¡Es la distribución!
La creciente demanda social tensiona las partes del frente oficialista, que se esfuerza por mostrarse unido. Sin una salida visible a la crisis en el corto plazo, emergen nuevas expresiones políticas que ponen la democracia en cuestión y se entusiasman otras que tienen en sus manos modelos ya fracasados.
Por Pablo Lapuente para Cordón
Las más de 47 millones de personas que pisan el suelo nacional, de acuerdo a los resultados provisorios del CENSO, fueron testigos en los últimos años de un fenómeno inédito en la historia económica del país y más dentro de un gobierno peronista: se identificó por primera vez a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia pobres. Es decir, aquellos que tienen un empleo formal, con todos los derechos consagrados como aguinaldo, paritarias anuales o vacaciones pagas, y que, aun así, no logran cubrir sus necesidades básicas de alimentación y desarrollo. Esta realidad es aún más alarmante en la informalidad, que la padece el 37% de la población trabajadora y que se ve con claridad en los principales núcleos urbanos del país, como el Conurbano bonaerense.
Es esta crisis la que apura, por un lado, a albertistas y cristinistas a ensayar, cada vez que se presenta la oportunidad, una fotografía de unidad que muestre que están en condiciones de dar respuestas a las crecientes demandas sociales y, por el otro, la que empuja a sus principales dirigentes a enfrentarse de manera interna por la forma en la que se desarrolla la distribución de la riqueza. En definitiva, el tema central que enfrenta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández, es cómo se reparte el crecimiento.
Fue el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el que sorprendió con una advertencia a propósito de esta realidad. “En el Conurbano y el interior, no da más la situación social”. De esta forma, el ministro de Economía durante el gobierno de Cristina pareció tomar partido en aquella interna, después de haber transitado buena parte de su mandato centrado en la gestión y alejado de las discusiones políticas. Incluso, apuntó contra el Fondo Monetario Internacional, el organismo de crédito que le otorgó a Mauricio Macri el crédito no solo más grande de la historia de nuestro país, sino también de la propia entidad financiera. “En la provincia de Buenos Aires, no puede haber ajuste y esto lo tienen que entender los muchachos del FMI porque estamos en una guerra en todo el planeta y venimos de una pandemia, recuperándonos de una situación muy grave”.
La escena, que cierra con una inflación de casi el 6% en abril, la interanual al 58%, y una canasta básica de $95.260,37, lleva a analistas, dirigentes y memoriosos a comparar esta crisis con la del 2001 durante el gobierno de la Alianza. Incluso, de manera llamativa, a algunos que fueron parte de ese gobierno y que hoy, en la oposición de Juntos por el Cambio, aseguran tener una salida por derecha. Como sea, todo indica que estamos lejos de este estallido, acaso por la asistencia del Estado en programas sociales como el IFE o el Repro durante el momento más duro de la pandemia, o el aumento de los planes sociales en los periodos siguientes. Aun así, emergió con fuerza el descontento social y las distintas movilizaciones y cortes de tránsito a modo de protesta: fue noticia nacional la marcha federal de la Unidad Piquetera, “por trabajo, por salario, contra el hambre y contra la pobreza”, y la marcha de los cartoneros por las deudas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene con las cooperativas de reciclado. En el Conurbano, también reapareció un referente que rememora lo peor de aquella época. Raúl Castell y su agrupación realizó un corte en la Ruta 3 durante algunas horas. Ahí denunció que algunas personas “volvieron a comer gatos”. Cierto o no, deja al descubierto un país roto que aún no encuentra una salida en el corto plazo. ¿Y en largo?
Esta descripción de la crisis, que toman de manera pesimista algunos funcionarios, no es nueva. De hecho, a fines del 2020 en el Estadio Único de La Plata, la vicepresidenta ya había sacudido la estabilidad de la alianza de gobierno al decirle a los ministros que “si tienen miedo, que se busquen otro laburo”, que el momento histórico actual requería de hombres y mujeres “comprometidos”. En ese mismo discurso, hizo referencia a la problemática de la distribución que hoy sigue vigente. “Ojo, yo no quiero que ese crecimiento (que habían descrito con anterioridad) se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto, me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo, los de los alimentos y tarifas”.
Quizá en línea con esto, dos años después, en un acto reciente en Chaco, aludió al equipo económico de Fernández. “Hay un modelo en Latinoamérica exportador de producción con bajos salarios. Todos sabemos que hay economías de esta naturaleza. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Si soy de exportación y producción, y además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos están fallando”, sentenció.
Es esta realidad, y el amague constante del presidente en distintos frentes de gestión, el que erosiona la base electoral del Frente de Todos. “En la macroeconomía, estamos bien, pero falta que los números cierren con la gente adentro”, suelen repetir varios dirigentes y funcionarios peronistas. Sin decirlo de manera directa, apuntan contra la política económica de Martín Guzmán, el principal centro de críticas de Cristina, y su hijo Máximo. «Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?”, disparó el diputado nacional en un multitudinario acto en Lanús. Una semana después de sus palabras, el organismo de crédito internacional lo confirmó: destacó el «buen progreso» del programa acordado con la Argentina.
Mientras tanto, en la oposición, creen que la estrategia electoral que diseñó Cristina para llevar a Alberto al sillón de Rivadavia tiene fecha de caducidad y, bajo esta idea, se entusiasman con tener ellos mismos otra oportunidad de cara al 2023, pese a los cuatro años de desventuras de Mauricio Macri en ese mismo sillón del poder. Aun así, tampoco encuentran unanimidad y consenso a la hora de encumbrar un candidato. Mientras algunos esperan que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, crezca lo suficiente como para enfrentar a los radicales y los duros de su propio espacio en internas, otros ya vitorean nuevamente el nombre del egresado del Cardenal Newman, que, sin decir demasiado, demostró en los últimos meses que está dispuesto a liderar otra vez el partido amarillo que fundó hace una década y media. En paralelo, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también quiere ser, pero por ahora no le alcanza, expresa su respaldo explícito a Javier Milei, la relevación política del año que ya comenzó a mostrar síntomas de desgaste, no se sabe si para capitalizar para ella los votos liberales o para atraerlo a un frente antiperonista más amplio.
Si algo está claro es que la rabia antisistema de los autodenominados libertarios prende sobre todo en momentos de crisis económica y del sistema político como el actual, pero no alcanza para convencer a la gran mayoría de la población de que eso es suficiente para recomponer un país roto y llevarlo nuevamente a tener los sueldos en dólares más altos de Latinoamérica como hace tan solo siete años atrás. Sin una propuesta salvadora en la oposición, como la que vendió Macri en la campaña del 2015 («¿en qué te han convertido, Daniel?»), todo indica que el crecimiento electoral que proyectan es más por errores del gobierno que por méritos propios.
*Por Pablo Lapuente para Cordón / Imagen de portada: REUTERS/Matías Baglietto.
