Una marcha por el acceso a la justicia y contra el silencio de la impunidad
La movilización encabezada por víctimas, familiares y organizaciones sociales reclamó por un Poder Judicial independiente en Carlos Paz y Punilla.
Por VillaNos Radio
En Carlos Paz y a lo largo del Valle de Punilla, hay causas judiciales por gatillo fácil, violencia estatal, asesinatos, delitos a la integridad sexual, maltrato infantil, femicidios, desaparición de personas, violencia intrafamiliar y de género, corrupción, delitos ambientales y mala praxis SIN JUSTICIA.
Un grupo integrado por víctimas, familiares, abogadas, organizaciones sociales y vecinxs autoconvocadxs comenzó a trabajar para impulsar el esclarecimiento de los diversos casos que recayeron en el Poder Judicial local. De este espacio de contención colectiva, surgió una movilización para denunciar la falta de avance de las investigaciones, dilataciones intencionales de los procesos judiciales, falta de imparcialidad, revictimización, desprotección y maltrato a lxs denunciantes y sus familias.
El manto de impunidad que cubre a causas de alta resonancia pública es síntoma de un Estado municipal y provincial ausente en materia de derechos humanos. Algunos de estos casos implican directamente a funcionarixs o trabajadorxs municipales de Carlos Paz y policías de la provincia de Córdoba que fueron denunciadxs.
Esta es una problemática social y jurídica que involucra a toda la sociedad, pero tiene responsabilidades concretas. Por eso, con esta movilización, se interpeló al Poder Judicial, al poder político y policial de la región.
La marcha partió el lunes 26 de septiembre, pasadas las 11 horas, de la intersección de Av. Uruguay y Av. San Martín en Villa Carlos Paz. La columna se desplazó por San Martín encabezada por una barredora color negro que decía “Basta de Impunidad» en letras blancas y rojas. La llevaban víctimas y familiares de víctimas que hace años esperan una repuesta por parte de la Justicia y lo que han recibido es maltrato.
La marcha tuvo diferentes paradas a lo largo de su recorrido hasta que finalizó frente al edificio de Tribunales en pleno centro de la ciudad. La primera fue frente a la Departamental Punilla Sur y la Unidad Judicial que funciona en el mismo edificio. Allí, se cuestionó a la Policía de Córdoba por sus prácticas autoritarias, de instalación del miedo y de socavación de derechos que llevan al hartazgo a quienes van a denunciar.
“Hay mujeres que son una y otra vez revictimizadas. No se manejan protocolos de búsqueda inmediata como corresponde ante la desaparición de una mujer, se hurga más en su psiquis antes que investigar. Son patrones que, de manera sistemática, se ven en una y otra causa”, aseguró Daniela Pavón, abogada de la familia de Cecilia Basaldúa (víctima de femicidio hallada el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte) y de otros casos de violencia de género y abuso sexual en Punilla.
El caminar de todxs lxs participantes frenó para reclamar justicia por Franco Amaya, Jonatan Romo, Jorge Reyna y por todos los pibes y pibas asesinadas por el Estado.
“El Ministerio Público Fiscal no puede ser un ámbito de tortura. (…) Tiene que ser un espacio de contención, de respuesta ágil y orientadora”, expresó la primera parte de un documento que se compartió en distintos puntos de intervención durante la protesta.
Mientras lxs manifestantes avanzaban por la avenida en dirección al centro, las paredes y postes eran señalizados a su paso con imágenes de cada una de las causas. De esta manera, la marcha iba dejando una huella social para activar la memoria de toda la comunidad.
“Es una interpelación a la sociedad, al poder judicial, político y policial también, porque si hay algo que necesitamos para que se cumplan nuestras garantías es una visibilización y la voluntad del sector político, que, al fin y al cabo, son nuestros representantes”, advirtió Mirko Quinteros.
El joven denunció hace un año al ex funcionario municipal, Horacio Gigena, por abuso sexual. El expediente estuvo frenado hasta hace diez días. Este se suma a una serie de casos que involucran a funcionarixs o trabajadorxs del municipio de Carlos Paz, y policías de la provincia de Córdoba, y que no presentan ningún avance hace años.
“Siento mucha impotencia e injusticia. (…) Desde un primer momento, hubo improlijidades, desmanejos atroces y una dilatación voluntaria de mi causa en particular. Esto se repite de manera sistemática en más de una causa en nuestra ciudad y a lo largo del Valle de Punilla”, subrayó.
La segunda parada fue para dejarle un mensaje al defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y a su adjunto, Jorge Álvarez. En este punto, se exigió que la Defensoría del Pueblo actúe con plena autonomía funcional con respecto al gobierno municipal y se ponga al servicio de la lucha de todas las familias.
“Que reciban a las familias que hoy estamos marchando contra la impunidad y obren en consecuencia, con empatía y escuchando nuestras demandas, y que nos acompañen en nuestros reclamos judiciales”, fue el pedido que se leyó en otro fragmento del documento.
“No necesitamos más cómplices, necesitamos justicia”, apuntó Vanesa Godoy. Ella es parte de la organización y está luchando para que se investigue por mala praxis a profesionales del hospital municipal Gumersindo Sayago, a quienes considera responsables por la muerte de su marido, Sergio Racca.
La marcha avanzó unos metros más y dirigió su discurso al Concejo de Representantes. Lxs concejalxs “deberían escuchar nuestras demandas. Las denuncias que encabezamos afectan derechos esenciales como la vida, la salud, la libertad, el derecho a un ambiente sano y el acceso a la justicia”.
Cada una de estas expresiones fueron escuchadas atentamente por una mujer vestida de blanco que circulaba entre lxs manifestantes representando a la justicia. Una justicia que dejó de ocupar tribunales y fiscalías para empezar a caminar las calles.
Luego del Concejo, llegó la hora de dirigirse a las autoridades municipales, “porque el PODER POLÍTICO es uno de los interviene en este entramado de impunidad” que cubre a causas de alta resonancia pública. En ese momento, se denunció el encubrimiento a funcionarixs y ex funcionarixs denunciadxs por delitos de abuso y acoso, estafas y corrupción. “Les exigimos que rompan el pacto de silencio”, enfatizó el documento leído con la fuerza de mil gargantas.
Otra de las paradas de la movilización fue en el punto más céntrico de la ciudad, donde se saca la típica foto de éxito de la temporada turística. En este lugar, la organización decidió hablarle a lxs vecinxs.
“Les pedimos que nos acompañen, que no sean indiferentes, que no esperen a que les pase algo terrible para darse cuenta de la impunidad que existe en esta ciudad y en toda la región. Es importante que reaccionemos ante la injusticia. Es URGENTE y es AHORA”, expresaron.
Durante esta intervención, lxs participantes formaron un círculo y se realizó un minuto de silencio para invitar a la población a reflexionar sobre la falta de justicia en la región y a acompañar a las familias en esta lucha.
“Hoy les toca a ellos, pero mañana puede estar cualquiera de nosotros. Si no salimos a exigir que se trabaje como corresponde, la Justicia nunca va a cambiar”, sentenció la abogada Pavón.
Llegó la hora de recorrer la puerta de las tres fiscalías de instrucción de Carlos Paz y la sede de Tribunales, como lo han hecho durante años las víctimas y sus familias peregrinando por estos edificios en búsqueda de respuestas y un trato humanitario en el medio del dolor.
“Cuando empezamos a conversar entre todos, nos damos cuenta de que hay cosas similares. No te atienden los teléfonos, no hay avances en las causas, no están investigando, hacen mal los procedimientos policiales judiciales y eso retrasa los procesos. Así nos encontramos que pasa muchísimo tiempo y somos revictimizados en cada una de las causas, aparte de lo que tenemos que pasar con la pérdida de nuestros seres queridos”, explicó Godoy.
Esta situación no afecta únicamente a lxs ciudadanxs de Carlos Paz, sino que se amplía a la región dado que esta ciudad también recepta hechos ocurridos en localidades cercanas como Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayú Sumaj, San Antonio de Arredondo, Tanti, Cabalango, Estancia Vieja, Santa María de Punilla, Villa Santa Cruz del Lago, Villa San Nicolás, Malagueño y una parte de Bialet Massé.
Un informe elaborado por el Tribunal Superior de Justicia reveló que se registró, en 2021, un promedio de cinco denuncias diarias por violencia de género y se contabilizaron 2002 presentaciones en los tribunales carlospacenses. Asimismo, estas cifras fueron superadas en Cosquín, que se mantiene como la localidad con los índices más altos de violencia familiar de la provincia.
Es tal la ineficiencia en la atención de este tipo de denuncias que, desde las fiscalías, derivan a las denunciantes a la Asociación Empoderar, una ONG que acompaña a mujeres en situación de violencia.
“Desde hace tres meses, llevamos un promedio de 90 casos atendiendo una vez por semana con uno de nuestros dispositivos, más todas las mujeres que atendemos por fuera y todas las que van a nuestro dispositivo de salud mental por ser agredidas por la Justicia. No podemos hablar de una ciudad libre de violencias si la Justicia sigue violentándonos”, señaló Fernanda Moyano, presidenta de la Asociación.
La movilización recorrió la Fiscalía n.° 1 de Silvana Páez, la Fiscalía n.° 2 de Ricardo Mazzuchi y la Fiscalía n.° 3 de Jorgelina Gómez. Finalmente, concluyó frente al edificio de Tribunales, donde se mencionaron uno a uno los nombres de algunas de las víctimas y sus familias que se fueron incorporando a progresivamente a esta protesta.
“Esto es importante no para mí solo, para Cecilia Basaldúa, para Mirko y un montón de familias que estamos sufriendo hace rato. (…) En lo de Andrea, saben muchas cosas y están encubriendo un montón de cosas gente de la municipalidad, el ex intendente Aviles (Esteban), Mazzuchi y otra gente más”, destacó Luis Castana, padre de Andrea Castana, quien fue violada y asesinada en el Cerro de la Cruz el 11 de marzo de 2015.
“Hubo ocho secretarias, hace 6 o 7 meses que no hay ninguna y un solo policía trabajando. El fiscal no me recibe ni hay nadie que me atienda. Son gente inoperante que no hace nada, que no sirve. Yo estoy harto, a Andrea no la voy a recuperar nunca más, pero por lo menos quiero cerrar este libro maldito de una vez y eso a nadie le interesa”, afirmó Castana a meses de que se cumplan 8 años del femicidio de su hija.
En una región de nuestra provincia donde se reproduce la impunidad, esta marcha permitió empezar a forjar, desde la calle y con fuerza popular, un Poder Judicial que trabaje respetando los derechos y la dignidad humana. En ese camino, el dolor personal se convierte en un abrazo colectivo que desarma de a pedazos la injusticia.
*Por VillaNos Radio / Imagen de portada: Jorgelina Quinteros.
