Ajuste en el Potenciar Trabajo: un retroceso en el cuidado comunitario
El fin de año está atravesado por una pandemia que parece terminar, pero no, por altos niveles de inflación y por una fuerte devaluación de los ingresos. Este combo sacude con dureza las vidas de las identidades feminizadas y disidentes más empobrecidas. A la sobrecarga de tareas de cuidado y trabajo remunerado, se le suma la alerta ante las amenazas del Gobierno nacional y el recorte en el Programa Potenciar Trabajo, pieza clave en el cuidado comunitario.
Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta
Elisa es la primera en levantarse cada día, prepara el mate, despierta a los niños, los lleva al colegio y vuelve a terminar las tareas del hogar. Al mediodía, va al salón comunitario donde se cruza con Hilda, que pasa a buscar las llaves para abrir el taller textil. Llega Claudia y empiezan a preparar la comida para más de 80 personas del barrio. El calor es intenso, el hambre también. Elisa necesita terminar rápido, a las 15 empieza su turno en la Cooperativa de Naranjitas. Todas comparten una preocupación y están en alerta. Es 30 de noviembre, faltan 5 días para el próximo cobro del Potenciar Trabajo y las amenazas de bajas en el programa las tiene en vilo.
“Me despierto a las 3 de la mañana para entrar a la aplicación del banco a ver si cobramos”, decía con angustia una vecina en una de las movilizaciones que realizó la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP) en Córdoba en las últimas semanas. Es que, desde fines de noviembre, el ingreso que perciben miles de trabajadorxs de la economía popular, el sector económicamente más golpeado, está en duda. Primero, por las amenazas de cortar el cobro a gran parte de les beneficiaries; después, por la demora en el pago; finalmente, por la efectivización de más de 20.000 bajas. Pero es solo un primer paso: el Gobierno pretende quitar más de 150.000 programas. En el medio, hay personas, historias, vidas. Gente que tiene un ingreso (que no llega a los 30 mil pesos) o no lo tiene.
En el 2016, les trabajadorxs de la economía popular celebraron una conquista que marcaría un antes y un después en el sector: el Salario Social Complementario, hoy Potenciar Trabajo. Se trata de una transferencia de dinero del Estado a les trabajadorxs que realizan tareas productivas en el sector de la economía popular, alcanzando a diferentes ramas de actividad: textiles, mantenimiento y limpieza, construcción, reciclado y un largo y variopinto etcétera. Es un ingreso que reconoce también las tareas que hacen parte del sostén en la comunidad, las llamadas “sociocomunitarias”: vecines que se organizan en torno al cuidado de la salud, a la prevención de las violencias machistas, a la alimentación en copas y comedores, a los apoyos escolares y otro extenso etcétera.
El complemento salarial a la economía popular es un derecho que sus trabajadorxs conquistaron con esfuerzo, organización y con el cuerpo en una calle que siempre quiere lejos a las clases populares y más empobrecidas. Atado al Salario Mínimo Vital y Móvil, ya que equivale a la mitad de lo acordado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM, reconoce que les trabajadorxs del sector no cobrarán el mínimo establecido y que el Estado debe hacerse cargo porque son tareas socialmente productivas y necesarias. “El salario social es una conquista grande del sector que legitima y reconoce trabajos que, hasta hace poco tiempo, no eran visualizados, reconocidos ni legitimados. Una política pública buena, aunque insuficiente, porque alcanza a poco más de un millón de personas, siendo que hay casi 9 millones de trabajadorxs en la informalidad sin llegar al salario básico”, subraya Moro, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB). Lorena, de Encuentro de Organizaciones (EO), agrega que “el salario es un pago por el laburo que realizamos en nuestros espacios, no es lo que deberíamos cobrar, pero es una ayuda al bolsillo de las compañeras, ya que no vivimos solamente de este recurso”.
A la situación estructuralmente desfavorable para el sector, se suma un contexto inflacionario feroz, la crisis social y económica que cala hondo, y un futuro que no promete mejoras para las grandes mayorías. El Observatorio de Deuda Social de la UCA, en su informe «Deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022», analiza el tercer trimestre de 2022 y detalla que el 43,1% de la población es pobre en nuestro país y que la indigencia alcanza al 8,1%. Es decir que hay más de 18 millones de pobres: cuatro de cada diez argentines están bajo la línea de la pobreza y uno de cada 10 es indigente.
“La economía popular necesita la subvención de manera permanente durante todo el desarrollo de cada proyecto. La imposibilidad de dar continuidad a estos desarrollos, producto de los vaivenes de las políticas públicas de cada gobierno o de las exigencias de los organismos internacionales, debilitan profundamente al sector. En la actualidad, Argentina está demasiado cohesionada por los organismos con quienes el país está más endeudado que en los últimos 100 años -explica Moro-. El presidente actúa, desde el inicio de su gestión, con moderación, más aún en la medida en que se va recrudeciendo la legitimidad de las derechas a nivel mundial y regional. El panorama es bastante negativo para la economía popular”.
Los últimos tiempos estuvieron marcados por una feroz embestida contra les trabajadorxs que integran organizaciones populares, encargadas de crear las unidades productivas donde se desarrollan las actividades laborales. A las declaraciones de Cristina Fernández en junio de este año y las auditorías a las organizaciones por el Programa Potenciar Trabajo, se le sumó, en septiembre pasado, el intento de bajar unos 40mil Potenciar Trabajo por percibir beca Progresar, aunque, hasta el momento, eran compatibles. La gran presión de las organizaciones sociales logró dar marcha atrás con la medida, pero, en noviembre, asistimos a una operación mediática de diez días. A partir de la filtración a Infobae de un informe de la AFIP sobre irregularidades en planes de empleo, dieron rienda suelta a lo que llamaron “el escándalo de los Potenciar Trabajo”, aludiendo falsamente que se habían detectado más de 250 mil beneficiarios con bienes personales o que compraron dólares. El intento de realizar recortes masivos en el Potenciar, motivado también por la imputación de abuso de autoridad a la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, fue un duro revés al que se sumó la amenaza de desvincular este ingreso de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El salario a la economía popular es un botín cargado de sentido que está en la mira.
Las primeras semanas de diciembre, las organizaciones sociales y políticas coparon las calles de todo el país. El reclamo fue contundente: un freno al ajuste y cumplimiento con los compromisos de fortalecimiento de la economía popular. Finalmente, el gobierno propuso postergar la revisión de las incompatibilidades hasta febrero de 2023, pero se dieron de baja 20.420 programas. Tolosa Paz aseguró que el monto del Potenciar seguirá siendo el 50% de un salario mínimo y que, cada vez que este crezca, se incrementará el salario de la economía popular. Finalmente, confirmó que el gobierno pagará un bono de fin de año a les trabajadorxs del programa.
Las amenazas y bajas del programas afectan fuertemente a todo el sector de la economía popular y, en especial, a las identidades feminizadas y disidentes. La pandemia reafirmó que, sin trabajos de cuidado, no hay vida posible y que quienes cuidan tienen un rol central en sus comunidades. Invisibilizado y sin protección, el trabajo de cuidado es imprescindible para la sostenibilidad económica del país, garantizando la crianza y la atención a personas mayores o con discapacidad, asegurando la limpieza y los alimentos a diario, acompañando tareas educativas y necesidades emocionales y de salud.
Sin embargo, evidenciar la centralidad de estas tareas en la pandemia no significó una valorización o transformación de la división del trabajo. Hoy, la carga de esa doble o triple jornada está atravesada por un hondo cansancio, más pesado en un contexto de crisis económica que no da tregua. La distribución asimétrica de este trabajo impacta en una menor participación de las identidades feminizadas en el mercado laboral, con trabajos más precarios y con mayor desprotección social. Mientras más tiempo le dedican al trabajo de cuidado, menos actividad y más desocupación o subocupación tienen en el mercado de trabajo, con menores ingresos. Este mapa se agudiza en los sectores más empobrecidos: dentro del 10% más pobre de la sociedad, el 70% son identidades feminizadas y disidentes.
El Salario Social Complementario o el Programa Potenciar Trabajo es una pieza central para avanzar en la remuneración del trabajo de cuidados comunitarios que sostienen a gran parte de la población de Argentina. “La economía de los cuidados es una de las conquistas más importantes de la economía popular, al lograr visibilizar y establecer el derecho a un salario por estas tareas. Significa una visibilización de la situación de desigualdad estructural que propone el sistema patriarcal”, afirma Moro.
La masiva inscripción en 2020 al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dejó ver que unas 8 millones de personas no trabajan en el marco del mercado formal ni de las organizaciones de la economía popular. Ante esto, se avivó fuertemente la demanda de un Salario Básico Universal equivalente al tercio del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que tenga en cuenta las desigualdades de acceso al mercado formal de trabajo de las mujeres y de la población travesti-trans. Algunos sectores transfeministas abonaron esta propuesta recuperando una discusión histórica en torno al reconocimiento monetario de estas tareas y a la autonomía que permite este ingreso mensual.
En lugar de eso, pese a los proyectos presentados en Diputados, el gobierno avanza en otro sentido. “Ellos no saben lo que se hace en cada espacio de laburo. Personalmente, los invitaría a recorrer nuestros barrios y espacios de laburo para que vean que no solo trabajamos, sino que también contenemos a familias, niñes y adultos mayores con necesidades que ellos dejaron olvidados en algún cajón”, concluye Lorena.
*Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta / Imagen de portada: A/D.
