“Colombia es un fuerte de batalla para las naciones centrales”
La historiadora Diana Carolina Alfonso analiza la realidad de Colombia, en el marco de la creciente represión estatal y paramilitar, y de los comicios presidenciales de 2022.
Por Redacción La tinta
La historia en Colombia se repite de forma permanente desde hace décadas. Por un lado, el poder estatal –donde conviven partidos políticos conservadores y liberales, paramilitares, narcotraficantes y embajadores estadounidenses- y, por el otro, el pueblo más profundo del país que, con diferentes métodos y formas, sabe construir una resistencia que por momentos puede parecer derrotada, pero que nunca deja de expresarse de manera contundente.
Con el gobierno del presidente Iván Duque, la ultraderecha colombiana continúa el único camino que conoce: represión y masacres internas, transnacionalización de la tierra y la economía, y las repetidas reverencias a la Casa Blanca. Pero en mayo del año que viene, cuando se realicen los comicios presidenciales, existe la posibilidad de que un amplio sector, que va de la izquierda y el progresismo hasta expresiones de la partidocracia clásica, puedan acceder al Palacio de Nariño.
En diálogo con La tinta, la historiadora colombiana Diana Carolina Alfonso analizó hasta el mínimo detalle el escenario electoral en su país. Egresada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctoranda en Historia por el CONICET-IdIHCS, Alfonso también se refirió al impacto en las mujeres de la violencia política en Colombia. A su vez, la también integrante de la Cátedra Internacional Yira Castro y del Centro de Estudios y Formación Marxista de Argentina (CEFMA), explicó el poder real que todavía tienen el uribismo y la situación crítica que viven les ex combatientes de las FARC, que son asesinades casi a diario.
—¿Cómo pensás que el oficialismo va a llegar a las presidenciales de 2022?
—Durante los últimos 20 años, el uribismo ha coordinado un oligopolio coactivo de la mano de paramilitares, burguesías locales y narcotraficantes. El oficialismo uribista está conformado por sectores de la clásica oligarquía, el empresariado y otras fuerzas extra-oficiales. En su esquema, se encuentran el Partido Conservador y los sectores más derechistas del Partido Liberal. A su lobby también han incorporado a enormes corporaciones, nacionales e internacionales, como la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), el conglomerado financiero Grupo Aval, Monsanto y la Drummond Company.
Al interior del Estado, el uribismo tiene control sobre todos los entes reguladores. Francisco Barbosa, Felipe Córdoba y Margarita Cabello componen la triada a la cabeza de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, respectivamente. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral está exento del mando uribista. El organismo, dirigido por la magistrada Doris Méndez, archivó el proceso de investigación en contra del presidente Iván Duque por la financiación del narcotráfico en su campaña. En el 2020, salieron a la luz cientos de audios entre María Claudia “La Caya” Daza, mano derecha del ex presidente y entonces senador Álvaro Uribe, y el ganadero y narcotraficante José “Ñeñe” Hernández. En ellos, se evidenciaba la estrategia de financiación de la campaña del entonces candidato del partido de gobierno, el Centro Democrático.
El caso del “Ñeñe” Hernández no es el primero en pasar a la total impunidad. Cabe recordar que el empresario y ex líder de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, confesó haber aportado dinero y logística a la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, en el 2002. Confesión inconducente, según los organismos de control.
Las movilizaciones del 2018 y 2021 han afectado notablemente la imagen del uribismo. Según la empresa de opinión DATEXCO, la desaprobación del ex presidente Uribe estaría rondando el 68 por ciento, mientras que la de Iván Duque llegaría al 79 por ciento.
Es necesario pensar en la composición sectorial del uribismo para responder la pregunta. Si bien la ultraderecha colombiana llega visiblemente afectada tras 20 años de gobierno, sumando los escándalos por vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, y las vergonzosas violaciones a los derechos humanos, es importante señalar que la sujeción institucional y para-institucional sigue de su lado.
—Y la oposición, en particular el Pacto Histórico, ¿cómo se perfila para las presidenciales?
—El Pacto Histórico (PH) releva la urgencia de construir un amplio compromiso social, cuya impronta máxima sea la defensa de la vida. A la cabeza, se encuentra el senador y precandidato a la presidencia Gustavo Petro, del partido Colombia Humana, desmovilizado de la extinta guerrilla bolivariana Movimiento 19 de Abril. La segunda precandidata más visible a la presidencia por PH es la lideresa ambiental, afrocolombiana y feminista, Francia Márquez.
El PH muestra una gran capacidad aglutinante. A sus filas se han sumado movimientos populares, como el Movimiento por el Agua y la Vida, Marcha Patriótica, Soy porque Somos y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La Unión Patriótica (UP), partido político que sufrió de genocidio durante casi una década por parte del Estado y las organizaciones paraestatales, ha seguido acompañando a Petro desde que, en un acto de reparación, el Ejecutivo tuviera que asumir su responsabilidad en la persecución contra sus militantes, devolviéndole la personería jurídica en 2013. También se incorporaron connotados ex uribistas, como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti. La disputa ha alcanzado incluso a la hegemonía partidaria. En el último mes, una fracción del Partido Liberal (PL) acudió al llamado unitario de Petro, agudizando el rechazo social al ex presidente César Gaviria, líder del PL, quien rápidamente optó por tomar el brazo caído del uribismo. A la izquierda de la fractura liberal, están el senador Luis Fernando Velasco y la bolivariana Piedad Córdoba. A la derecha, César Gaviria pretende proyectar al ex ministro uribista Alejandro Gaviria, un personaje con cierto halo académico que, sin embargo, no ha podido pactar con la centro-derecha liderada por el también académico y ex alcalde de Medellín, Segio Fajardo.
Según el último sondeo presidencial de DATEXCO, Petro lidera la intención de voto con el 25 por ciento. Tanto el abstencionismo como el “no sabe, no responde” serían sus principales contendientes. Recordemos que la abstención en los últimos comicios presidenciales ha rondado el 54 por ciento. Se espera que la generación de jóvenes movilizados desde el 2019 pueda asestar un golpe definitivo al uribismo en las urnas.
—¿El Pacto Histórico tiene una posibilidad potable de llegar al Ejecutivo?
—Sí, según las encuestas y la participación social en los movimientos y movilizaciones. No obstante, el camino al Ejecutivo en Colombia excede a la correlación de fuerzas del campo democrático.
Solo durante el siglo XX, fueron asesinados siete candidatos presidenciales: Rafael Uribe Uribe, en 1914, combatiente liberal e ideólogo del nuevo sindicalismo; Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, máximo caudillo popular y liberal; Jaime Pardo Leal, en 1987, abogado y referente del Partido Comunista en la primera candidatura presidencial de la Unión Patriótica (UP); Luis Carlos Galán, en 1989, líder del Partido Liberal para los comicios de 1991; Bernardo Jaramillo, en 1990, dirigente agrario y comunista, presidente de la UP y candidato presidencial para las elecciones de 1991. En ese año, también fue asesinado Carlos Pizarro, de la desmovilizada guerrilla M-19. El último en cerrar esta seguidilla de magnicidios fue Álvaro Gómez Hurtado, un influyente ideólogo del conservadurismo, asesinado en 1995. Salvo este último, muerto por mandato de las FARC, los seis magnicidios previos fueron ordenados por sectores de la oligarquía nacional, relacionados directa o indirectamente a organizaciones criminales.
La financiación del narcotráfico, la compra de las elecciones, el dominio sobre los entes de control y la recurrente presencia de elementos para-estatales en las elecciones locales, departamentales y nacionales, pueden entorpecer el triunfo del Pacto Histórico. Una señal inminente fue la derogación de la ley de Garantías, promovida por la mayoría uribista en el Congreso. Dicha ley limitaba la contratación con sectores y actores privados en medio de las campañas electorales. Para garantizar la gobernabilidad, el Pacto Histórico se ha propuesto ganar 55 escaños en el Senado y 86 en la Cámara.
—La realidad colombiana está cruzada por masacres cometidas por el Estado o grupos paramilitares. ¿Por qué esa realidad casi no tiene repercusión a nivel mundial?
—Colombia es un fuerte de batalla para las naciones centrales, sobre todo, para los Estados Unidos. Su ubicación geográfica la hace el país con mayor cantidad de fronteras, terrestres y marítimas. El acceso al Caribe, al Pacífico y al Amazonas se evidencia en la colocación estratégica de las bases norteamericanas.
Históricamente, los gobiernos colombianos se han apoyado en proyectos intervencionistas. Por poner algunos ejemplos: el presidente Turbay, sindicado de instalar en Plan Cóndor en el país cafetero, apoyó a Gran Bretaña contra el gobierno argentino durante la guerra de las Islas Malvinas. Otra de esas grandes hazañas fue el espaldarazo de las Fuerzas Armadas colombianas en la invasión a Irak. Solo durante el gobierno de Iván Duque, Colombia se hizo conocido como un satélite militar al servicio de la desestabilización continental tras el fracaso de la Operación Gedeón contra el gobierno bolivariano de Venezuela. A tamaño espectáculo internacional, se sumó el asesinato del presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse. A raíz de este último escándalo, salió a la luz el sistema internacional de “contratistas” que privilegia a colombianos adiestrados por los Estados Unidos. Hablamos de militares, ex militares, pensionados y hasta retirados por la fuerza por vínculos con el paramilitarismo y el terrorismo de Estado.
Tempranamente, en 1964, el ejército norteamericano prestó todo su apoyo al ejército colombiano para reprimir la Operación Marquetalia, con la que se fundó la guerrilla de las FARC. El paso de los militares colombianos en la Escuela de las Américas se tornó aún más recurrente tras la firma del Plan Colombia entre los gobiernos de Clinton y Pastrana. En el 2009, la Unión Europea firmó un acuerdo de cooperación militar con el gobierno de Uribe. La desregulación de esa corporación financiera y militar introdujo elementos mercenarios que a la postre cualificaron los escuadrones paramilitares. Entre ellos, se encontraba el mercenario israelí Yair Klein. La doctrina de Seguridad Democrática del uribismo vino a centralizar el apoyo de las corporaciones militares internacionales junto a los aparatos regionales de contrainsurgencia liderados por hacendados, ganaderos, despojadores y narcos. No es de sorprendernos que la supuesta guerra antinarcóticos funja como fachada del aporte militar de los países centrales. Tan infructuosa se ha tornado la lucha contra las drogas que hoy Colombia exporta el 75 por ciento de la cocaína que circula a nivel mundial, según reveló la Casa Blanca en junio.
Diariamente, el país recibe casi con modorra la noticia de nuevos funcionarios, banqueros, empresarios y ganaderos uribistas vinculados al narcotráfico. Pese a todo, el gobierno de Duque optó por regar glifosato en los campos y alejarse de la propuesta de transición ordenada de cultivos ilícitos, contemplada en los acuerdos de paz. En el escenario electoral, el lobby de Monsanto se enfrenta a las organizaciones sociales que denuncian el envenenamiento de los campos y los crímenes contra líderes y lideresas medioambientales.
—¿Cómo se puede explicar el uribismo y cuál es su poder real a nivel estatal?
—Según el analista colombiano Gustavo Duncan, en Colombia es imposible aplicar el clásico esquema weberiano del monopolio de la fuerza. La conducción del Estado colombiano en manos del uribismo coordina el oligopolio de la coacción, en su vinculación con el narcotráfico, el paramilitarismo y las élites locales. La composición de la hegemonía uribista va más allá de los consensos democráticos y se instala sobre una estructura histórica, que ha desechado a quienes enfrentan los pactos de poder de la oligarquía tradicional.
Hay que recordar que en la primera campaña, el uribismo se presentó ante el país como la fuerza política que podía doblegar a las bandas paramilitares. Es de suponer que el alza del terrorismo de la ultraderecha armada se asocie con la decadencia de la ultraderecha institucional.
—¿Cómo analizás el devenir del país luego de la firma de la paz entre el Estado y las FARC?
—Iván Duque fue elegido por la oligarquía colombiana con el objetivo de “hacer trizas los acuerdos de paz”, según sus propios términos. En su gobierno es tácita la falta de garantías para los ex combatientes firmantes del acuerdo. Ellos son víctimas de asesinatos, amenazas y desplazamientos forzosos. Alrededor de 260 firmantes fueron asesinados en los últimos cinco años. El Estado se ha mostrado incapaz de garantizar su seguridad. Este ambiente genera incertidumbres sobre la viabilidad de la transición a la paz. Resulta tremendamente nocivo el que la revictimización contra los ex combatientes, sus familias y territorios siga reproduciéndose. La estigmatización de los acuerdos, sumada a la desfiguración inducida desde el partido de gobierno, son el corolario de una campaña permanente en la que se asegura que se trata de acuerdos de impunidad. Los representantes del Estado no han cesado de calificar a los ex combatientes como criminales, terroristas, violadores y secuestradores, mas no como sujetos políticos de un acuerdo y de una transición de justicia, condición necesaria para llegar al posconflicto. Con esa misma lógica, se descalifica a la justicia, a los mecanismos de intervención y de diálogo. Eso es una invitación al ejercicio de la justicia por mano propia.
El macartismo ha sido una táctica sumamente útil, tanto para la ultraderecha institucional como para la ultraderecha paramilitar. Bajo el manto anticomunista, surgieron los paramilitares de la era neoliberal. Estas organizaciones han dejado a su paso cerca de 8,5 millones de familias desplazadas. Una cifra que casi triplica el desplazamiento forzoso de Afganistán. El despojo es el correlato de la mayor concentración agraria de la región, según una investigación realizada en 2018 por OXFAM. La agenda mancomunada sobre la paz y el problema de la tierra compone dos de los puntos más álgidos del Pacto Histórico.
—¿Cómo afecta a las mujeres la represión sistemática del Estado colombiano?
—En el marco del conflicto armado y social colombiano, la violencia sexual contra mujeres, niñeces y cuerpos feminizados se generalizó como una práctica de control territorial y de despojo. La composición del patriarcado de guerra está directamente vinculada al oligopolio de la coacción, a los procesos de desmovilización e impunidad, a la mercantilización de la muerte y a la apropiación de los recursos estratégicos. Veamos: entre 2003 y 2006, se desmovilizaron alrededor de 35.000 paramilitares, según cifras del Centro de Memoria Histórica. A la par, 128 mujeres rindieron testimonios tras desmovilizarse de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los juzgados de Justicia y Paz. Es decir que, en las filas paramilitares, la participación femenina solo fue del 0,3 por ciento. Por otra parte, según la organización ONU Mujeres, solo el 3 por ciento del ejército colombiano está conformado por mujeres. En el caso de las guerrillas, la participación es más equitativa. De acuerdo con Pablo Catatumbo, ex guerrillero y líder de las FARC, el 40 por ciento de los combatientes de esta guerrilla fueron mujeres.
En lo relativo a las estructuras patriarcales del poder hacendatario, también se denota una brecha sobre la titulación y posesión de los campos, por lo que, al problema de la creciente concentración agraria, debe sumarse la masculinización de la apropiación de la tierra. En nuestro continente, solo una cuarta parte de los títulos de tierras están a nombre de mujeres.
Si se tiene en cuenta que la desposesión de la tierra fue el máximo objetivo de las organizaciones paramilitares, en articulación con las elites locales y las instituciones del Estado, la masculinización del ejercicio de la violencia sobre los campos es un fundamento clave en el proceso de la producción del poder narco-paraestatal y empresarial. En los territorios cruzados por el conflicto, la masculinización de esa articulación oligopólica de la coacción ha tenido serias consecuencias en la vida de las mujeres, infancias y cuerpos feminizados.
La cohabitación entre el Estado y las estructuras militares y económicas al margen de la ley se expresa en la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones estatales. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 27.000 mujeres y personas LGBT+ víctimas de violencia sexual. Empero, la Corte Constitucional reconoció, en el 2015, que la impunidad en el sistema de justicia ronda el 98 por ciento. El subregistro devela, además de la desconfianza, el efecto de la revictimización.
Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, para la desmovilización del paramilitarismo durante el gobierno Uribe, no brindó herramientas para la reparación integral de las víctimas. Por el contrario, la metodología de las salas penales puso en primera escena el relato de los victimarios.
En el contexto de desmovilización de los paramilitares, la mayoría de los relatos de las mujeres que acudieron a brindar sus testimonios pedían justicia por sus familiares asesinados, torturados o desaparecidos. Fueron pocas las que se atrevieron a hablar de la violencia patriarcal sobre sus propios cuerpos. Violencia que fue y ha sido central en la articulación de los poderes que pretenden el control territorial en pos de la concentración agraria, desplazamiento forzado mediante.
Al respecto, el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, del partido Colombia Humana, propone una reforma agraria que garantice la titularidad de las tierras primordialmente a las mujeres, por considerarlas un sector estratégico de la sociedad en la reproducción de la vida. Otra de las figuras más prominentes del Pacto Histórico es la también precandidata presidencial, lideresa ambiental, afrocolombiana y feminista, Francia Márquez. Ella es una de las figuras nacionales que más hincapié ha hecho sobre la violencia contra los líderes y lideresas medioambientales. Colombia es, hoy por hoy, el país más peligroso para los y las defensoras de la tierra, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Getty Images.
