Estado prepotente y resistencia comunitaria en tiempos de pandemia
Este año, las II Jornadas de Derechos Humanos que organiza la Facultad de Filosofía y Humanidades hicieron foco en el rol estatal y las estrategias implementadas por las organizaciones para sobrellevar una situación sanitaria, económica y social tan inédita como dolorosa. Claribel Cecato, integrante del Consejo Asesor del Programa de DD. HH. por el claustro nodocente de la FFyH, destaca los puntos centrales desarrollados por lxs participantes en dos conversatorios temáticos.
Por Camilo Ratti para Alfilo
“Derechos humanos en pandemia. Vulneraciones y resistencias” fue el título elegido para las II Jornadas de Derechos Humanos que se realizaron el pasado 29 de septiembre en la Facultad de Filosofía y Humanidades en formato virtual, debido al contexto sanitario y las disposiciones vigentes en la UNC hasta el momento que tuvo lugar la actividad.
Este espacio, impulsado desde el Programa de Derechos Humanos de la FFyH, se propuso continuar con los tópicos emergentes en las primeras Jornadas, pero atravesados esta vez por las particularidades que introdujo la pandemia del Covid en nuestras vidas y actividades. Así, el objetivo fue habilitar la palabra a diferentes actores extra-académicxs que vienen siendo clave en un contexto que agudizó la vulneración de derechos y supuso la puesta en marcha y el despliegue de nuevas estrategias de resistencia para sobrellevar una situación sanitaria con profundas consecuencias en el tejido social y económico de las organizaciones, grupos, instituciones y colectivos sociales.
A partir de un entorno virtual y estructurado en dos conversatorios, la propuesta convocó a compartir trayectorias de militancia, participación y resistencias. La Decana, Flavia Dezzutto, (recientemente reelegida en su cargo en las pasadas elecciones universitarias) y César Marchesino, Director del Programa de Derechos Humanos de la FFyH, fueron lxs encargadxs de abrir las Jornadas.
Con la moderación de Lucas Palladino y Claribel Cecato, miembrxs del Consejo Asesor del Programa, el primer conversatorio abordó la problemática de las comunidades originarias del noroeste cordobés, del Movimiento Campesino de Córdoba y los efectos devastadores que sufrió la comunidad de Paso Viejo, el pueblo de esa región de Córdoba donde vivía Joaquín Paredes, el joven de 15 años acribillado por la policía provincial el 25 de octubre del 2020, que el pasado lunes se movilizó reclamando justicia en otro caso de gatillo fácil.
El segundo conversatorio, en tanto, estuvo moderado por Victoria Chabrando y Carol Solis, miembrxs del Consejo Asesor del Programa, quienes habilitaron la palabra a Iván Ase, médico psiquiatra del Centro de Rehabilitación Sociolaboral del Ministerio de Salud de Córdoba, docente universitario e integrante de la Mesa de Salud Mental y DD. HH., y Paula Delfino, militante por los derechos de la comunidad LGTBQ+ e integrante de la agrupación Flores Diversas, además de profesional del área de infancia.
“A partir de una serie de preguntas y disparadores, lxs diferentes expositorxs pudieron dar cuenta de cuáles son las prácticas y problemáticas que afrontan las comunidades en las que se insertan sus trayectorias de militancia, y cómo estas se vieron trastocadas con la pandemia”, explica Claribel en esta entrevista con Alfilo.
En un contexto inédito por el impacto que la enfermedad tuvo a nivel mundial, las organizaciones compartieron las estrategias de resistencia desplegadas a partir de las vulnerabilidades que enmarcan sus prácticas. “En todos los casos, lxs expositorxs dieron cuenta de cómo el Estado, en diferentes matices, ha sido el principal detractor y ha avanzado sobre sus derechos: el sistema policial que asesinó a Joaquín Paredes y persiguió a les pibes en Paso Viejo, el Estado que excluye a las diversidades sexuales y las precariza, el municipio de San Marcos Sierras que avanza sobre territorios sagrados y vulnera prácticas ancestrales, la quita de presupuesto a la salud mental y el abandono permanente de este sector de la salud como tantos otros; la persecución a militantes territoriales y el avance del agronegocio sobre el monte nativo cordobés fueron algunos de los tópicos compartidos por lxs expositorxs”, precisa Cecato.
La voz indígena y campesina
Para conocer cómo es la situación con las comunidades comechingonas y sanavironas de la provincia de Córdoba, el primer conversatorio contó con la presencia de Mariela Tulián, Casqui Curaca de la Comunidad Comechingona Sanavirona Tulián de San Marcos Sierras, y Juan Carlos “Capi” Tulián, Casqui Curac de la Comunidad Comechingón Tay Pichín y concejal por el movimiento vecinal de la misma localidad, ubicada en el departamento de Punilla, en el noroeste cordobés. Dos referentes que vienen llevando a cabo acciones reivindicativas para reforzar la memoria oral comunitaria. “Tanto Mariela como Juan Carlos dan cuenta del accionar prepotente que ha tenido el municipio de San Marcos Sierras, avanzando con obras públicas sobre sitios ancestrales y altares ceremoniales de la comunidad. Las mismas autoridades municipales que en un contexto de pandemia, sin poder las comunidades defender sus derechos de manera presencial, derogaron ordenanzas que protegían estos sitios arqueológicos, de un valor incalculable para la humanidad”, señala Cecato.
Lxs otrxs actores de la tierra, lxs campesinxs, estuvieron representadxs por Susana Campos, integrante de la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC) y a través de esta, del Movimiento Campesino de Córdoba. El campo que habita de manera ancestral los territorios asediados desde hace décadas por el agronegocio y el sector inmobiliario, destruyendo el poquísimo monte nativo que queda en la provincia. “En sus relatos, Susana y Juan Carlos coinciden sobre la persecución a militantes por parte de los Estados municipales de las regiones donde habitan, prácticas que buscan socavar la militancia y la lucha por la tierra con desalojos y hasta persecuciones personales”, advierte la integrante del Consejo Asesor de DD. HH.
Y hablando de persecución estatal, lxs responsables de cerrar el conversatorio fueron Maribel, Ivana y Ezequiel, parte de la comunidad “Justicia por Joaquín”, nacida del dolor y la rabia, de la impotencia y la necesidad de justicia luego del asesinato a manos policiales del joven Joaquín Paredes el 25 de octubre del año pasado en la localidad de Paso Viejo. Un caso más de violencia institucional que parece no conmover a las estructuras políticas y judiciales de Córdoba.
Otro de los puntos en los que coinciden lxs participantes, según Cecato, es en la necesidad de visibilizar las luchas, que se escuchen estas voces silenciadas. “Es el caso del colectivo ‘Justicia por Joaquín’, que tan claro describió Ivana en su testimonio, que cito textual: ‘Estamos todos vivos de milagro, menos Joaquín, que cargó en su espalda no solo una bala policial, sino también una política de Estado. A Joaquín lo mata el Estado’”. Ante esto la comunidad se juntó y resiste porque están convencidxs de que la única salida es colectiva y ocupando las calles, reclamando por un Estado presente y democrático.
Salud mental y diversidades
En el segundo conversatorio, Iván Ase contó cómo fue el viraje en la aplicación de las leyes de salud mental durante la pandemia, que supone el abandono de la concepción manicomial para abordarlo desde la inclusión sociolaboral, entre otros puntos: “Con el advenimiento de la pandemia, se observa un retiro total del Estado y la vuelta a un cariz hospitalario nuevamente, donde solo permanecen abiertas guardias de atención mínima y se habilita una línea telefónica de consulta propiciada por el Ministerio de Salud de la Nación”. Para el especialista, este retiro del Estado en la cumplimentación de las leyes de salud mental “también es observable en el ajuste presupuestario que no cesa desde el inicio del año 2020”.
Este corrimiento del Estado en tiempos de pandemia se vuelve una constante en el relato de lxs participantes. Paula Delfino, integrante de Flores Diversas, militante LGTBQ+, reflexiona en este sentido: “No solo el Estado no se avizora como garante de ciertos derechos que garanticen la inclusión, sino que, por el contrario, se vuelve un obstáculo”. Como relata Cecato en función de los testimonios aportados, las leyes están, “lo que no existen son los recursos para la aplicación efectiva de las leyes”.
Otro punto que Cecato recupera a partir del relato de Delfino es la necesitad de visibilizar lo que no se nombra, las muertes de las mujeres trans y travestis, la violencia que mata y lo que no se dice: “Ante cada relato, ante cada testimonio que dio cuenta del retiro del Estado o de la prepotencia del mismo (en sus diferentes niveles y en sus aparatos judicial y policial), la constante de lxs participantes fue la resistencia para defender sus conquistas a partir de la lucha colectiva, el recupero de las calles, la demanda permanente del respeto hacia los derechos y las leyes. Como dijo Asé con gran claridad: las leyes no son un punto de llegada, sino de partida para el atendimiento de ciertas problemáticas”.
*Por Camilo Ratti para Alfilo / Imagen de portada: Ludmila Games Llorens – Movimiento Campesino de Córdoba.
