La obstetricia exige reconocimiento
Las políticas públicas en materia de salud sexual y (no) reproductiva avanzaron considerablemente en los últimos 30 años, de la mano de las luchas transfeministas. Sin embargo, el rol de las licenciadas en obstetricia es uno de los puntos olvidados. Hoy, luchan por una ley que jerarquice su rol, favorezca su autonomía, reconozca su trabajo y mejore la atención a personas gestantes.
Por Redacción La tinta
En Argentina, desde diversos ámbitos y de la mano de los transfeminismos, se han logrado leyes tendientes a reparar deudas históricas con las identidades feminizadas y disidentes. En este marco, las licenciadas en obstetricia exigen una normativa que reconozca su trabajo y responsabilidades. Se trata de personal de la salud que no solo hace el control del trabajo de parto, sino que debe cursar una carrera de grado con formación universitaria y residencias que profesionalizan sus tareas y saberes. “Somos profesionales de la salud que asistimos a las mujeres o personas gestantes en la etapa preconcepcional, concepcional, en todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva y no reproductiva”, explica Lorena Musicarelli a La tinta.
La Ley nacional que regula el ejercicio de les profesionales obstétricas data de 1967 y encuadra los servicios que prestan como “actividades de colaboración de la medicina”. Su trabajo, “que va más allá de controlar contracciones”, en palabras de Lorena, no cuenta con reconocimiento formal ni considera sus competencias en materia de acceso a métodos anticonceptivos, de consejería en salud sexual y (no) reproductiva, de asistencia pre, durante o post eventos obstétricos. Estas profesionales, mayoritariamente mujeres, son una parte fundamental del equipo de gineco-obstetricia y exigen ser reconocidas como tales.
“Nuestra profesión cubre el 83% de todas las provisiones de salud sexual y reproductivas -refiere la entrevistada-. Está demostrado que disminuimos sustancialmente el índice de mortalidad materna e infantil, el índice de cesáreas, la violencia obstétrica y el número de embarazos adolescentes”.
En Argentina, siguen muriendo personas por complicaciones evitables en el embarazo y en el parto. Según las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2020, se registraron 41 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos y las provincias del norte del país duplicaron esa cifra. Cada año, hay más de 50 mil nacimientos de embarazos de niñes y adolescentes: 7 de cada 10 no han sido intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, mientras que, entre les niñes menores de 15, se eleva a 8 de cada 10, como consecuencia de abusos y violencia sexual.
“Las obstétricas estamos en las comunidades porque somos parte de las comunidades y conocemos a las personas a quienes asistimos. Es una forma de garantizar, no necesitamos grandes estructuras ni complejidad, no necesitamos quirófano. Trabajamos mucho en atención primaria de la salud y estamos en esos lugares donde el recurso especializado no está”, sigue la licenciada.
Si bien cada provincia regula las profesiones, la actualización de la ley a nivel nacional garantizaría que se modifique para todo el territorio. Ya cuenta con dictamen en las dos Cámaras y se espera, por sexta vez, que se trate en Diputados. “A la corporación médica, no le conviene que las obstétricas tengamos autonomía en nuestra profesión, queremos actualización de nuestras tareas. Hay muchos intereses económicos en el medio”, afirma Lorena.
Pese a la importancia fundamental de este rol, a nivel local, la situación es preocupante. “En la provincia de Córdoba, no está la carrera, la cerraron los militares en la década del 70. Córdoba no produce parteras, por lo que no hay en los centros de salud o en los hospitales, no existe el rol de las licenciadas en las instituciones públicas ni privadas. Somos muy pocas”, explica la profesional y señala que el lugar donde más obstétricas hay es Río Cuarto, donde son ocho, y que, en la provincia, son unas 50. “Muy poquitas trabajamos en salud pública provincial, tres estamos registradas laboralmente, algunas trabajan en municipios. Estoy en Traslasierra y somos dos, hacemos de todo, pero, hoy, sin un aval legal”, según Musicarelli. Ser pocas en esta profesión genera sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento y visibilidad de su rol.
La ley ampliaría el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva en una provincia como Córdoba, de gran extensión geográfica, donde la cantidad de personal ginecológico y generalista es limitada. “Queremos trabajar con total libertad, no hacemos medicaciones que necesitan la firma de un médico, son medicaciones de venta libre. Pero, por ejemplo, para una mujer que viene porque se quiere embarazar, hay una ley que dice que tenemos que darle ácido fólico, tenemos la obligación de hacerlo, pero la ley que regula el ejercicio profesional no nos habilita a darle ni a colocar DIU o poner implantes subdérmicos, y, sobre todo, de brindar consejería pre y post aborto. Y, en Córdoba, sabemos que se garantiza solo entre un 23 y un 24 por ciento de la demanda”.
Según Lorena, el ámbito médico ginecológico impone otros obstáculos: “Para la corporación, no es fácil, sobre todo, en una provincia tan difícil como es Córdoba, muy hegemónica médicamente y también muy patriarcal. Esto tiene que ver con garantizar un enfoque de derechos y género. Que no habiliten a una profesión tan femenina como la obstetricia habla de las inequidades”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: elDiarioAR.
