Aciertos, errores y desafíos en los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro
Colombia necesita cambios profundos después de varias décadas de violencia interna y del control estatal por parte de la oligarquía, la principal aliada continental de Estados Unidos.
Por Sergio Segura, desde Colombia, para La tinta
100 días de gobierno es solo el seis por ciento de un mandato de cuatro años. Sin embargo, tiene una carga simbólica en cuanto a los puntos de partida para la implementación de los principales objetivos estratégicos de un plan de gobierno. De este tiempo, se mide la conformación del gabinete y los ministerios, los decretos para resolver los temas más urgentes, los viajes internacionales realizados, los proyectos de ley que debate el Congreso, entre otros aspectos donde se da un balance de la capacidad de gestión y de efectividad política del mandato.
La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al Ejecutivo colombiano, el pasado 7 de agosto, generó grandes expectativas en el país y el mundo, tanto por la novedad de ser el primero en la historia donde confluyen partidos y movimientos de izquierda, y sectores sociales excluidos, como por los cambios que se esperan en cuatro años en un territorio que clama trasformaciones estructurales desde hace décadas.
De los primeros 100 días de gobierno, se pueden destacar diferentes aspectos que no son concluyentes, pero son la hoja de ruta de un proyecto que tiene metas concretas para el mediano y largo plazo.
El fin de la guerra perpetua
Luego de la firma del Acuerdo de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en 2016, el uribismo (extrema derecha) se encargó de interponerse en los esfuerzos de la sociedad colombiana por avanzar en la solución política al conflicto armado, victorias guerreristas reflejadas en sucesos como el plebiscito por la paz en 2016, donde ganó el NO, y la posterior llegada de Iván Duque como jefe de Estado, en 2018. Igualmente, entre 2016 y 2022, según Indepaz, fueron asesinados 1.743 líderes sociales, de los cuales la mitad eran firmantes de paz, dejando como precedente una nueva traición del Estado colombiano a un proceso de paz.
En la actualidad, aunque los combates entre grupos armados y la fuerza pública disminuyeron, la violencia y la violación de los derechos humanos no han cesado: desde la posesión de Petro, se registra la presencia de grupos armados en 420 municipios del país, el desplazamiento forzado sigue en aumento y se han cometido 32 masacres en este tiempo.
De acuerdo con lo anterior, la bandera de la “Paz Total” es una prioridad de la administración de Petro, como parte del reconocimiento de una fracasada guerra contra el terrorismo implementada por los gobiernos militaristas anteriores, estableciendo el imperativo del diálogo como un objetivo nacional.
Con este fin, reconoce la naturaleza política del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la legitimidad de su equipo negociador, lo que da un ambiente de respeto bilateral para retomar las negociaciones iniciadas en Quito, en febrero de 2017, durante el gobierno de Santos, y suspendidas por Duque un año más tarde.
Cabe señalar que esta guerrilla, en los últimos días, entregó a la Cruz Roja varios soldados que se encontraban retenidos y ha manifestado la voluntad de continuar con el diálogo, sumado al cese unilateral al fuego decretado durante el pasado periodo electoral.
La instalación de la mesa se dio este 21 de noviembre en Caracas, capital de Venezuela, contando por parte del gobierno con Otty Patiño (escritor; ex M-19), Alberto Castilla (líder campesino; senador 2014-2022), Iván Cepeda (defensor de derechos humanos, congresista desde 2010), José Félix Lafaurie (representante de ganaderos, enemigo histórico de la guerrilla), María José Pizarro (senadora del Pacto Histórico) y Horacio Guerrero (antropólogo).
Por su parte, el ELN, con Pablo Beltrán a la cabeza, presentó una lista de 16 personas, en su mayoría, militantes curtidos en la guerrilla y con experiencia en conversaciones con gobiernos anteriores.
Por otro lado, la propuesta de “Paz Total” también llamó la atención de otros 10 grupos armados, incluyendo a las denominadas disidencias de las FARC y grupos paramilitares y narcotraficantes, como el Clan del Golfo. Estos manifestaron al Ejecutivo la intención de participar de la iniciativa, para lo cual el gobierno trabaja en una ruta de sometimiento a la justicia.
Venezuela y el mundo
Con la estabilización de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela tras la llegada del nuevo gobierno, se cierra un ciclo de ataques entre ambas naciones. La apertura total de las fronteras y el reto de enfrentar a las bandas que se disputan las rutas del narcotráfico y la trata de personas genera nuevos derroteros para los dos gobiernos, que han cambiado las tensiones políticas por el trabajo mancomunado alrededor de la crisis humanitaria y la violencia, principales problemáticas compartidas.
Ahora bien, con los recientes acontecimientos internacionales, Colombia comienza una etapa en el panorama global contraria a la política exterior de los cuatro años del gobierno Duque, la cual estuvo centrada en la desestabilización del gobierno de Venezuela, en línea con lo peor de la región: Mauricio Macri, Guillermo Lasso, Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro y Juan Guaidó. La intervención de Petro en la sede de la ONU en Nueva York, la votación contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, la amplia participación de Colombia en la COP 27 (en Sharm el-Sheij, en Egipto) -donde Petro sobresalió en su llamamiento para actuar frente la justicia climática y ambiental- son algunos de los principales hechos internacionales de este periodo.
Con el gobierno del Pacto Histórico en territorio colombiano y el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al gobierno de Brasil, se vislumbran nuevos aires alrededor de la protección de la Amazonía. No obstante, es claro que no coinciden en los argumentos sobre la explotación de hidrocarburos y la ruta para lograr una transición energética que permita enfrentar la actual crisis climática y ambiental.
El Congreso y las reformas en marcha
No se debe olvidar que la reforma tributaria de 2021, presentada por el ministro Alberto Carrasquilla y defendida por Duque a sangre y fuego -la cual gravaba alimentos de la canasta básica y ponía a pagar más impuestos a la clase trabajadora y así beneficiar a los más ricos-, fue el detonante que desató el estallido social que tuvo a miles de colombianos y colombianas a las calles durante meses, enfrentados a la policía día y noche en múltiples ciudades.
La reforma tributaria del actual gobierno, aprobada en el Congreso, pretende recaudar 20 billones de pesos colombianos (el doble de lo que se recaudó en 2021) para el próximo año, con el principal objetivo de escudar los golpes que se esperan por la recesión mundial. El consumo de gasolina y carbón es la principal vía de recaudación, así como los impuestos para los altos salarios y las grandes fortunas.
La reforma en seguridad y defensa arrojó cambios dentro de la policía y las fuerzas armadas. En el último caso, Petro removió un total de 52 generales para confirmar una nueva cúpula. Aunque la reforma radica, sobre todo, en la profesionalización de la fuerza pública y la consolidación de una base operacional moderna, basada en la “seguridad humana”. Si bien se pretende un control de los abusos en medio de la protesta social y la prevención de la violación a los derechos humanos, aún está lejos de desmontarse la fuerza antidisturbios ESMAD, que asesinó y mutiló a cientos de jóvenes durante los últimos 20 años. En todo caso, parece que es un hecho el fin del servicio militar obligatorio, el cual sería reemplazado por un servicio militar voluntario con mejores salarios, acompañado por una reforma en el sistema de ascensos de oficiales y sub-oficiales.
Frente a la transición energética, Petro se comprometió con los diferentes gremios petroleros a construir conjuntamente el proceso de transición, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, puesto que las estrategias aún no están cerradas y son tema de gran controversia e incertidumbre.
Aciertos
Son diferentes los aspectos a resaltar como aciertos de este primer momento: primero, la agilidad del Poder Legislativo para aprobar las diferentes reformas da cuenta de las nuevas condiciones que se presentan desde el Congreso, pues para el proyecto de “Paz Total”, reforma tributaria y demás iniciativas de cambio del Pacto Histórico, no sería posible llevarlas a cabo sin las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.
De esta manera, se dio una ampliación del presupuesto en dos billones de pesos colombianos para la cartera de Agricultura y en ocho billones para el presupuesto para Salud, se eliminó la obligatoriedad del servicio militar, se prohibió el fracking y el uso del glifosato, se establecieron los impuestos para bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, se intervino en la corrupción alrededor de los bienes incautados a la mafia, se están entregando tierras a familias campesinas víctimas del paramilitarismo, se radicó el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad -en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez-, comenzaron los diálogos regionales vinculantes, la política pública para la protección del Amazonas también es un hecho, entre otros aspectos que, si bien son parte de las luchas históricas del pueblo colombiano, el gobierno ha efectuado su materialización a través de las herramientas del Estado.
Igualmente, desde el comienzo del mandato, el Ejecutivo se comprometió con la libertad de los y las jóvenes detenidas en medio de protestas sociales, o de quienes son investigados y perseguidos judicialmente por haber participado en el Paro Nacional. Aunque algunos han logrado recobrar la libertad, aún son muchos y muchas las que permanecen tras las rejas por razones políticas.
Desaciertos y desafíos
Si bien este gobierno está cumpliendo los principales puntos divulgados en su campaña y su comienzo está mejor situado en comparación con el desastre de la administración anterior, es muy fácil que un país conservador y volátil como Colombia pueda girar nuevamente hacia la derecha, ya sea como causa de las abundantes estrategias mediáticas orquestada por el Centro Democrático (CD) y demás anti-izquierda (como el pánico económico infundado) como por los desaciertos que se van acumulando.
En un principio, en el gobierno, se presentaron dificultades de cohesión entre los pronunciamientos del presidente y algunos de sus ministros, lo que aprovechan la oposición y los medios de comunicación, confundiendo a la audiencia. A su vez, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tiene que enfrentar una moción de censura en el Congreso en los próximos días, lo que pone al gobierno en una situación complicada si no logra superponer los argumentos de la oposición.
Son desaciertos también que, de la reforma tributaria, se eliminara el impuesto a las pensiones de más de 13 millones de pesos colombianos; a su vez, fue evidente la responsabilidad del Pacto Histórico en la votación fallida para prohibir las corridas de toros y los que no votaron el artículo que ponía, por primera vez, impuestos a las iglesias.
La designación de Mauricio Lizcano como director del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) y los nombramientos en altos cargos de amigos cercanos de la primera dama, Verónica Alcocer, generan fuertes cuestionamientos, pues, entre la inclusión y la amplitud del gobierno, se van sumando personajes que poco o nada tienen que ver con un proyecto de cambio.
Son múltiples los desafíos que se presentan para el primer gobierno progresista: enfrentar la situación económica, que incluye la devaluación del peso y el alza del dólar; resistir los ataques y manipulaciones de la prensa alineada con la clase política, para lo cual congresistas del Pacto Histórico vienen trabajando en una propuesta de ley de medios; la pacificación del país, que ahora dependerá de la “Paz Total”, son, entre otros aspectos, para los que cuatro años no bastarán si se quiere consolidar un proyecto de cambio que realmente trunque el retorno de la oligarquía que siempre ha gobernado.
*Por Sergio Segura para La tinta / Foto de portada: El País.
