Licencia por Violencia de Género en la UNC: un derecho, una herramienta y un triunfo colectivo
La Comisión Paritaria del sector docente y no docente, conformada por representantes de la UNC, ADIUC y la Gremial San Martín, firmaron la semana pasada un acta para acordar la Licencia por Razones de Violencia por motivos de Género, Violencia Familiar y Violencia Sexual en el ámbito de la universidad. En esta nota, la doctora Elisa Arriaga cuenta cómo fue el proceso para que, mediante la convicción y la energía colectiva, este derecho sea hoy una realidad.
El 10 de agosto, representantes de la UNC y del Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) firmaron la flamante acta que es fruto de un proceso de trabajo conjunto. Desde La tinta, nos acercamos a dialogar con Elisa Arriaga, coordinadora de la Comisión de Género de ADIUC, para conocer en detalle cómo fue el proceso y quiénes participaron en las diversas instancias.
El primer borrador se armó en el 2017 y se puso en discusión inicialmente con las áreas de género de otros sindicatos docentes universitarios, en el marco de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, y haciendo una comparación con otras licencias por violencias de géneros existentes en el ámbito universitario, principalmente con la de Mar del Plata. Con esas bases, se redactó un proyecto más ajustado a la realidad universitaria cordobesa y se puso a consideración de la Unidad Central de Políticas de Género y de la Defensoría. Con las devoluciones de ambos espacios, circuló al área jurídica de la Universidad, se hicieron nuevas consideraciones y fue en marzo del 2018 cuando finalmente se presentó en paritarias por primera vez. A partir de ahí, no hubo muchos avances porque el proyecto contemplaba a la actividad docente de la universidad y, para el 2019, se dio relevancia a lograr un acuerdo con el sindicato no docente.
La pandemia marcó la obligada pausa también en este ámbito hasta que, el año pasado, el proyecto se retomó y se hicieron más modificaciones. Con el aporte de especialistas, de compañeras y de equipos de investigación, en noviembre, se realizó la presentación conjunta entre ADIUC y la Gremial San Martín, el sindicato de no docentes.
En términos técnicos, esta licencia implica un período de ausencia en el espacio de trabajo más amplio que otras licencias por violencia de género en el Estado y en el sector privado ya existentes. Además, es discontinua y se adapta mejor al tipo de trabajo y a los requerimientos que esta problemática puede llegar a tener, como trámites judiciales y necesidades específicas de mediación. Arriaga hace hincapié en que esta herramienta se hizo de manera reflexiva en términos de la situación concreta de la universidad y del tipo de trabajo que implica.
El Art. 3 detalla que «la licencia será otorgada con goce de haberes por un plazo máximo de 45 días corridos por año, continuos o discontinuos. Por causa de fuerza mayor (vinculadas a procesos administrativos o judiciales en curso, razones de salud u otras análogas), podrá extenderse de manera excepcional y fundada con base en las acreditaciones pertinentes, el plazo anterior por 20 días corridos, en el transcurso de un año desde el momento de la presentación de la solicitud».
Otros aspectos importantes son los que amparan el Art. 7, que manifiesta que el uso de la licencia no afectará a la remuneración y tendrá carácter reservado; y el Art. 8 que otorga el derecho a la adecuación transitoria a la jornada con relación al tiempo, a las tareas y al lugar de trabajo. Cuidados fundamentales que se contemplan para resguardar a las personas que se ven en la necesidad de recurrir a esta herramienta legal.
¿Cómo solicitar la licencia?
El trámite se realiza con una solicitud por escrito que puede presentarse de manera presencial o por medios electrónicos ante el Área de Personal de la dependencia donde la persona trabajadora preste sus servicios. En la misma, se debe detallar la cantidad de días requeridos. La presentación es personal o, en caso de imposibilidad, por medio de terceras personas (familiar, colega, representante gremial u otra persona allegada) o por áreas u organismos que trabajen en situaciones de violencia de género. Una vez cumplidos los requisitos exigidos, el otorgamiento deberá ser inmediato y no podrá ser denegado en ningún caso.
Paralelamente, se dispondrán medidas para el acompañamiento, seguimiento, información y abordaje integral a través de las áreas competentes de la UNC y de la entidad gremial.
De esta manera, se insta al acompañamiento integral en el cual intervienen el Plan de acciones y las áreas específicas de las distintas unidades académicas; esto da posibilidad de realizar un acompañamiento tanto jurídico como terapéutico.
Un triunfo logrado al calor de las luchas colectivas
La calle y los espacios de encuentro reales fueron claves a la hora de ir impregnando la vía administrativa y burocrática de la impronta colectiva.
“Siempre fuimos poniendo en agenda esta demanda, en cada acción colectiva, con pancartas, en las marchas del 8M, hicimos también una ronda de proclamas para prevenir y sancionar la violencia en la UNC. Todas esas acciones sirvieron para visibilizar lo que estábamos reclamando”, concluyó Elisa Arriaga.
Por Fernanda Albornoz para La tinta / Imagen de portada: ADIUC.
