Ley de Acceso a la Tierra: ahora es cuando
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) hoy continúa con la segunda jornada de acampe en Plaza del Congreso, a un año de presentar el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Con marchas, verdurazos, talleres y actividades culturales, exigen que se avance en el tratamiento de la norma que todavía no cuenta con dictamen.
Por Redacción La tinta
Desde el lunes 20 de septiembre y por dos días, la UTT organiza acciones en Plaza del Congreso para exigir el avance de la discusión por la Ley de Acceso a la Tierra, tratada en las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de Diputados, aún sin dictamen.
La organización nuclea a unas 22 mil familias rurales en 18 provincias del país, dedicadas a la producción frutihortícola y de crianza de animales, a los lácteos y pequeñas agroindustrias. El 22 de octubre de 2020, presentaron, por tercera vez en el Congreso de la Nación, la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa para que les productores accedan a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Además, busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.
“Con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos, se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo”, expresaron desde la organización.
En Argentina, explican, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en el país. Poner en cuestión el acceso a la tierra significa pensar un nuevo modelo agroalimentario en el país.
“Tenemos el compromiso del presidente Alberto Fernández, que se citó con la UTT en febrero de este año, de que la ley avance” -explica Rosalía Pelegrini, integrante de la organización, en conversación con La tinta- “Sin embargo, en las dos comisiones en la que está, todavía no dieron dictamen unificado, tiene estado parlamentario, pero no se movió un ápice”.
El pasado 15 de septiembre, se cumplió un año del asesinato de Juan Carlos “Cheta” González en El Cevilar, provincia de Tucumán. ¿El motivo? El ex policía Carlos Fortunato Flores lo mató a sangre fría en su propio campo para quedarse con sus cuatro hectáreas de tierra.
Don Cheta tenía 60 años, era nacido y criado en ese territorio. Con su compañera Lidia, criaron a sus hijes ahí y vivían del cultivo. Integraba la UTT de Tucumán, desde donde visibilizaron su asesinato. Flores, de 75 años, fue condenado a once años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero consiguió prisión domiciliaria por la edad y les vecines aseguran que no cumple la condena.
En el campo profundo, las intimidaciones, amenazas, desalojos ilegales y los intentos de asesinato son moneda corriente. Las víctimas son campesines y hermanes indígenas que defienden su territorio ancestral. Esta Ley, entonces, es también una forma de defender la vida de les campesines, garantizando la propiedad de la tierra para quienes la trabajan.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
