Córdoba: exigen el desprocesamiento de personas imputadas por defender su territorio
Después de años de resistencias y cuestionamientos, comenzó la construcción de la Autovía de Punilla y avanza a toda velocidad en el tramo que unirá la Variante Costa Azul, en la comuna de San Roque, con Molinari, cerca de Cosquín. En junio, las empresas contratistas a cargo iniciaron las obras casi en simultáneo. El contexto de conflictividad social y política es constante y creciente.
Por Redacción La tinta
Este sábado 20 de agosto por la mañana, cuatro defensorxs ambientales, tres hombres y una mujer, fueron detenidxs en el paraje Molinari, en el noroeste cordobés. Estaban demandando el cese del avance de las máquinas que trabajan en la construcción de la autovía de la Ruta 38, sobre una zona ubicada en la reserva provincial de Los Gigantes, cerca del río Yuspe.
Mientras estas personas protestaban pacíficamente para proteger este sitio arqueológico, personal de Infantería y Patrulla Rural lxs detuvieron y trasladaron a la comisaría de Cosquín. Finalmente, el domingo por la tarde, todxs fueron liberadxs.
Ahora, organizaciones ambientales de Córdoba exigen “el inmediato desprocesamiento de todxs lxs defensorxs ambientales procesadxs”. Recordemos que el sábado 13 de agosto se realizó una concentración en la plaza principal de Cosquín, que continuó con una denuncia pública a Gabriel Musso, intendente de esa ciudad, quien se encontraba en un café de la zona. El domingo siguiente, efectivos policiales se presentaron en la casa de una de las integrantes de la Asamblea de Punilla y entregaron una citación para comparecer como imputada. Luego, se conocieron otras imputaciones. Enumeran: «Marcela Martín, integrante de las asambleas ambientales del Valle de Punilla, delegada de lxs trabajadorxs del Hospital Colonia Santa María y militante de Izquierda Socialista (…) y lxs detenidxs y liberadxs durante la jornada del 20/08”.
En diálogo con La tinta, Marcela Martín, una de las imputadas, señaló que “vemos una gran militarización del territorio, un gran hostigamiento continuo de todos los luchadores, quienes ponen el cuerpo, quienes marchan, quienes llevan a cabo los amparos, quienes lo caminan día a día, como guardianes del monte”.
Alarma con lo que ella llama “un cambio de situación”. Detalla: “El gobierno y los intendentes necesitan avanzar en este inmenso negocio que es esta autovía, no solo porque está alevosamente sobrefacturada, sino porque, a cambio, hay pequeñas obras en las localidades que les van a permitir ‘usarlas’ en campaña electoral”.
Las organizaciones responsabilizan al gobierno de Juan Schiaretti por la integridad de lxs compañerxs que resisten el avance de la autovía de montaña. Exigen el cese de toda persecución y advierten que darán pelea contra la “criminalización de la protesta, las autovías y megaobras”. Marcela aclara que “todas nuestras acciones son una respuesta organizada al ataque despiadado del gobierno nacional autorizando el crédito, el gobierno provincial que garantiza la obra y los intendentes que firmaron el uso de suelo, de nuestro monte, de nuestras vidas que cambiarán para siempre, para garantizar un negocio. Los gobiernos habilitan este saqueo, no los han votado para esto. Nuestra lucha es legítima, legal, justa y necesaria”.
Las organizaciones ambientales hacen énfasis en la avanzada represiva del gobierno de Schiaretti y Hacemos por Córdoba, que, en complicidad con los intendentes de la región, intentan disciplinar a lxs defensorxs ambientales por medio de la judicialización de la protesta. “El gobierno debe criminalizar la protesta para garantizarle el negocio a las cuatro empresas que han ganado las licitaciones en estos cuatro tramos. El papel de la Justicia es el más grave de los últimos tiempos; en un contexto de hackeo y falta de seguridad interna, arremete contra la población, intentan disciplinar la resistencia y la indignación que nos genera semejante despojo. La avanzada más violenta es en este Valle, por lo tanto, cualquier iniciativa colectiva debe ser analizada y consensuada entre las asambleas para poder sostener esta red que venimos construyendo desde el 2018 y ha sobrevivido a la pandemia”, asegura Marcela.
“Los hechos de público conocimiento (golpizas, emboscadas, detenciones e imputaciones) y las recientes modificaciones en la Ley de Política Ambiental, aprobada por el PJ cordobés en la Legislatura, ratifican el rumbo ecocida del gobierno provincial, que sabe que no cuenta con licencia social para sostener y profundizar el ‘modelo productivo’ de saqueo y destrucción ambiental que beneficia al agronegocio y el desarrollismo inmobiliario”, concluyen en el comunicado.
Marcela Marín asegura: “Mi sensación, profunda y personal, es que todo tiene un costo, uno decide cuál pagar. Callar tiene un costo, alzar la voz también. Es una decisión, defender colectivamente todo lo que intentan arrancarnos o entregarse. Resignarse o resistir. No hay grises. Ellos trabajan cada día para promover la resignación, para que puedan avanzar tranquilos. Debemos convencernos de que nadie debe bajar los brazos nunca. Esa es mi convicción, es lo que ha evitado la angustia o el miedo. No estoy sola, porque no estamos solos, hay otras y otros que también resisten, que también sueñan y que no se resignan. En esa vereda estoy”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
