Ley de Salud Sexual: 20 años de un logro feminista
En 2002, se aprobó la Ley 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, generando cambios contundentes en el acceso a la salud, un logro de la lucha organizada desde distintos sectores. Con dos décadas de vigencia, aún queda camino por andar.
Por Redacción La tinta
Para quienes tienen algunos años, la aprobación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002 supuso un antes y un después en sus vidas. La normativa significó, de algún modo, un remedio a años de violación sistemática a los derechos humanos básicos, sexuales y (no) reproductivos. Esta transformación, que cumple 20 años, fue el resultado de décadas de articulaciones, resistencias y luchas de sectores organizados que levantaron insistentemente estos reclamos.
El 28 de febrero de 1974, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, lanzó el Decreto n.º 659 que prohibió la anticoncepción en el territorio argentino. La justificación fue demográfica, argumentando que el país contaba con una baja densidad poblacional. En Córdoba, el 17 de noviembre de 1978, ya en contexto de dictadura, el ministro de Salud, Carlos Rezzónico, y las autoridades provinciales impuestas por el gobierno de facto promulgaron la Ley n.° 6.222, prohibiendo todo tipo de anticoncepción en la provincia.
“Atendíamos a alguien y, luego, nos íbamos al estacionamiento del centro de salud. Del baúl del auto, sacábamos las pastillas anticonceptivas y, sin que nadie nos vea, volvíamos a nuestras tareas”, cuenta Susana, médica que ejerce su profesión hace más de 30 años y vivió el periodo de ilegalidad y la transición que supuso la aprobación del Programa.
Tuvieron que pasar 12 años para que esta situación comience a cambiar. Tras distintas regulaciones provinciales, en 1986, se estableció el Decreto n.° 2.274 que derogó el del 74 y obligó al Ministerio de Salud y Acción Social a promover acciones para mejorar la salud de “la madre y el niño, y fortalecer y desarrollar la familia, en su carácter de célula básica de la sociedad”. Se comprometieron entonces a realizar tareas de difusión y asesoramiento para garantizar el derecho a decidir sobre la reproducción. Sin embargo, la distribución y gratuidad de los medidores anticonceptivos casi no estaban garantizadas.
“Cuando era joven, quería un método anticonceptivo y la única forma de conseguirlo era en la parte privada, vos pagabas y te daban”, recuerda Ana, de barrio 12 de Julio de la ciudad de Córdoba.
Cristina es médica ginecóloga y trabajó 34 años en un hospital de la provincia. En diálogo con La tinta, cuenta que, cuando recién llegó a la institución, no había ningún programa de anticoncepción: “El hospital tenía una cooperadora que compraba un anticonceptivo a un laboratorio que nos traía 40 cajas por mes. Además, compraban diez DIU importados que tenían que durar un año. Eran carísimos, entonces teníamos que elegir a qué pacientes se los poníamos. No había ninguna ayuda del gobierno en anticoncepción -continúa-. En el hospital donde trabajaba, estaban de acuerdo con la anticoncepción, porque no todos estaban de acuerdo y no todos querían comprar anticonceptivos para poder entregarle a las pacientes. En el resto, se los tenían que comprar ellas mismas”.
Ante esto, los sectores de la salud y feministas se organizaron denunciando la situación. El personal de distintos hospitales, interesado por la problemática, creó la Comisión Interhospitalaria de Orientación Sexual y Planificación Familiar, que luego se llamó Intersectorial al incorporar a otras instituciones. Elaboraron un exhaustivo diagnóstico de la situación y se abocaron a presionar a los organismos competentes exigiendo una solución sanitaria en la materia. En paralelo, el Movimiento de Mujeres y Feminista se venía organizando y exigiendo el derecho a decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción. En los Encuentros Nacionales, actualmente Plurinacionales, realizados desde 1985, la temática ocupó siempre un lugar central.
«Eran épocas donde una tenía que estar muy convencida, no existía la ligadura de trompas. Era un delito penal, igual que el aborto. Entonces, cuando teníamos una paciente con 4 o 5 cesáreas que te pedía la ligadura, les decíamos: ‘Bueno, señora, vaya tranquila’. No les podíamos decir que le íbamos a ligar las trompas, no lo podíamos anotar en ninguna historia clínica porque no estaba permitido legalmente. No importaba la edad ni cuántos hijos hubiera tenido”, relata Cristina.
En Córdoba, en el año 1995, y después de ejercer presión sobre los legisladores de la provincia desde distintos ámbitos, se obtuvo la derogación de los incisos b y c de la Ley Provincial, conocida como “Ley Rezzónico” (n.° 6.222).
“En mi experiencia, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva dio un giro a favor de las mujeres y de las familias en general, en cuanto a una notable responsabilidad y conciencia entre las personas que trabajan en las distintas áreas de salud”, expresó Mary, de barrio 12 de Julio.
Más allá de que el marco legal fue modificándose a lo largo de los años, acceder a un método anticonceptivo o a la prevención, detección y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) no era fácil. El 31 de octubre de 2002, se sancionó la Ley 25.673 que reconoció la salud sexual y (no) reproductiva como un derecho, convirtiendo en responsabilidad del Estado el diseño e implementación de políticas públicas para garantizarlo. Ese mismo año, se realizó la primera compra nacional de anticonceptivos para distribuir en la población. La creación del programa posibilitó mayor disponibilidad para decidir cómo se quiere vivir la sexualidad, con políticas orientadas a que la población pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia a partir del acceso a la información, orientación, métodos y de la promoción de la salud sexual en adolescentes. Además, apunta a la disminución de la morbimortalidad materno-infantil y la prevención de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y patologías genital-mamarias. El Programa establece que las prestaciones deben ser incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total y gratuita de todos los subsectores del sistema de salud.
“La información mejoró mucho, antes era todo clandestino, de eso no se hablaba. Las adolescentes no teníamos información más allá de una película que nos pasaban una vez al año, que se llamaba ‘Laura quiere saber’, que era la misma película de educación sexual todos los años en la secundaria”, narra Ana.
La situación actual del Programa es variada y desigual. En muchos espacios de salud, se brinda información y acompañamiento, con una respuesta acorde a la demanda, y en otras ocasiones, es insuficiente o no se encuentra personal idóneo. En el año 2010, se lanzó la línea 0800 Salud Sexual (0800 222 3444) destinada a la población y a los equipos sanitarios, que brinda atención personalizada y oportuna para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo el país. Se puede acceder a información sobre derechos sexuales, reproductivos y el marco legal vigente, anticoncepción, interrupción del embarazo, prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, sobre las obligaciones del sistema público de salud, las obras sociales y las prepaga, los derechos de las personas LGTTTIBQNB+ y de quienes tienen discapacidad sobre violencia sexual, obstétrica, atención posaborto, VPH, disfunciones sexuales y fertilización médicamente asistida.
“Al principio, había DIU, diafragmas, había de todo. Después, fue mermando el stock y no se fue abasteciendo los dispensarios. Ya prácticamente no hay inyecciones, hay una sola clase de pastillas te quede bien o no, las acepte tu cuerpo o no. Varió bastante, más de lo mismo, el Estado ausente, lanzó el programa y no lo pudo sostener con el tiempo”, señala Ana.
Pese a lo avanzado de la normativa y a los cambios significativos que supuso, la falta de insumos y de personal en las instituciones es moneda corriente. El programa no llega a cubrir cabalmente las necesidades de la población y, desde distintos sectores, denuncian un vaciamiento de los espacios de salud, sobre todo, en los barrios populares. Es un problema tanto para les trabajadores de la salud como para la población: extensas listas de espera para la ligadura tubaria, escasos lugares donde realizar vasectomía, servicios que cierran porque no renuevan el personal, poca cantidad de preservativos por mes y un largo etcétera.
“El cambio fue el día y la noche en relación a lo que yo viví sin el programa», expresa Cristina que, pese a los faltantes y la imposibilidad de asistir en tiempo y forma toda la demanda, considera que fue un gran avance: «Viví en un país donde las pacientes se morían por abortos sépticos y hoy no. Por eso, tratábamos de repartir anticonceptivos en todas las esquinas y hoy me parece que está llegando. Estoy muy contenta de que exista el Programa y que se pueda implementar”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
