¿Podemos trabajar menos y cobrar lo mismo?
La crisis de desocupación agudizada por la pandemia aceleró una discusión en todo el mundo: reducir la jornada laboral para generar empleo. En la Argentina, dos proyectos la llevaron al Congreso y hoy divide aguas. ¿Se puede, aquí y ahora? ¿Cómo afectaría al empleo? Y, sobre todo, ¿cuánto vale el trabajo?
Por Gladys Stagno para Canal Abierto
Con el ingreso al Congreso Nacional de dos proyectos de ley para promover el empleo que proponen reducir la jornada laboral legal máxima a 40 o 36 horas semanales, sin afectar los salarios, la discusión llegó a los medios y funcionó de parteaguas.
A gran velocidad, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se paró en la vereda opuesta del proyecto y la Bolsa de Comercio de Rosario salió al ruedo con un comunicado lapidario. “Si se reduce la jornada laboral y se mantienen los salarios, las consecuencias serían negativas para el empleo. Para un trabajador contratado por 48 horas que pasara a tener una jornada legal de 36 horas, el costo laboral por hora aumentaría 33,3% por la nueva jornada legal y 50% si se mantuviera la jornada efectiva y se pagaran horas extra”, asegura.
Seguramente sin proponérselo, las declaraciones de la Bolsa rosarina hacen eje en un punto central del debate: ¿cuánto vale el trabajo?
“De acuerdo a algunos estudios, lo que se paga por hora es el 20% de lo que realmente correspondería, por eso, esta discusión es de fondo, central”, detalla Carlos del Frade, diputado provincial en Santa Fe y autor del proyecto pionero sobre el tema que se presentó en 2017, perdió estado parlamentario y volvió al recinto en abril de este año, donde ya está en la Comisión de Asuntos Laborales.
Los datos a los que alude el legislador se sustentan en que la evolución de la tecnología mejoró y, en algunos casos, hasta triplicó la productividad de la clase trabajadora. Y, con ella, la rentabilidad del empresariado y el capital, situación que no se trasladó a los salarios.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) establece que los ocupados destinan 1 hora y 45 minutos de una jornada laboral de 8 horas para producir el equivalente al valor de su salario mientras el resto del tiempo, 6 horas y 15 minutos, “lo dedican a producir un excedente que es apropiado en primera instancia por los empresarios”.
“Los proyectos santafecino y nacional se parecen porque se basan en lo que sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Apuntan a la multiplicación de empleos en las grandes empresas, que son alrededor de 550 en la provincia de Santa Fe. Plantea que, en lugar de 3 turnos de 8 horas, haya 4 turnos de 6 horas. Se podrían lograr 48.000 puestos de trabajo nuevos, estables, en blanco, con plenitud de derechos laborales, con igual salario –detalla Del Frade–. Eso se tiene que discutir con las empresas para lograr, en primer lugar, saber cuál es el valor real de la hora de trabajo, porque allí está la gran cuestión. Hoy, la gente que está desocupada, subocupada o sobreocupada vende su fuerza de trabajo cada vez más barata, lo que genera, primero, precarización salarial y, después, pérdida de libertad. La gente cada vez tiene menos tiempo para ser libre, para gozar, para estudiar. Cada vez usamos más tiempo para tratar de ganar dinero y cada vez vale menos nuestro tiempo”.
La sobreocupación como generadora de desempleo
Lejos de la mirada de la UIA, desde Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), festejaron el 16 de agosto el Día del Empresario Nacional con un comunicado que asegura que ven “con buenos ojos las propuestas que impulsan la reducción de la jornada laboral actual manteniendo siempre el mismo salario”.
Para su presidente, Leo Bilanski, la urgencia incluye “crear 500.000 puestos de trabajo nuevos, 50.000 nuevas PyMEs, las que había en 2015”. “Y para eso, tenemos que desmonopolizar, crear espacios de utilidad, de venta, créditos de capital de trabajo solo por tener empleados, hacer un shock de empleo y la reducción de la jornada laboral puede ser una buena medida”, sostiene en diálogo con Canal Abierto.
En un país donde las PyMEs son responsables del 70% del empleo y el 85% de las empresas tienen menos de diez trabajadores, la medida debe pensarse, según Bilanski, para las más grandes y ayudar así a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas.
“Hay otra medida que es la limitación de las horas extra a las multinacionales, que sobreocupan a los trabajadores cuando afuera hay desempleo y son sectores que tienen muchas utilidades. Se trata de ver las distintas soluciones a las distintas cadenas de valor y la distinta competitividad: no es lo mismo una multinacional que un pequeño taller –asegura–. Las PyMEs, por definición, somos poco competitivas y tenemos más mano de obra por unidad productiva. No sé si aplicaría la reducción de la jornada laboral a esas empresas, sino a las que tienen más de diez trabajadores”.
En la misma línea opina Claudio Lozano, precandidato a diputado nacional de Unidad Popular en el Frente de Todos y director del Banco Nación, quien asegura que “en la Argentina, el debate acerca de la reducción de la jornada laboral debiera incluir una cuestión previa: la reducción de la sobrejornada”.
Los datos avalan su postura: según IPyPP, en 2021, hay 4,5 millones de sobreocupados en nuestro país y representan el 26% del total de ocupados. Pero la sobrejornada laboral no garantiza mejores salarios. Al contrario, la retribución horaria está casi 30% por debajo de la media.
“El debate que, en los países centrales, está asociado al tema del cambio tecnológico, en nuestra realidad, si bien debe considerarse, requiere de un abordaje previo ligado a una forma particular de precarización laboral que es la ultra explotación por la vía de jornadas extenuantes. Los asalariados registrados tienen un nivel de sobreocupación del 25%. De este modo, si en este segmento que resulta absolutamente regulable se asignara un reparto de los tiempos de trabajo acorde con la jornada laboral vigente de 8 horas, se generarían 661.375 puestos de trabajo. Es decir, podría resolverse un tercio del problema del desempleo –considera Lozano–. Y si el tiempo de trabajo dedicado a generar las ganancias y otros conceptos no salariales es el triple del tiempo de trabajo pagado, no hay razones para justificar que la reducción de la jornada laboral implica recorte salarial”.
De desarrollos y subdesarrollos
Los proyectos que están en danza planean modificar la Ley 11.544, que establece una jornada laboral legal de hasta 48 horas semanales. Uno es del diputado Hugo Yasky, que llevaría la jornada a 40 horas; el otro es de la directiva de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, quien planea llevarla a 36 para “bajar el ausentismo y cuidar la salud y el estrés de los trabajadores”. Pero si esos proyectos son aplicables aquí y ahora, también forma parte del debate y es otro aspecto que divide opiniones.
Mientras la precandidata a diputada nacional por el oficialismo, Victoria Tolosa Paz, aseguraba hace pocos días en una radio que se trata de un debate “que se está dando en el mundo” y que “Argentina tiene que dárselo”, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostenía en otra que, en las condiciones actuales, es “impensable” avanzar en una reducción de la jornada de trabajo y resaltaba que propuestas como estas se llevaron adelante en países con un mercado laboral “muy desarrollado”.
Ricardo Peidro, secretario General de la CTA Autónoma, considera que ambos tienen parte de razón. “Estos proyectos de reducción de la jornada laboral se dan en un marco de precarización absoluta del trabajo. Y de sobreexplotación y desocupación muy grande. No se cumplen ni siquiera las actuales leyes y carecemos de inspecciones para hacer que se cumplan –afirma–. Somos uno de los países de Latinoamérica que tiene fijado una de las mayores cantidades de horas de trabajo. La jornada laboral se viene reduciendo a través de los siglos y debería seguir reduciéndose no solamente por la calidad de vida del trabajador y la trabajadora, sino también para generar un aumento de la ocupación, tendría que producir un efecto virtuoso. Esto se está planteando en todo el mundo. Discutir una reducción de la jornada laboral sería positivo, tenemos que hacerlo, pero tenemos que plantearlo en un marco mucho más amplio del que están planteando hoy en la Argentina”.
En efecto, y en un escenario de desempleo agudizado por la pandemia, la discusión es mundial. A comienzos de julio, el portal británico Autonomy publicó las conclusiones de una prueba piloto que se llevó adelante entre 2.500 personas del sector público en la capital de Islandia, Reykjavik. A ellas, se les redujo la jornada laboral a 35 o 36 horas sin reducción salarial. Los resultados fueron calificados como “un rotundo éxito”: trabajadores y trabajadoras mostraron menos estrés, mejoras en su salud, un mayor rendimiento en el trabajo y –colateralmente– muchos varones aumentaron su participación en las tareas domésticas.
Como consecuencia, el Reino Unido planea implementar un esquema de trabajo similar. Por su parte, países como España, Nueva Zelanda y Japón están barajando proyectos de reducción de jornada para superar la crisis y mejorar la calidad de vida.
Para Del Frade, no estar entre los países desarrollados no significa que esto no pueda aplicarse en la Argentina actual, sino todo lo contrario. “Esto comenzó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Los grandes países que hoy son desarrollados, que tienen jornadas laborales de hasta 4 horas y media, cuando Europa estaba destruida, empezaron a aplicar este criterio con la idea de socializar el trabajo digno y en blanco que había en las fábricas que quedaron en pie. Es indispensable hacerlo hoy en la Argentina para generar puestos de trabajo en blanco”, asegura.
Para Bilanski, se trata de futuro: “Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que evaluar y ver que, en los países donde mejora la competitividad empresarial, la cantidad de horas que se trabaja tiende a bajar. ¿Para qué lado vamos a ir? Esa es la discusión que tenemos que dar. Nosotros no queremos ir para el lado del subdesarrollo. La agenda de la reforma laboral para bajar el salario argentino a 150 dólares fracasó. La UIA lo llevó a la práctica en el gobierno de Mauricio Macri y perdimos 25.000 PyMEs. Acá lo que se está discutiendo es modelos, modelos de país. El que nos quieren imponer es uno que hoy está andando mal, deja a argentinos afuera del sistema, no emplea. Bueno, nosotros estamos planteando otro: un modelo de desarrollo nacional. Queremos que se multipliquen las empresas, por supuesto, que nos vaya bien, pero también queremos que le vaya bien a la sociedad donde estamos haciendo negocios. No podemos hacer un margen económico en un país miserable”.
*Por Gladys Stagno para Canal Abierto / Imagen de portada: Marcelo Spotti.
