Seis meses de la presidencia de Boric: referéndum constitucional y grieta
Chile decidirá, finalmente, este próximo domingo 4 de septiembre, si aprueba una nueva Constitución Nacional para dejar atrás, de una vez por todas, las herencia del pinochetismo. Por ahora, las encuestas le dan una ventaja clara al «No», aunque quienes se muestran con indecisión conforman un buen porcentaje. En un contexto de polarización extrema, el joven gobierno de Gabriel Boric enfrenta uno de sus primeros momentos más complejos.
Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta
De acuerdo con los sondeos de opinión publicados el 19 de agosto, todavía uno de cada siete votantes no sabía por qué opción iban a votar. Si bien el presidente chileno no tomó partido abiertamente por ninguna de las dos posturas, está claro que tanto él como su movimiento político apoyan el «Sí». En este contexto, los resultados del plebiscito serán claves para el gobierno de Boric, y, al mismo tiempo, servirán para, de alguna manera, refrendar lo hecho en lo que va de sus apenas seis meses de mandato.
Los puntos más polémicos y discutidos por la sociedad chilena son los que tienen que ver con los reclamos mapuche. Por otro lado, los artículos vinculados con la nueva política ambiental son reivindicados por la amplia mayoría del pueblo chileno. Lo curioso es que, en un primer momento, cuando se convocó a la Convención para redactar una nueva Constitución, de acuerdo con encuestas publicadas en distintos medios como, por ejemplo, en El País de España o France 24, el 78% de lxs chilenxs se pronunció en las urnas votando a favor de la necesidad de dictar una nueva Carta Magna. Previamente, el estallido social en octubre de 2019, lo que también explica, de alguna manera, la elección de un gobierno como el de Boric en diciembre de 2021, diferente y novedoso respecto de sus predecesores. Entonces, ¿qué es lo que pasó después?
Los sondeos proyectan que acudirán a votar al referéndum aproximadamente 9,2 millones de personas, una cifra incluso superior a la de la segunda vuelta electoral que le dio la presidencia a Boric. En caso de que triunfe el «No» en los comicios, el gobierno ya tiene un Plan B, de acuerdo a lo manifestado por el vocero de la presidencia, Giorgio Jackson: «Habrá que consensuar una fórmula con el Congreso nacional, pero ya van quedando cada vez menos dudas de manera transversal de que esto tiene que ser una convocatoria a un nuevo proceso».
Parece existir un amplio consenso entre la gran mayoría de las fuerzas políticas respecto de la necesidad de continuar redactando un nuevo texto constitucional en caso de que no sea aprobado el presentado. La Carta Magna cuenta con 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias. Uno de los puntos más discutidos por los sectores conservadores y de derecha es que, allí, el Estado chileno se define a sí mismo como “plurinacional”, reconociendo los sistemas jurídicos indígenas “coordinados en plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”. En medio del conflicto entre el Estado y los mapuche del sur, en la región de la Araucanía, que se encuentra militarizada, esto puede llevar a que la Constitución sea rechazada y no se alcance un consenso. Por supuesto, se trata de una reforma prácticamente de raíz de la misma concepción del Estado chileno, lo que explica, en gran medida, las resistencias.
El factor mapuche ha sido tan importante en la campaña y en la discusión pública que incluso provocó la primera y, hasta ahora, única renuncia del Ejecutivo chileno. La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, se vio obligada a dejar el gobierno luego de que se revelara que un asesor del ministerio, por orden suya, contactó a Hector Llaitul, líder mapuche radical, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco, quien había convocado esa mañana a una “resistencia armada” contra el gobierno central del país. Esto se produjo luego de que Boric anunciara un estado de excepción en la zona sur del país a partir de los conflictos con los camioneros y la inseguridad en las rutas a causa de los ataques de grupos mapuche. Llaitul fue detenido por una causa iniciada por el gobierno de Piñera y ampliada por el de Boric por “atentar contra la autoridad”. La ministra del interior, Izkia Siches, celebró la detención afirmando que “nadie está por sobre la ley”. Siches había sido recibida con balazos al aire en marzo pasado cuando intentó visitar la región del Biobío y la Araucanía.
A pesar de lo que dice la derecha, al gobierno de Boric no se lo puede acusar de inacción frente a lo que la derecha denomina «las bandas armadas mapuche». Por el contrario, las críticas por izquierda lo acusan de continuar la represión en el sur, a pesar de que existen llamados al diálogo por parte del oficialismo. Sucede que el problema es tan complejo que cualquiera de las opciones tomadas por el gobierno tiene tantos costos como beneficios y tantas críticas como adhesiones. La detención del líder mapuche, a apenas diez días del plebiscito y en un contexto de violencia y polarización creciente, por supuesto, no es la excepción.
A nadie escapa, además, que, para muchos analistas políticos y para gran parte de la sociedad chilena, el referéndum constitucional es visto como un plebiscito sobre la gestión de Boric, que lleva 6 meses. El presidente más joven de la historia de Chile -y, actualmente, de América Latina- llegó con promesas de cambio, renovación e inclusión. Llegó a tener más del 70% de imagen positiva durante sus primeros meses de gobierno, la cual se desplomó rápidamente. Los desafíos de Boric son muchos, en el marco de una sociedad profundamente conservadora y con complejas estructuras anquilosadas desde hace décadas. La problemática mapuche es un factor más dentro de la creciente complejidad que atraviesa el gobierno a la hora de poder resolver los problemas del país y llevar adelante las medidas prometidas. Algunos sectores esperaban a un Boric más tolerante con los reclamos mapuche y, si bien hubo algunos cambios concretos respecto de su predecesor inmediato, en gran medida, continuó con las políticas de represión y militarización de la Araucanía.
Las promesas son muchas y los desafíos son aún mayores, por lo que es entendible que exista descontento con un gobierno que empezó apenas hace seis meses. Las “lunas de miel” con los oficialismos son cada vez más cortas y más todavía en América Latina. Sin embargo, aún queda mucho tiempo para construir su gestión más allá de su impronta juvenil y su liderazgo refrescante para la izquierda latinoamericana. Chile lo necesita y la región también.
*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Imagen de portada: A/D.
