampas y Tierra del Fuego, tanto al este como al oeste de la cordillera de los Andes.
A partir de 1710, el conflicto español con Gran Bretaña no hizo más que crecer. Los barcos ingleses atravesaban el cabo de Hornos hacia el Mar del Sur (Pacífico Sur) con regularidad y muchas guerras estallaron entre dicha potencia y España por diversos motivos, pero siempre con un pie importante en las disputas por los territorios americanos. Desde 1740, comenzaron a circular en Londres argumentos y planes para ocupar las Islas Malvinas, y, en 1765, una expedición funda Puerto Egmont. En respuesta, una flota española parte desde Montevideo y desalojan dicha posición británica en 1770.
Desde ese momento, España logró establecer una endeble autoridad en estos mares, siempre permeada por expediciones de corsarios y pequeñas escuadras enemigas. Asimismo, en 1774, se publicó en Inglaterra la «Description of Patagonia”, obra de un jesuita inglés que vivió cuarenta años en el Río de la Plata. Dicho libro ahondaba sobre lo poco defendidas que estaban las costas patagónicas, al igual que Buenos Aires, Montevideo y las Islas Malvinas. Como consecuencia, España reformó numerosos aspectos defensivos en estas tierras, fundando el Virreinato del Río de la Plata, explorando la costa oriental patagónica y estableciendo numerosos fuertes de defensa en ella. Tiempo después, tras la independencia de las Provincias Unidas, en 1833, una nueva embestida tuvo lugar y, esta vez, el archipiélago malvinense fue tomado por Gran Bretaña a la fuerza, como permanece hasta la actualidad.
¿Por qué son importantes dichas disputas que parecen haber caducado hace ya tanto tiempo? Porque hoy nos encontramos nuevamente en un escenario global de imperios enfrentados por los recursos estratégicos y rutas marítimas. Las rutas fundamentales del comercio internacional que atraviesan la Patagonia y el Atlántico Sur vuelven a ser una zona caliente: China con su cuestionada base científica en Neuquén y los británicos reforzando Malvinas hasta convertirlas en una fortaleza. Hace algunos años, los diarios de toda la Patagonia y algunos de la capital federal pusieron el grito en el cielo cuando se hicieron públicas fotos sobre la inmensa y moderna guarnición británica en Malvinas. Se trata de un complejo militar que funciona como base de operaciones en todo el Atlántico Sur, donde paralelamente se avanza en la explotación de hidrocarburos y pesca.
Los gobiernos anteriores condenaron a viva voz este despliegue, dado que implica un atornillamiento de la presencia inglesa en las islas, desafiando abiertamente todas las resoluciones internacionales al respecto. Los reclamos permanentes, las cartas de cancillería, las quejas oficiales son fundamentales porque sirven de antecedente y demuestran el sostenimiento y permanencia de nuestra demanda. En contraposición, la actual ministra de relaciones exteriores, Diana Mondino, considera todos los pronunciamientos oficiales como inútiles, al mismo tiempo que recibió al canciller británico David Cameron (quien visitó Malvinas) en Buenos Aires con los brazos abiertos.
Como si no fuese suficiente la cuestión británica, entre gallos y medianoche, Milei ofreció esta semana una «base militar conjunta» a Estados Unidos (principal aliado de Gran Bretaña) en Tierra del Fuego. Un brutal flagelo a nuestra soberanía sobre el ya disputado archipiélago fueguino. Para tal fin, sería necesario que se sancione una ley o que se modifique la Ley n.º 25.880, aunque, con el accionar actual del gobierno en términos de constitucionalidad, podemos esperar cualquier cosa.
Como todo lo que hace este gobierno, cada decisión simplemente se lleva adelante, nunca con precisión, pero sí con saña. Es un gobierno con una postura entreguista en lo que se refiere a soberanía en general y harto ambigua en torno a la cuestión Malvinas en particular. Un péndulo que oscila entre la reivindicación nacionalista del accionar de la junta militar y la adoración a Margaret Thatcher. Casi pareciera que no pueden sostener el reclamo territorial sin chauvinismo barato, que al mismo tiempo desnuda sus anhelos ultraliberales. Quien camina por Ushuaia sabe que la guerra de Malvinas es algo vigente, que la expresión “herida abierta” queda corta. Esto demuestra otro punto flaco: apenas es posible afirmar que el presidente conozca las provincias que gobierna. Si a esto sumamos la guerra fiscal del presidente con las provincias (en el sur, algunas gobernaciones ven comprometido casi el 45% de su presupuesto provincial), el freno a la construcción de presas hidroeléctricas chinas en Santa Cruz y la retracción de las actividades de YPF en toda la Patagonia, el panorama es desolador.
Todo apunta a un ataque coordinado del propio Gobierno nacional contra la soberanía en la Patagonia y el Atlántico Sur. Otro hecho paradigmático fue la inclusión, en el mega DNU 70/2023, de una cláusula para derogar la llamada Ley de Tierras (26.737). Esta ley prohíbe, entre otras cosas, la venta desenfrenada de territorio nacional a capitales o personas extranjeras. Sin esta ley, sería casi imposible frenar la adquisición desenfrenada de tierras, multiplicando los Joe Lewis en nuestro sur. Afortunadamente, este aspecto del DNU fue anulado (debido a su inconstitucionalidad) por un juez federal de La Plata, tras un amparo presentado nada más y nada menos que por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Pero este ataque del gobierno del que hablamos no se expresa únicamente en medidas directas sobre el territorio. El estudio y la indagación de las sucesivas soberanías sobre Patagonia e Islas Malvinas, ya sean sus establecimientos o desarticulaciones, son de vital importancia para los habitantes del suelo argentino. Desde la historia, la antropología, la sociología y la geografía, se abordan estos tópicos fundamentales a partir de una gran diversidad de aspectos. Hoy, se ven desarticulados y desfinanciados los equipos de investigación que en nuestras universidades nacionales y centros de estudios buscan indagar y dar respuestas a estos interrogantes, que buscan abrir nuevas aristas de la geopolítica de los siglos pasados. Este desmembramiento del aparato de ciencia y tecnología es también un bombardeo a otro de los pilares de los reclamos argentinos sobre el Atlántico Sur. Porque en las universidades nacionales se construye conocimiento, pero también se construye soberanía.
*Por Ignacio Liziardi para La tinta / Imagen de portada: A/D.
