La Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias se presenta en Córdoba
En esta nota, hablamos con integrantes de la Mesa sobre los temas y debates que se presentarán esta tarde en el Museo de Antropologías de la UNC: los mecanismos usados desde las instituciones estatales, la tortura, el secuestro institucional y judicial hacia las infancias y madres protectoras. Visibilizando casos específicos, la Mesa busca seguir pensando de manera colectiva “las soluciones para esta enorme violencia, que es el corazón del patriarcado”.
Por Redacción La tinta
Entre 2020 y 2021, según informó el Programa de «Las víctimas contra las violencias» del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 3.129 niñes denunciaron abuso sexual en argentina: 77% eran niñas, 36% de los casos se produjo en el hogar y 27% sucedía en entornos digitales. En el 74,2% de los casos, los agresores eran del entorno cercano de la víctima; 56,5% familiares y 17,7% conocidos no familiares. Los datos con los que se cuenta son escasos. El registro es parcial porque solo se contabilizan los casos judicializados -y no todos lo están-. Como explica Flora Sofía Acselrad, de la Red de Judiciales Feministas, existe una falta de inversión en estadísticas que son parte del trabajo no jurisdiccional del Poder Judicial y hay una dificultad adicional, ya que cada Poder Judicial provincial elabora sus propias políticas y es difícil unificar los datos de todo el país.
Nos enfrentamos socialmente a uno de los delitos más invisibilizados e impunes que acontecen, mucho más de lo que creemos y muy cerca. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual en las infancias?
En febrero del 2022, se creó la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias, con el impulso de la diputada Mónica Macha e integrada por organizaciones feministas, asociaciones profesionales, equipos ministeriales, legisladores, personas expertas en el tema, madres protectoras y sobrevivientes. Por primera vez, la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias llega a Córdoba, hoy, viernes, desde las 17 a 21, en el Museo de Antropologías.
Conversamos con Florencia Bianco, docente y mamá protectora, e integrante de la Mesa y del espacio Akelarrre Feminismo Popular, quien nos cuenta sobre los temas y debates que se presentan. El eje estará en los mecanismos que están siendo usados desde las instituciones estatales, definidos como tortura, secuestro institucional y judicial hacia las infancias y madres protectoras. Se expondrá sobre algunos casos testigos, como el de Gilda Morales y Flavia Saganías de Córdoba, Delfina Silva Zarranz (caso Arcoíris), Yama Corin (caso Luna), Darcy (caso Nico Cristal), Vicky Acebedo de la Campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual. Estarán presentes Claudio Mazuqui, Carlos Rozanski y Marita Müller.
—¿Qué significa la violencia institucional en los casos de abuso sexual en las infancias y adolescencias? ¿Y qué es la tortura institucional?
—Violencia institucional es el uso arbitrario o ilegítimo del poder ejercido por agentes o funcionarixs del Estado, y son las que reciben infancias, adolescencias y maternidades protectoras cuando asisten a alguna institución que, en lugar de proveerles del cuidado, resguardo y garantización de derechos, se encuentran con mecanismos de desprotección, revictimización y situaciones de mayor gravedad. Se ejerce violencia contra quienes han tenido los abusos producidos dentro del ámbito familiar y hacia quienes denuncian, que, por un mandato cultural e histórico, son las madres. Comienza cuando una mamá protectora llega a tribunales, denuncia el delito y no se le cree el relato de lo denunciado. A lo largo de todo el proceso, se repiten violencias, desde que decide hacer la denuncia y mientras se desarrolla. Se niegan evidencias de abuso o no se efectivizan los medios para conseguirlas. Hay casos en los que personal de salud de hospitales públicos, psicólogxs de dispositivos especializados o privados de cada sobreviviente de abuso constata y escribe un informe sobre los padecimientos que vivió quien ha sido víctima de abuso y no son tenidos en cuenta.
Para las causas de abuso intrafamiliar, la causa se desdobla en dos: la denuncia de abuso queda en fiscalías penales, ya sea de delitos comunes o contra la integridad sexual, de acuerdo al territorio, y también va a un juzgado de familia que tiene que determinar si esas infancias van a seguir o no en contacto con la persona denunciada. La causa se escinde, se divide por dos y el sufrimiento es doble, hacemos testimoniales, cámara Gesell en dos fiscalías. El proceso de revictimización es constante.
Los procesos en la cámara Gesell son, en muchos casos, poco pertinentes, negando la palabra del niñe; hay casos donde se le ha solicitado que la víctima -de 4 o 5 años- refiera en qué día del mes ocurrió el abuso; peritos que interrumpen el relato; que realizan informes aduciendo que hay un lenguaje demasiado infantil como para encontrar un referente concreto, para no determinar la especificidad de ese abuso. Pero si usan lenguaje más adulto en el relato, ponen bajo sospecha lo dicho, hablando de influencia.
Una de las prácticas más habituales que existe dentro del Poder Judicial es la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), desconocido por todas las organizaciones e instituciones a nivel mundial -desde la OMS hasta locales como el Colegio de Psicólogos-, justamente, porque no se puede justificar científicamente. Sin embargo, las instituciones que administran justicia en el país lo usan explícita o implícitamente, buscando otras formas de decir lo mismo: que ha sido influenciado, que es el pensamiento de la madre. El SAP niega la veracidad del testimonio de las infancias, afirma que es un invento de la madre y la coloca en un lugar por el cual comienza una criminalización.
Podemos ver este mecanismo en algunos casos recientes: Flavia Saganías, que está cumpliendo una condena de 23 años de prisión, o el caso de la mamá de Arcoíris, con prisión domiciliaria en su hogar en Buenos Aires y que ha perdido el cuidado legal de su hija.
Se avanza sobre una pedagogía del silenciamiento, son fallos disciplinantes. Y logran la pérdida de contacto o de responsabilidades de cuidado sobre esas infancias para hacer revinculaciones forzadas con sus abusadores. ¿Por qué decimos que es tortura? Cuando un niñe o adolescente ha referido un abuso y su deseo de no volver a encontrarse con su abusador, la Justicia lo obliga. Eso ha traído como consecuencia también madres protectoras en la cárcel, bozales legales o judiciales para que no hablemos, mediante la Ley de Impedimento de contacto mal usada, estamos criminalizadas y amenazadas para que no sigamos adelante. No es un proceso que sea excepcional o caso aislado.
—Cuando hablan de lo institucional, ¿es solo el Poder Judicial o podemos pensar en otras instituciones que dificultan, no se hacen cargo y actúan con desidia en la prevención y acompañamiento ante la vulneración de derechos?
—No solo es el Poder Judicial, también la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), como un polo absolutamente violento contra las maternidades, infancias y adolescencias. A nivel nacional, el exsecretario de Niñez y Adolescencia, Gabriel Lerner, ni la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, la abogada Marisa Graham, han hecho uso de los instrumentos legales que tienen en su poder para actuar en defensa del interés superior del niño. Para la Justicia patriarcal, tiene mucho más peso el derecho de un padre abusador que el interés superior del niño. El secretario de Justicia de La Rioja, denunciado de abuso en una causa que no avanza, tiene más poder de decisión sobre Arcoíris que su propia mamá que denunció el abuso.
En la mayoría de los casos, hay falta de formación, pero no es omisión y de desidia, sino que es sistemático, a pesar de las leyes de vanguardia que tiene nuestro país. Por ejemplo, la Ley Lucio contiene procedimientos que ya estaban en normativas anteriores, no dice nada nuevo, porque tenemos leyes fabulosas logradas con la organización y la presión social, pero que, en el Poder Judicial, son absolutamente desconocidas para una estructura patriarcal machista con una matriz ideológica tan incorporada.
—¿Qué propuestas concretas o sobre qué líneas de trabajo frente a esos dos temas concretos están impulsando?
—Hace dos años que nos estamos encontrando maternidades protectoras sobrevivientes de abuso, profesionales de la salud mental, de la medicina, del derecho, y observamos que no se trata de una fiscalía, una provincia, sino que es algo sistemático. A partir de esto, estamos proponiendo un objetivo a mediano plazo, que es el de la modificación de la Ley nacional n.° 24.270 de Impedimento de contacto, que sirve cuando no hay ninguna razón por la cual un niñe no puede ver a alguno de sus progenitores o a alguno de sus familiares, pero no en aquellos casos -para los que está siendo usada en las revinculaciones- donde ese familiar está denunciado por abuso o violencia. A largo plazo -y como objetivo más ambicioso, pero imprescindible-, estamos pensando en una transformación radical -no una reforma- del Poder Judicial, que sea feminista y con perspectiva de niñez y de derechos, que tenga en cuenta y que cambie el paradigma misógino, machista y adultocéntrico.
La Mesa, que hoy tiene sede en Córdoba, nos parece importante como un ejercicio para seguir pensando de manera colectiva las soluciones para esta enorme violencia, que es el corazón del patriarcado, estos abusos, las redes de pedofilia de la mano con las redes de trata, que ponen en evidencia lo que el patriarcado y el capital hacen con los cuerpos de las personas más vulnerables.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectiva Artística Grabado Andante.
