Buscan derogar una ley usada para criminalizar a las madres protectoras
La Ley 24.270 de impedimento de contacto está siendo una herramienta legal para encarcelar y criminalizar a las madres que denuncian abusos sexuales en la infancia. La diputada Mónica Macha junto a la Mesa Nacional contra el abuso sexual a infancias y adolescencias están trabajando para derogar dicha normativa. En diálogo con una integrante de la iniciativa, conocemos de qué se trata.
Por Redacción La tinta
¿Puede una ley usarse para castigar a las madres que denuncian abusos sexuales y maltratos a sus hijes? Así parece indicar la realidad, con algunos casos paradigmáticos, como la niña Arcoíris, Flavia Saganías, Gilda Morales, Nancy Montiel, el niño Martín y muchos otros a lo largo del país que no tomaron estado público. La lógica se repite, es la misma metodología con la que el sistema de justicia demoniza y hasta encarcela a las madres protectoras. Así de grave es la situación. Se complica el camino que, de por sí, es doloroso y empedrado. Una pregunta es insistente e ingenua: ¿y por qué pasa esto? Porque la Ley N° 24.270, que busca preservar el vínculo mapaterno-infantil cuando se impide de manera ilegítima, es utilizada por quienes están denunciados de abuso para seguir en contacto con le niñe que relató abuso. El problema que denuncian especialistas es que, frente a la impunidad de estos casos, cuando la Justicia no actúa con celeridad y sentencias comprobando los delitos -que es en la mayoría de los casos-, las madres se ven obligadas a realizar revinculaciones forzadas del niñe con quien denunciaron. Si se impide ese contacto, se judicializa. De modo que quien protege a le niñe puede ir a la cárcel (que, particularmente, son las madres). Entonces, en los hechos, la normativa en cuestión sirve para criminalizar conflictos familiares, específicamente, a las progenitoras o adultas responsables.
Conversamos con la psicóloga especialista en estimulación temprana, Natalia Amatiello, docente de la Facultad de Psicología de UNR (Universidad Nacional de Rosario), coordinadora de AEVAS (Asociación civil de altos estudios en violencias y abusos sexuales) e integrante de la Mesa Nacional contra abuso sexual a infancias y adolescencias. Lo primero que remarca es la visibilidad y fuerza que cobraron los discursos negacionistas del abuso sexual en la infancia. Y retoma lo que Carlos Rozanski, ex juez federal y con destacada especialidad en el tema, explica muy bien, al indicar que, primero, el argumento se centraba en decir que les niñes mienten, hasta que la psicología y sociología demostraron que no es así. Entonces, ahora también las madres mienten y les llenan la cabeza a sus hijes, y para eso se valen del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), contra el cual se expidieron especialistas y declaraciones de diversos ámbitos y en congresos nacionales. Ahora, se suma el backlash, la ofensiva contra les profesionales que acompañan y certifican los casos de abuso, que son peritos y trabajan en instituciones públicas o privadas. A quienes se pretende disciplinar, diciendo que mienten o ven abusos en todos lados por mala formación o porque son aliadas feministas de las madres.
Para la entrevistada, “siempre existieron grupos que tuvieron discursos negacionistas, pero la novedad es la fuerza que tienen en la sociedad. Argumentos como las falsas denuncias, el falso SAP y el impedimento de contacto son discursos que se alinean al sentido común, básicamente, porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal. Y salen al campo público con mucho valor y espacio en los medios, y no es casual. Todas las derechas han tomado fuerza en el último tiempo y a nivel global, y no creo que se pueda hacer una lectura aislada en esta problemática”.
La Mesa Nacional contra abuso sexual a infancias y adolescencias está integrada por más de 50 asociaciones, fundaciones y organizaciones, y participan de manera activa equipos ministeriales nacionales y provinciales, integrantes del Poder Judicial, defensores de NNyA de varias jurisdicciones, campañas así como profesionales de diferentes ámbitos, periodistas e investigadorxs. Surge de la preocupación por proteger los derechos de niñes y madres y adultas protectoras; y de la necesidad de reunirse personas y organizaciones que trabajan en la temática. Luego, la diputada nacional del Frente de Todxs, Mónica Macha, conformó un espacio en el ámbito del Congreso, el cual, caracterizado por la pluralidad y la descentralización, intenta poner en valor las actividades de cada una de las asociaciones de todo el país que lo conforman. Actualmente, entre otras cuestiones, están trabajando en la derogación de la ley de impedimento de contacto, así como en la construcción de un Programa Nacional de Protección a NNyA que sufrieron abusos.
“La ley de impedimento de contacto es adultocéntrica, patriarcal y misógina. Fue sancionada en 1993 y, ya en ese momento, fue criticada por juristas del derecho penal y familiar. Introdujo el ‘delito de impedimento de contacto de hijes menores con sus padres no convivientes’, lo que se vuelve una paradoja al ser una normativa que pretende restaurar el vínculo con mapadres no convivientes, para terminar avalando la encarcelación de mapadres convivientes -particularmente, las madres-. Ley que fue promovida, particularmente, por la Asociación de Padres alejados de sus hijos (APADESHI), que fue la primera de estas en el país, que defienden padres o familiares separados de sus hijes, pero no mencionan que están separados por denuncias de abuso o de maltrato a las infancias”, detalla la coordinadora de AEVAS.
“Se sigue pensando que las denuncias son falsas y hay que insistir en decir que ningún niñe puede inventar y hacer relatos de detalles de la sexualidad adulta si no lo ha vivido. Ahora, si pretendemos que hagan un relato lineal, ordenado, unicausal: es imposible. Tendrá un relato particular que debe ser escuchado por especialistas, que además evalúan sus manifestaciones, dibujos y juegos, para ponerlo en valor para la Justicia. Es adultocéntrico decir que pueden inventar este tipo de situaciones traumáticas. En realidad, no se los sabe escuchar e instalan, con la falsa teoría del SAP, la imagen de las madres vengativas, maliciosas, en situaciones de despecho por divorcios complejos. Enunciaciones que son mitos y que ni estadísticamente tienen correlato, pero que cuajan en una sociedad que niega la posibilidad de que un padre de familia pueda hacer daño y sostiene que las mujeres son locas. Lo que está en el fondo es también la imposibilidad de pensar que existan tantos abusos sexuales hacia infancias, porque no se puede aceptar que como sociedad estemos tan mal. ¿El costo? Muchas familias e infancias en total desprotección, y en situación de vulneración extrema”, indica la especialista Amatiello.
Desde la Mesa, esperan que pronto pueda tener tratamiento y efectivamente ser derogada, ya que existieron anteriores pedidos que no tuvieron éxito. La diputada Diana Conti, en 2015 y 2017; el diputado Sergio Pansa, en 2013; la diputada Marcela Rodríguez, en 2009. Y más recientemente, en 2020, vía la Defensoría General de la Nación.
Mientras tanto, buscan su defensa en el campo social la importancia de esta temática y la necesidad de repensar la justicia en general y las leyes en particular para la protección de las infancias. El 28 y 29 de octubre, se llevará adelante el Primer Congreso Internacional de Abusos Sexuales contra las Infancias, en La Plata, del cual participarán especialistas en el tema, constituyendo dicho evento un gran paso en el campo disciplinar.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: El Desconcierto.
