La contaminación del agua, sin freno: presentaron un amparo ambiental para exigir políticas concretas
«La principal causa de contaminación es la falta o deficiencia de políticas públicas acordes», aseguran desde Fundeps, organización que presentó un amparo ambiental ante la Justicia de Córdoba, dada la falta de iniciativas de las autoridades para abordar la grave situación de contaminación del Lago San Roque.
Por Redacción La tinta
El problema de la contaminación del agua proveniente del dique San Roque, una de las principales cuencas que abastece a la ciudad de Córdoba, no es una novedad. Vecinxs, científicxs, organizaciones y hasta el Instituto Nacional del Agua alertan sobre los niveles críticos de contaminación acuífera, pero no hay medidas contundentes por parte del Estado provincial ni de los municipios afectados.
Los reclamos datan de los años 80 y, desde entonces, se han presentado notas, demandas, amparos y estudios ambientales, pero aún no hay políticas públicas tendientes a aplacar la situación a mediano plazo ni a solucionarla a largo plazo. Ni siquiera hay mecanismos para informar a la población de los riesgos a los que está expuesta al abrir la canilla o tomar contacto con el agua en el lago. Las consecuencias sobre el ambiente, la comunidad y la biodiversidad son graves y merecen una respuesta urgente.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) se unió a este reclamo a través de la presentación de un amparo ambiental que demanda al Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia, la Secretaría de Ambiente de la Provincia y todos los municipios y comunas que conforman la cuenca.
El amparo ambiental presentado frente a la crítica situación del lago San Roque, del cual bebemos más de un millón y medio de personas, es una acción legal por medio de la cual se solicita a los Tribunales intervenir proactivamente en la protección del derecho a la salud, calidad de vida y preservación del ambiente sano. El mismo está respaldado por un diagnóstico sobre la crítica situación de contaminación ambiental que padecen las principales cuencas de agua de la provincia, entre ellas, el Lago San Roque, el Dique los Molinos y el Río Suquía.
Conversamos con la coordinadora del área de Ambiente de Fundeps, María Laura Carrizo, quien aseguró que el diagnóstico realizado “confirmó la gravedad de degradación que tienen los principales cursos de agua”. Además, advirtió que es una situación que viene desde hace mucho tiempo: “Vimos que las primeras denuncias que se realizaban sobre contaminación se efectuaron más o menos en el año 1980, en un informe que da cuenta de la contaminación del agua por las mismas causales que hoy”.
“Creemos que tiene que haber una comunidad informada y organizada. En este proceso del amparo, nos hemos reunido mucho con la comunidad de Punilla, entendiendo que son les principales afectades y, para nosotres, es súper importante que sus voces puedan estar en nuestra escritura. También nos reunimos con organizaciones del valle y científicos que vienen investigando el lago, como Medardo Ávila y Diego Iosa. Fue un proceso muy largo de intercambio que enriqueció mucho nuestra perspectiva. Vimos que había intentos de denuncias penales que nunca, nunca se investigaron e, incluso, el Estado tiene información sobre la contaminación del agua, por ejemplo, del Instituto Nacional del Agua, que monitorea el estado del lago todos los meses y tiene información súper importante que da cuenta de la gravedad de la contaminación del agua. Lo sorprendente es que el Estado no toma medidas a partir de esa información, no hay una correspondencia por parte del Estado provincial ni municipal respecto de políticas públicas de saneamiento del lago”, explica la abogada.
—¿Cuáles son los objetivos del amparo?
—Lo que pedimos, en primer lugar, es que se tomen acciones tendientes a cesar la contaminación: la principal causa es que se arrojan cloacas en crudo al lago, por lo que pedimos que se lleven adelante las obras de cloaca y de plantas de tratamiento en las localidades. Esta es una medida a largo plazo, pero creemos que también se tienen que tomar medidas de manera inmediata, como, por ejemplo, no otorgar más autorizaciones que profundicen la situación, que ya es grave.
Por otro lado, pedimos que se inicie un proceso de saneamiento del lago, que tiene que ser a partir de los estudios científicos que ya están disponibles porque, como decíamos, hay mucha información al respecto: se conoce cuáles son las localidades que hacen volcamiento de cloacas y residuos peligrosos al lago.
También creemos que tiene que haber todo un sistema de comunicación alrededor de la cuenca para que las personas estén informadas. El organismo que lleva adelante la potabilización, que es Aguas Cordobesas, también debería informar cómo aborda esa situación de emergencia.
Por último, pedimos la creación de un Comité de cuencas, que sería la mejor herramienta para la gobernanza de cuencas tan amplias y donde intervienen tantos actores. El principal problema está en la toma de decisiones, entonces pedimos crear un comité que tenga participación ciudadana real, autonomía, presupuesto y que lleve adelante el diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo. También que regule, fiscalice, controle y aplique sanciones, además de que esté integrado por todos los actores que conforman la cuenca como son las municipalidades, las comunas, la gobernación de la provincia y demás.
“Creemos que, como sociedad civil, tenemos todo el derecho de exigir a la Justicia que haga algo, que se haga responsable por la situación, que las autoridades gubernamentales han venido haciendo caso omiso al reclamo de la comunidad. Creemos que ya es hora de que la Justicia tome cartas en el asunto desde una perspectiva social y desde el derecho ambiental”.
A través de la investigación y la incidencia, el área de Ambiente de Fundeps lleva adelante acciones en torno a diversas agendas, como, por ejemplo, el uso de agrotóxicos -sobre lo cual realizaron un mapeo de conflictos socioambientales vinculado a la aplicación de agrotóxicos en distintas zonas de Córdoba- y su alternativa, la agroecología. También abordan el cambio climático, sobre lo cual, adelanta Laura, se publicará en estos días un informe situado en Córdoba. Otra de las problemáticas que trabajan es megaminería: se han presentado como amicus curiae -es decir, se presentan como ONG especialista para ofrecer al juez ayuda y argumentos para resolver causas- junto a las vecinas de barrio San Antonio en contra de PORTA y en una causa a favor de la constitucionalidad de la ordenanza que prohíbe la megaminería en Andalgalá. Sin embargo, Laura comenta que “en Córdoba, las experiencias han sido pésimas porque nos han rechazado. La Justicia cordobesa aún es muy cerrada en ese sentido, pero, bueno, el amicus curiae que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la causa de Andalgalá sí fue receptado”.
¿Cuánto tiempo más puede el Gobierno de Córdoba ignorar que el agua que bebemos más de un millón y medio de personas está contaminada? ¿Qué porcentaje del presupuesto provincial se destina a preservar nuestra vida? La salud pública y la preservación del medioambiente no parecen estar en la agenda de gobierno, pero las voces de las comunidades son cada vez más contundentes: el agua no se negocia.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Carlos Paz Vivo.
