Repudian la prescripción de la causa contra Taym por contaminación ambiental
Desde la Asamblea Santa María Sin Basura, criticaron la decisión del juez de control de Alta Gracia, Claudio Lasso, y acusaron que se trata de un «flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses».
Por Redacción La tinta
La Asamblea Santa María Sin Basura emitió un comunicado en las últimas horas para repudiar la decisión judicial que da por prescripta la causa contra Taym por contaminación ambiental con residuos peligrosos.
El 28 de marzo de 2017, caudalosas precipitaciones provocaron el derrumbe de un terraplén de contención de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la firma Taym, arrastrando material altamente tóxico e irregularmente tratado por la empresa de Roggio, contaminando suelos, napas de agua subterránea, aguas superficiales y la planta potabilizadora que abastece de agua al 30% de Córdoba capital.
Las pericias confirmaron que el agua contaminada ingresó una hora antes de que cerraran las compuertas a la planta potabilizadora y que los tóxicos habrían pasado a la red de abastecimiento de agua de toda la zona sur de la ciudad de Córdoba. Mientras la empresa Aguas Cordobesas -del mismo grupo Roggio- le decía a la gente que habían cortado el suministro por razones de “turbiedad” y luego mintieron diciendo que habían cerrado las compuertas 15 minutos antes de que llegara el agua contaminada.
En mayo de este año, la causa había sido elevada a juicio. Pero el pasado 4 de agosto, el juez de control de Alta Gracia, Claudio Lasso, entendió que la causa, que tiene al gerente César Ernesto Ripsky y la directora técnica María del Milagro Aráos Ferrer como principales inmputados, ya estaba prescripta.
«Es un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses, y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano», sostuvieron desde la Asamblea Santa María Sin Basura.
Desde la organización, remarcaron que el propio juez Lasso, al relatar el hecho, describe una situación espeluznante; en la Planta de Taym, auditorías previas a la inundación describieron graves y enormes irregularidades: materiales peligrosos arrojados a las celdas sin tratar, materiales peligrosos no autorizados a ser tratados en la planta acopiados en enormes cantidades, lagunas de lixiviados colmatadas, materiales peligrosos ubicados en lugares no autorizados, construcciones nuevas que no tenían licencia de la Secretaría de Ambiente, donde se operaba con materiales peligrosos; instalaciones que, además, fueron construidas invadiendo la zona de exclusión, lo que hacían prever la salida de materiales peligrosos fuera de la planta. Además, los peritos oficiales señalaron las pésimas condiciones de los taludes perimetrales que debían evitar la entrada de escorrentías o salida de elementos contaminantes de la planta. Taludes que tenían varias interrupciones o “cortes” por lo que resultaban totalmente ineficientes. “La pericia interdisciplinaria especificó y aclaró que, incluso para crecidas producidas por una lluvia con tiempo de recurrencia de 100 años, la estructura que había en la planta el día 28 de marzo de 2017 habría sido sobrepasada” (Res. Lasso, 4/8/2021).
A pesar de las observaciones realizadas por la auditorías, el juez señala además que «tales situaciones de vulnerabilidad no fueron corregidas por los responsables imputados de la empresa Taym” (Resolución Lasso, 4/8/2021).
Mientras el juez, por una parte, describe cómo más de medio millón de personas recibieron en sus canillas agua contaminada con residuos tóxicos, peligrosos para la salud humana y el ambiente en general; por otro, comparando esta causa con una causa por usurpación, la da por prescripta. “Ni el confinamiento social obligatorio producto de la pandemia y sus constatables efectos sobre la administración de justicia, han logrado alterar el curso del plazo de la prescripción penal”, indicó en su resolución. (Res. Lasso, p. 13)
Para la Asamblea, la orden de archivar esta causa viene de arriba. «Seguramente, Roggio pondrá dinero para la campaña -como siempre- y sus benefactores en el poder político le sacarán esta causa de encima, aunque el propio gobernador Schiaretti haya declarado que ‘caería todo el peso de la ley’ sobre los responsables de este desastre ambiental. ¿Qué pasó con su promesa, gobernador? En Córdoba, no existe la justicia».
La organización subrayó además un hecho clave: la catástrofe tenía un antecedente premonitorio. Según indican, ya en el año 2000, se le solicitó a la empresa de Roggio un certificado de no-inundabilidad porque el predio presentaba una pendiente oeste-este. El trámite de habilitación ambiental estuvo detenido por muchos meses y, finalmente, Taym nunca presentó dicho certificado. Lo reemplazó por una nota firmada por el actual ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, quien por entonces era Director de DIPAS. Ni López -hombre fuerte del Schiarettismo- ni los integrantes de la Comisión Técnica Interdisciplinaria fueron investigados en esta causa.
«¿Por qué no se investigó ni imputó a estos empresarios que pusieron en grave riesgo la salud de sus usuarios? ¿Por qué no se llamó a declarar a los funcionarios de gobierno encargados de controlarlos? ¿Por qué el gobierno de la ciudad de Córdoba jamás se constituyó como querellante cuando la mitad de sus habitantes recibió agua contaminada con residuos peligrosos para la salud y el ambiente?», concluyeron.
* Por Redacción La tinta
