Piratas a la vista
En una maniobra internacional pocas veces vista, Estados Unidos, Gran Bretaña y la oposición venezolana intentan robar 32 toneladas de oro que pertenecen al país sudamericano.
Por Julián Inzaugarat para ARGMedios
La Corte Suprema británica definirá sobre el control del oro del Banco Central de Venezuela (BCV) que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
La disputa comenzó cuando Juan Guaidó se autoproclamó ilegítimamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades británicas lo reconocieron como mandatario. En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela -dominada entonces por la oposición y presidida por Guaido- nombró a la dirección ad hoc del Banco Central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes al gobierno de Nicolás Maduro.
En total, son 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en 1.000 millones de dólares, que el gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando recuperar. Se trata de recursos fundamentales para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
Guaidó dejó de tener representatividad en la Asamblea Nacional a raíz de la estrategia de abstención de participación en las elecciones legislativas de diciembre, que devolvieron el control del parlamento a Maduro. El gobierno británico desconoció los comicios y reiteró su apoyo a Guaidó, aunque mantuvo su embajada en Caracas y relaciones diplomáticas con la administración bolivariana.
En medio de la crisis económica y sanitaria en Venezuela, el oro ha resultado una de las pocas alternativas de financiamiento y de liquidez para el gobierno de Maduro, sobre todo después de que Estados Unidos impusiera, en 2019, sanciones a la petrolera estatal PDVSA, que proporcionaba ingresos vitales.
El oro, las sanciones y la pandemia
La retención del oro del Banco Central de Venezuela por parte de las autoridades británicas es una más de las agresiones sobre el país caribeño. En los últimos seis años, cerca de 150 sanciones fueron aplicadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y algunos países de Latinoamérica contra Venezuela. El bloqueo redujo, en los últimos seis años, un 60 por ciento el PIB del país y un 99 por ciento de los ingresos en divisas del Estado, provenientes principalmente de PDVSA.
En febrero de 2021, Venezuela recibió la visita de Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas, quien considera que las sanciones son la principal causa de la crisis social. Además, esas sanciones exacerban los problemas producidos por el colapso de los precios del petróleo en 2014. Como consecuencia, el país enfrenta falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas necesarios.
“Esta situación de bloqueo hace muy difícil la reactivación económica para el país. A raíz del bloqueo, Venezuela ha caído al 1 por ciento el ingreso nacional de lo que percibía hace seis años. En 2013, el ingreso nacional era alrededor de 50 billones de dólares; a finales de 2020, el ingreso estuvo abajo de 500 millones de dólares”, explica Hernán Vargas, dirigente social del Movimiento de Pobladores de Venezuela Bolivariana.
Con respecto a la pandemia, Vargas sostiene que “Venezuela ha hecho un esfuerzo para comprar vacunas a través del sistema COVAX y se le ha bloqueado el pago de la compra de esas vacunas por un banco suizo. Estados Unidos y la Unión Europea se han negado sistemáticamente a flexibilizar las sanciones unilaterales y a desbloquear los recursos que le pertenecen a Venezuela para comprar vacunas”.
Aun así, Venezuela ha logrado hacer frente a la pandemia fortaleciendo el proceso de organización popular. “La distribución de alimentos a un 70 por ciento de la población descansa en la organización de Comités Locales de Alimentos y Producción (CLAP). Lo mismo ha ocurrido con la atención a la salud y la prevención de contagios por la COVID-19”, agrega Vargas.
Un fallo clave para Venezuela
El primer cimbronazo para la política de asfixia a Venezuela fue la participación de parte de la oposición en las elecciones legislativas de 2019. Allí, el gobierno de Maduro logró mayoría en la Asamblea Nacional y la oposición democrática alcanzó a tener representatividad.
Asimismo, a finales de junio Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá abrieron la puerta a “revisar las sanciones” impuestas contra Venezuela, si se produce “un avance significativo en una negociación global que permita elecciones libres”. Al tiempo que, en una declaración conjunta, resaltaron que han visto “progresos en la reconstrucción de las instituciones democráticas” del país suramericano.
Sin embargo, en el día de la independencia venezolana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió en una carta el “liderazgo” de Guaidó y confió en que lleve a una “transición pacífica” en Venezuela. En su carta, se dirigió a Guaidó como “señor presidente”.
De cara a las elecciones de noviembre, el gobierno espera instalar en este mes, en México, un diálogo con todos los sectores de la oposición en Venezuela, que podría contar con la participación de representantes de los gobiernos de otros países, entre ellos, Estados Unidos.
Si la Corte Suprema británica le da el control de los lingotes de oro a la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.
Por el contrario, la devolución de recursos al gobierno de Nicolás Maduro representaría un gran alivio económico, al tiempo que significaría una leve flexibilización en las sanciones económicas y la postura que han tomado el Reino Unido y la Unión Europea contra el gobierno chavista.
*Por Julián Inzaugarat para ARGMedios / Foto de portada: A/D
