Oficialismo y oposición contra el derecho a la protesta
La semana pasada, se presentaron dos proyectos en la Legislatura de Córdoba que buscan limitar y castigar las manifestaciones en nuestra ciudad. “En lugar de proteger a quienes ganan las calles cuando la crisis les arrebata sus derechos sociales, estas bancadas confían en el uso de la fuerza pública para impedir los reclamos”, dice el abogado e investigador, Horacio Etchichury, en esta nota, donde desmenuzamos los proyectos de Juan Manuel Cid y de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta.
Por Redacción La tinta
Hace poco más de una semana, tanto el oficialismo como la oposición presentaron proyectos en la Unicameral que, básicamente, buscan criminalizar la protesta y limitar las movilizaciones en Córdoba. Desde ambos sectores, argumentaron que los proyectos “solo” buscan asegurar la convivencia y los derechos de libre circulación de toda la ciudadanía, y que no pretenden prohibir el derecho a la protesta en sí, pero la interpretación de lo presentado no dice lo mismo. Y como dice más adelante en esta nota el abogado y docente, Horacio Etchichury, desde un punto de vista técnico, imponen límites excesivos a derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a peticionar.
El 13 de octubre pasado, se inició el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura del Proyecto de Ley Nº 35604/L/22, iniciado por el legislador Juan Manuel Cid de Hacemos por Córdoba, y del Proyecto de Ley Nº 36082/L/22, iniciado por Dante Rossi y Verónica Garade Panetta de Juntos por el Cambio. Con la presencia -en calidad de “invitados”- de José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba; Héctor Fiorani, prosecretario institucional de la Cámara de Comercio de Córdoba; Agustina Freytes, revisora de cuentas titular de la Cámara de Comercio de Córdoba; Nadia Villegas, directora general de la Cámara de Comercio de Córdoba; David Boffa, presidente del Centro Vecinal de Barrio Centro; y Marina Santini, secretaria del Centro Vecinal de Barrio Centro.
Para no ver la crisis: nuevas iniciativas contra el derecho a protestar
Horacio Javier Etchichury es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, además de profesor de la UNC e investigador del CONICET. Desde La tinta, hablamos con él, quien nos aclara el panorama: “La UCR y Hacemos por Córdoba han presentado proyectos de ley para limitar el derecho a la protesta, a reclamar y a movilizarse. No es casual: la crisis impulsa los reclamos, que molestan a quienes transitan o trabajan en el centro. Y para no ver la crisis, se proyectan nuevas iniciativas contra el derecho a protestar. Oficialismo y oposición apuestan a mejorar su imagen; ya que no van a resolver la crisis, al menos, tratan de ocultar sus consecuencias. Uno y otro partido confían en que parte del electorado les agradecerá con su voto para gobernador”.
El especialista explica que ambos proyectos afirman buscar un equilibrio entre el derecho a la protesta y el derecho a circular o a trabajar o a comerciar. “Pero el objetivo –en mi opinión– no se cumple. No garantizan de modo parejo todos esos derechos, sino que dejan fuera de juego a uno de ellos: la protesta”.
El proyecto de Cid modificaría la denominación del Capítulo I del Título III del libro II de la Ley N° 10.326 -Código de Convivencia Ciudadana- e incorpora los artículos 68 ter y quáter, referidos al cuidado de la higiene y las deposiciones en espacios públicos y privados respectivamente; el artículo 80 bis sobre desórdenes públicos y modificando los artículos 105 -conducción peligrosa- y 125 -promoción de la acción-. Entre algunos de los cambios que pretende incluir, fija penas (incluso de arresto) para quienes, sin autorización, “alteren o interrumpan total o parcialmente” el normal tránsito de personas y vehículos. Además, propone que las multas sean distribuidas entre comerciantes e instituciones afectadas por las protestas, según reza el Art. 5.
“El texto castiga cualquier protesta que ‘altere’ –aún mínimamente– la circulación ‘normal’ en una calle o en una plaza. Y será la policía quien defina en el momento si la protesta constituye o no una contravención. No hay ‘equilibrio’ entre derechos: solo la amenaza flotante de suprimir a uno de ellos, bajo cualquier modalidad”, explica Etchichury.
“La pena se duplica para el personal del transporte y los empleados públicos que participen. ¿Por qué esta sanción adicional e injustificada? Quizá el oficialismo busca impedir reclamos de su propio personal. Sería una clara ventaja a la hora de negar aumentos o imponer peores condiciones”, añade el abogado.
A esto, se agregan otros artículos del proyecto que habilitan el uso de la fuerza pública de manera incomprensible, dice Etchichury: “En el Art. 3, prevé una pena de hasta 10 días de arresto (o 15 de trabajos comunitarios o 90 mil pesos de multa) para quien ‘escupiere en espacios públicos o privados’. ¿Realmente queremos poner a la Policía a controlar estas conductas? Otra cláusula castiga con penas de arresto, trabajo comunitario o multa a aquella persona que ‘removiere […] escombros, residuos o basura’, al ‘hurgar los contenedores de basura o elementos similares’. En lugar de aliviar el hambre o la pobreza, se castiga la desesperación de quienes la padecen”.
Por otra parte, el Proyecto de Ley Nº 36082/L/22, iniciado por Rossi y Garade Panetta de Juntos por el Cambio, busca -entre otras cuestiones- prohibir las manifestaciones públicas en la ciudad de Córdoba en el radio comprendido entre Marcelo T. de Alvear – Figueroa Alcorta, Humberto I° – Sarmiento, Av. Maipú – Bv. Chacabuco- y Bv. Illia – Bv. San Juan; en todos los casos, en ambas manos, “regulando el desarrollo de las manifestaciones públicas, garantizando el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público y la libre circulación e integridad física de las personas”.
Desde un punto de vista técnico, explica el investigador, el proyecto impone límites excesivos a derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a peticionar e incumple el principio de razonabilidad, consagrado en el art. 28 de la Constitución; y el mismo problema aparece, según su criterio, en el proyecto opositor, firmado por les legisladores Dante Rossi y María Verónica Garade Panetta.
“Pese a declarar como objetivo garantizar la protesta y otros derechos (Art. 1), esta prohibición general contradice limpiamente la promesa. Incluye una excepción, difícil de entender: sí podrán llevarse a cabo en el cuadrilátero céntrico la marcha del 24 de marzo y las que reivindiquen ‘derechos vinculados a la igualdad’. ¿Y las protestas contra el gatillo fácil, el hambre o los despidos? ¿Y las marchas exigiendo cuidar el ambiente o no pagar la deuda externa? ¿Valen menos? ¿Por qué?”, detalla el entrevistado.
Etchichury agrega algo más: según les legisladores de JxC, deberemos notificar 48 horas antes al Ministerio de Gobierno y Seguridad, informando “el objeto” de la protesta: «¿Qué sentido tiene este requisito? ¿Acaso las autoridades van a evaluar por qué protestamos? ¿Qué pasa si no les gusta nuestro ‘objeto’? ¿Y por qué deberíamos informarlo al Estado? Lamentablemente, el proyecto opositor nos impone límites geográficos, burocráticos e ideológicos: demasiada restricción para nuestros derechos constitucionales”.
“Además de los problemas técnicos, ambos proyectos también comparten una preocupación: qué hacer frente al muy probable aumento de la protesta social y política. En lugar de proteger a quienes ganan las calles cuando la crisis les arrebata sus derechos sociales, estas bancadas confían en el uso de la fuerza pública para impedir los reclamos. Sin duda, brindar educación, vivienda, alimentación, salud y trabajo contribuirá mucho más a la paz social. Pero es más probable que nuestra Legislatura elija creer que, si la protesta no se ve, la crisis no existe. De esta ilusión ya nos hemos despertado más de una vez”, concluyó el abogado.
Qué dijeron los movimientos sociales
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) de nuestra provincia publicó el sábado su posicionamiento ante las propuestas criminalizantes de la protesta, manifestando su repudio. “Entendemos que, en la actual situación de crisis económica y social, los esfuerzos estatales deben orientarse a asegurar la escucha y la resolución de los problemas que fundamentan los reclamos de la sociedad cordobesa. En un contexto en el cual las necesidades y los ingresos de la población en general, de los y las trabajadoras en particular, están sufriendo un sostenido deterioro, con su consecuente aumento de conflictividad, resulta inaceptable que la respuesta sea una política de persecución y criminalización de quienes ejercen el derecho constitucional de peticionar a las autoridades”, dijeron.
La UTEP agregó: “Resulta ingenuo o mal intencionado pensar que, en caso de aprobarse tales propuestas, se armonizará la convivencia en la provincia. Lejos de ello, la experiencia histórica demuestra que el conflicto toma otros canales con mayor perjuicio para el conjunto de la ciudadanía. La resolución al conflicto se alcanzará mediante una agenda seria e institucionalizada que garantice el acceso a la Tierra, al Techo y al Trabajo para toda la población”, convocando a las organizaciones de trabajadores, sindicales, sociales, ambientales, feministas a mantenerse en estado de alerta ante estas iniciativas que catalogaron de “absurdas y violentas”.
Por su parte, la CTA de las y los Trabajadores, mediante un comunicado, manifestaron su repudio al intento de los “partidos mayoritarios de nuestra provincia” de perseguir y castigar a quienes hagan uso del derecho de protestar, peticionar y manifestarse en la vía pública, consagrado en nuestra constitución nacional. “Con la excusa de garantizar el derecho a la libre circulación, buscan dejar sin voz a las y los trabajadores que pelean por su salario, a las y los estudiantes y docentes que luchan por una educación de calidad, a las víctimas de gatillo fácil y la violencia institucional, a quienes reclaman por condiciones de vida y trabajo digno, entre muchos otros y otras. No permitamos que nos quiten el derecho a la protesta”, finalizaron desde la Central.
Habrá que ver en las próximas semanas cómo sigue el tratamiento en la Legislatura y el eco social que la sociedad cordobesa se haga de este retroceso normativo.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
