El caso de Lucas Funes

El caso de Lucas Funes fue relevante para la ciudad de Río Tercero en materia de violencia institucional, ya que desencadenó manifestaciones de otras familias que denunciaron casos de gatillo fácil, abuso, hostigamiento y persecución policial contra jóvenes con antecedentes penales, a la vez que llevó a la formación de la Comisión Federal contra la Violencia Institucional.

El 14 de diciembre del 2012 a las 9 de la mañana, en barrio Monte Grande de la ciudad de Río Tercero, la policía comenzó a perseguir a Lucas Funes, de 24 años. Lucas ya venía de sufrir amedrentamientos policiales. Ese día, empezaron a dispararle con balas de goma, comenzó a correr y recibió diversos impactos por la espalda. Disminuyó su carrera y continuaron disparándole con balas de plomo. Una vez caído en el piso, lo ejecutaron. Según testimonios de vecinos y vecinas que estaban en el lugar, el joven estaba desarmado, pero los oficiales le plantaron un arma y adujeron que lo habían encontrado robando.

Mónica Sosa, la mamá de Lucas, dijo en conferencia de prensa: “Mi hijo salió a las 9 de la mañana de mi casa y me enteré que a las 10 me lo mataron en una persecución que hubo a cinco cuadras”. El hermano de Lucas, Sergio Funes, explicó que el cuerpo de Lucas tenía más de veinticuatro impactos de balas de goma y que los policías “tomaron la decisión de ejecutarlo con un disparo en la cabeza”. La familia afirmó que hacía tiempo que estaba sometida a acoso y seguimiento policial, y que, ya en 2010, un grupo de policías había tirado una bomba molotov en la casa que habitaban.

La causa de este caso de gatillo fácil, inicialmente, estuvo en las manos del fiscal Alejandro Carballo. Luego, se presentaron recursos de acusación, por lo que, en el año 2014, el expediente pasó a la fiscal Andrea Heredia Hidalgo quien, junto al juzgado de Control, decidió el sobreseimiento de Carnero. El abogado de la familia Funes, Alberto Veytes Monrry, recurrió a la Cámara del Crimen de Villa María presentando las pruebas que comprometían al uniformado.

Desde la Cámara del Crimen de Villa María, el Fiscal Francisco Márquez ordenó a la justicia de Río Tercero revisar mejor la causa en virtud de la abrumadora cantidad de pruebas contra los policías asesinos de Lucas.

En el año 2019, la causa se remitió a la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero a los fines de que se prosiguiera con la investigación. El órgano judicial desde entonces incorporó nuevos elementos probatorios, entre ellos, una reconstrucción virtual realizada por la sección Desarrollo Interdisciplinario de Policía Judicial, lo que permitió tener nuevos elementos para elevar la causa a juicio.

El 8 de abril de 2022, se dio a conocer que la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación y Primer Turno de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, dictó la citación a juicio de esta causa en la que se encuentra imputado el policía Luciano Carnero a fin de que se lo juzgara por el supuesto delito de homicidio simple con exceso en el legítimo ejercicio de un cargo contra Lucas Ángel Funes.

Sin embargo, a los pocos días, el abogado de Carnero apeló, por lo que la causa pasó al Juzgado de Control de Río Tercero, donde Sonia Pipi, jueza de Control, tomó la decisión de enviarla nuevamente a la Cámara de Crimen de Villa María. Brouwer de Koning, representante de Luciano Carnero, pide en su apelación que se busque el proyectil involucrado en el hecho ocurrido hace diez años.

Cuentan vecinos de Río Tercero que la policía se sigue manejando con total impunidad, a tal punto que, al día de hoy, para amedrentar a los y las jóvenes, se utiliza la frase “te va a pasar lo mismo que a Lucas”.

Todo esto ha dejado al descubierto que este tipo de agresiones y hostigamientos por parte del cuerpo policial de la ciudad de Río Tercero no es algo nuevo y que han habido casos anteriores de escenas armadas de tiroteos e incendios intencionales para justificar las acciones de los policías.

El dolor, pero más incluso la lucha de la familia y los amigos de Lucas Funes y otras víctimas de violencia institucional e impunidad policial pudo verse en las marchas que se iniciaron a partir del año 2013. El pedido es que las víctimas tengan merecida justicia y que estas causas no sean archivadas y olvidadas.

Para la comunidad de Río Tercero, estos casos develan la conexión entre impunidad policial y corrupción en los organismos de la Justicia, y muestran qué tan lejos pueden llegar los uniformados cuando se les olvida su rol como funcionarios al servicio de la sociedad civil.