Duro revés judicial para el protocolo antipiquetes
La Justicia Federal ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación que adecúe el protocolo antipiquetes a las normas constitucionales.
El Juzgado Federal n.° 7, a cargo de Norberto Casanello, resolvió una medida cautelar por la que exige que el protocolo antipiquetes emitido por la ministra Patricia Bullrich sea modificado según parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por María Celeste Fierro, diputada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
En su resolución, el juez explicó que el protocolo implica impartir instrucciones a las fuerzas de seguridad habilitando el ejercicio del poder punitivo por fuera de lo establecido por el Código Penal, por lo que implica una «extensión de la incriminación por mera decisión administrativa», lo que no se condice con la división de poderes y el principio constitucional de legalidad, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Con citas al informe enviado por tres Relatorías de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la resolución de Casanello remarca que la protesta es un derecho humano.
En la resolución judicial, se destaca que el Poder Ejecutivo nacional no ha respondido a las observaciones realizadas por Naciones Unidas ni ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida para adecuar el protocolo a los estándares internacionales sobre reunión pacífica y derecho a peticionar.
En el fallo, se lee el siguiente párrafo:
«Es imperioso comprender que, en nuestro Sistema Constitucional de Derecho, la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar ―y, particularmente, criticar― a las autoridades. Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático. Al estar más cerca del nervio democrático de la Constitución, merecen especial protección«.
En función de ello, resolvió exhortar al Ministerio de Seguridad de la Nación a que adecúe la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por el sistema constitucional, e instruya a las fuerzas policiales sobre la obligación de dar aviso de su actuación a la autoridad judicial competente. Asimismo, solicitó que el Ministerio tome razón de las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas sobre los estándares internacionales sobre el derecho de protesta.
El caso continúa siendo tramitado en el juzgado para resolver el fondo del asunto, esto es, si el protocolo es inconstitucional y, en su caso, declararlo inaplicable.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Víctor Carreira.
