Ante el recorte presupuestario, paro universitario
Con un rumbo incierto, para un acuerdo paritario y con canales de diálogo en la cartera nacional de Educación y Capital Humano, gremios y centrales sindicales convocan a un paro para el 14 de marzo. ADIUC adhiere a la medida y ayer, en asamblea de afiliadxs, delinearon algunas de las acciones hacia adelante, de cara al inicio de clases.
Más allá y más acá del odio en las redes y en el decir online sobre la educación pública, la mayoría de las personas de este país aún se encuentra en estado de perplejidad ante la noticia del ajuste de fondos presupuestarios. Un recorte brutal que no tiene antecedentes y que hace peligrar el funcionamiento de las universidades y sus dependencias. Circularon varios comunicados desde las casas de estudio y ahora empiezan a delinearse medidas de lucha más concretas.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales (CONADU Histórica – CONADU – FEDUN – FAGDUT – UDA – CTERA -FATUN junto a las centrales CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT) reunido ayer en asamblea delineó un plan de acción nacional «que encauce el malestar, los reclamos y sea eficaz para lograr los objetivos». Con la pérdida de más de un 50 % del salario desde el mes de diciembre 2023, sin garantías de negociación de paritarias y atención a las demandas universitarias, convocan a un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y con actividades de visibilización. Sostienen la necesidad de movilizar a lo largo y a lo ancho del país para defender el salario, los puestos de trabajo, las jubilaciones, el derecho a la educación universitaria y preuniversitaria, y la producción de conocimiento.
El escritor y docente universitario Martín Kohan, en una entrevista con Gabriel Sued en Futurock, se pregunta «de qué modo, por qué razones algo que habitualmente en la sociedad argentina era motivo de orgullo, como el sistema de educación pública argentina, que, aun cuando viene sufriendo años de deterioro e incluso hostigamiento por parte de gestiones políticas, resistió como un espacio de valor y de prestigio. Cómo es que se fue convirtiendo en algo desdoroso, cómo es que se fue deteriorando ese orgullo y satisfacción. Cómo esto ha ido deslizándose a un espacio de oprobio, reproche porque recibís fondos públicos». Como profesor universitario, insiste en entender la genealogía del deterioro y qué indica eso. ¿Por qué llegamos a indignarnos con profesores e investigadores como si fueran la casta?
Las universidades nacionales (57) recibirán igual asignación presupuestaria que en 2023, con una inflación acumulada del 254% en los últimos 12 meses. Las altas casas de estudio declararon el «estado de emergencia económica» y, en un comunicado conjunto, advirtieron que no podrán funcionar si no actualizan los presupuestos. Anticiparon que sólo podrían garantizar el funcionamiento hasta mayo, esto implica que hacia adelante no se podrían afrontar los pagos de salarios, servicios de luz, agua, limpieza, seguridad, así como tampoco todo lo que implican los proyectos de extensión, el funcionamiento de los hospitales universitarios, el otorgamiento de becas de investigación, entre otros componentes indispensables para la continuidad de la vida universitaria.
Frente a esta situación inédita, se han tomado algunas medidas. Entre ellas, rectores/as de universidades nacionales y provinciales de todo el país que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron la gravedad de la situación. El Consejo Superior de la UNC emitió una resolución el 27 de febrero, manifestando la preocupación por la situación presupuestaria y encomendando al rector Jhon Boretto a realizar gestiones ante el Ministerio de Capital Humano, «con el objetivo de que la Universidad Nacional de Córdoba cuente con un presupuesto para el presente año que asegure la continuidad de sus funciones en docencia, investigación y extensión, así como las actividades en sus Facultades, Colegios preuniversitarios, Hospitales y en todas sus instalaciones universitarias». También solicitan al Ministerio de Capital Humano «la pronta reapertura de las paritarias docentes y nodocentes para restablecer el poder adquisitivo de los salarios en respuesta a la inflación registrada».
El diálogo con la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell y dependiente del Ministerio de Capital Humano, no está siendo viable. Y más allá de las voluntades individuales de cada casa de estudio y las instancias colectivas, de no cambiar la situación, mantener las aulas abiertas será un gran desafío, así como sostener toda la política educativa superior.
El autoajuste como política individual
La Asamblea Docente de la Facultad de Psicología emitió un comunicado la semana pasada donde analizan con preocupación el riesgo concreto del funcionamiento cotidiano de la universidad. «Las aulas del módulo viejo estarán cerradas en ciertas franjas horarias, agravando la problemática de la disponibilidad de espacios adecuados a los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestras carreras. Se dejaron de abonar horas extra al personal nodocente, lo cual implica que se verán disminuidas sus posibilidades de sostener el trabajo administrativo tal como lo venían haciendo –ya con muchas dificultades–. La universidad reducirá el gasto en seguridad en el ámbito de Ciudad Universitaria. Dadas estas condiciones, peligra la continuidad de las mesas de examen y el inicio de clases».
Desde la asamblea, plantean el concepto de autoajuste para intentar explicar la forma en que se responde a la coyuntura. Marcos Luna, delegado gremial por psicología y agremiado en ADIUC, en diálogo con La tinta, nos cuenta que «la idea de autoajuste tiene sentido decirla así porque está en continuidad con otras formas –que ya veníamos viviendo– de precarizar y fragmentar lo colectivo, poniendo la responsabilidad en lo individual (por ejemplo, el acento en la figura del emprendedor en lo laboral o de la autoayuda en la salud mental). Y ahora pasa algo así con el desfinanciamiento del sistema de CyT: que cada universidad se las arregle, de ahí a que cada unidad académica vea como ‘ahorrar’ en luz y seguridad, y que cada cátedra y docente vea cómo seguir adelante ajustando recursos institucionales y propios».
¿Qué hay detrás del ahogo a las universidades? La reducción de políticas educativas y sociales que garanticen el acceso a la educación superior, que afecta directamente en la calidad de la enseñanza, la infraestructura, las investigaciones. «Un empobrecimiento material y vital, precarización laboral y deterioro de la calidad académica, e impacto sobre la salud de les trabajadores», indicaron desde la asamblea de Psicología.
Un limbo para más de 2,5 millones de estudiantes
El escenario hacia adelante es de incertidumbre, les estudiantes universitaries están en riesgo de quedar en el limbo si efectivamente no hay posibilidad de afrontar los gastos de funcionamiento. Alguien por ahí, entre los pasillos, dice: «Tengo la sensación de que, hasta que no cerremos las puertas de las facultades porque no podemos pagar la luz, no se va a entender lo grave que es la situación presupuestaria de las universidades».
¿Qué narrativa no está resultando efectiva, qué mayores datos empíricos son necesarios para dimensionar lo que pasa? ¿Y por qué gran parte del estudiantado no está movilizándose?
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: ADIUC.
