¿Es Jujuy un ensayo del tiempo por venir?
Por Sabrina María Villegas Guzmán para La tinta
Las puertas del infierno se han abierto. Hechos que creíamos ya superados están volviendo a ser noticia y su horror no para de crecer. Golpeadxs como estamos ante una crisis que parece interminable, cansadxs de una cotidianeidad que nos quita hasta el aliento, preocupadxs por atravesar los días y llegar a fin de mes, desinteresadxs y apáticxs ante las alternativas que nos ofrece un sistema político en franca descomposición desde hace décadas, pareciera que no logramos medir la magnitud y el tenor de lo que ocurre en Jujuy. ¿Es que desde lejos no se ve?
Aunque, quizás, ahora que lo pienso, no sea sólo un problema de distancia geográfica, sino de la dificultad que supone asumir la real dimensión del peligro que se cuece.
El repaso por algunos de los episodios más dramáticos del siglo pasado nos dejó la enseñanza que la bestialidad de lo que significaron el nazismo o las dictaduras del cono sur, para citar algunos ejemplos, no pudo ser cabalmente imaginada hasta que fue demasiado tarde. Durante la década del 30, en Alemania, o en los años previos a 1976, en nuestro país, las prácticas antidemocráticas fueron creciendo paulatinamente hasta que un mal día el terror se impuso de manera definitiva y durante varios años.
Alguien podría decir que exagero, que lo que ocurre en Jujuy son eventos aislados y, por ello mismo, ineficaces para establecer un patrón o para deducir consecuencias futuras que puedan generalizarse a un conjunto más amplio. Puede ser y ojalá ese alguien esté en lo cierto. Pero la violencia ya desplegada debería ser suficiente para encender nuestras voces de alarma, agudizar nuestros sentidos para comprender lo que está en juego y disponer la inteligencia colectiva para hacerle frente.
La escalada represiva comenzó con una Reforma a la Constitución Provincial como condición necesaria para asegurar con mayor ferocidad y fluidez la expropiación del pueblo jujeño. Aunque, en rigor, viene desplegándose con diferentes grados de intensidad desde enero de 2016, cuando fue detenida la dirigente política, social e indígena Milagro Sala. A esta altura, sabemos que los procesos de acumulación capitalista y los consecuentes despojos requieren un marco jurídico que les dé sustento y que la mentada Reforma vendría a cumplir con ese propósito. También estamos al tanto que lo que moviliza este cambio en la letra de la ley es la carrera por el litio en la que Gerardo Morales y sus secuaces se ven envueltos.
El Gobernador de Jujuy es consciente de que no cuenta con el apoyo popular para concretar el avance sobre los territorios, muchos de ellos habitados por poblaciones indígenas y campesinas. Tampoco desconoce que su modelo de gestión ofrece migajas para lxs trabajadorxs de la educación y de la salud. Por esto, la reforma no sólo busca modificar las condiciones para que la voracidad capitalista se despliegue sin frenos, sino que restringe -como contracara del mismo juego- el derecho de protesta, o sea, la posibilidad que tiene el pueblo para resistir, en un marco democrático, las decisiones y políticas que lxs afectan.
Las noticias y los testimonios que nos llegan desde el norte del país dicen sobre un estado de excepción en el que “no hay ley”, o al menos, no hay una ley en el sentido democrático: esto es, una norma que ponga un freno a la violencia estatal y garantice el derecho ciudadano.
Desde hace poco más de un mes a esta parte, las prácticas dictatoriales llevadas adelante por el Gobierno de Jujuy no ceden. A los hechos gravísimos de público conocimiento, se suman por estas horas nuevas detenciones a militantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como a abogadxs intervinientes en las causas, allanamientos ilegales y hasta el ingreso de la Policía Provincial a la sede de la UNJu, violando la autonomía universitaria.
El conjunto de estos hechos nos llevan a concluir que las garantías que protegen a la ciudadanía han cesado de regir y que esto ha ocurrido en plena democracia, nada más y nada menos que el año en que se cumplen 40 años de su ansiado retorno. Parece mentira que a nosotrxs que pudimos revisar muy tempranamente la última dictadura militar y catalogar a los hechos allí ocurridos como crímenes de lesa humanidad, que fuimos capaces de enjuiciar y condenar a muchos de sus responsables y que supimos forjar organismos de DDHH que han servido de faro y ejemplo para el mundo, de verdad nos esté sucediendo esto.
Vivimos en una coyuntura compleja, sin duda. El enrarecido clima político que estamos viviendo en este año de elecciones no permite avizorar una salida a la crisis jujeña que en otro contexto -y como ha sucedido tantas otras veces- podría venir dada por una intervención del Gobierno Nacional. Pero de eso nada se dice o, tal vez, su inacción frente a la violación sistemática de los derechos constitucionales que está teniendo lugar en esa provincia, constituya otra muestra de su impotencia.
Sea como sea, por más que resulte una obviedad, los derechos y la democracia no son algo ganado de una vez y para siempre y desde los múltiples lugares que ocupamos hoy nos toca defender el eslabón más básico: el estado de derecho.
* Por Sabrina Villegas Guzmán. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Derecho (UNC). Integrante del Colectivo de Investigación El llano en llamas.
Imágenes: Julia Carrizo.
