El narcotráfico sostiene la economía en Colombia
Los sucesivos gobiernos colombianos estuvieron fuertemente vinculados al tráfico de drogas. La actual administración de Iván Duque no es la excepción.
Por Jorge López Ardila para Colombia Informa
El ex ministro de Hacienda e integrante del Partido Conservador, Juan Carlos Echeverry, aseguró en junio que, según sus cálculos, las ventas de cocaína al exterior podrían mover alrededor de 12 mil millones de dólares en Colombia, lo que corresponde aproximadamente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta declaración deja en evidencia lo que ya es un secreto a voces: el narcotráfico sostiene la economía capitalista en Colombia.
A nivel internacional, el 70 por ciento de las 1.900 toneladas de cocaína producidas a nivel mundial en 2017 fueron producidas en Colombia; es decir, más de 1.200 toneladas métricas.
Según las cifras del Banco de la República, en 2020, el PIB del país se situó alrededor de los 271 mil millones de dólares; es decir que, según la afirmación de Echeverry, la cocaína tiene un mayor peso en la economía que productos como el café y el petróleo.
En las cifras presentadas por el ex ministro, también se omite el cálculo del mercado nacional de drogas, la mayor ganancia fruto de la rebaja en la pureza de la cocaína o la venta de otros derivados de la coca, como la base de coca. Sin embargo, las mayores ganancias siguen estando en manos de las transnacionales de la cocaína, quienes multiplican varias veces el precio de los estupefacientes hasta ser vendidos en las calles de Europa o Estados Unidos principalmente.
La narcoeconomía se expande de distintas maneras: produce un alza en los precios de inmuebles en la zonas de lavado de activos, aumenta el mercado de bienes de consumo (bebidas alcohólicas, carros, motos de alta gama y otros bienes de lujo), impulsa la concentración de tierras, financia la deforestación, entre otras. Así, la repercusión real del narcotráfico en la economía podría ser mucho más alta que ese 4 por ciento del PIB mencionado anteriormente.
La contradicción en la reducción de cifras
En el primer semestre de este año, el gobierno encabezado por Iván Duque anunció que el área de cultivos de coca se había reducido en un 7 por ciento, pasando de 154 mil a 143 mil hectáreas. Esta tendencia inició en 2017, cuando se registraban 171.000 hectáreas y desde el cual también han aumentado las metas anuales de erradicación.
Sin embargo, la producción de cocaína no ha disminuido, sino que, por el contrario, ha aumentado, según datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
El aumento de la producción de cocaína, pese a la disminución del área sembrada de coca, se debe a que, como en todo agronegocio, el desarrollo tecnológico y técnico ha permitido la disminución del tiempo entre cosecha y cosecha de la hoja de coca. Es decir que hay mayores rendimientos por la utilización de insumos químicos, así como el desarrollo de mayor concentración de alcaloide en las hojas, fruto de cruzamientos y manipulación de variedades de la planta, y la perfección de las técnicas de “cocina” en los laboratorios de extracción, tanto de pasta base como de cocaína.
La narcoburguesía
El narcotráfico es un gran negocio para la economía neoliberal: no tiene regulaciones, impuestos ni marcos normativos; tiene su base en la superexplotación de trabajadores, la destrucción ambiental y amplios márgenes de ganancia dura y pura, que es acumulada en bancos de paraísos fiscales y blanqueada en lujosas inversiones de “gente de bien”.
Sin embargo, el Estado anuncia mano dura contra cultivadores de hoja de coca y consumidores, los eslabones más débiles de toda la cadena del narcotráfico, a través de la aspersión aérea, cárcel, expropiaciones, erradicación forzada y la Ley 30.
Mientras tanto, al mismo tiempo en el que ocurren los sobornos a militares, corren ríos de acetona, gasolina, ácido sulfúrico y cemento para las cocinas de cocaína, y salen desde aeropuertos como el de Guaymaral (donde queda ubicada una base de la policía antinarcóticos) toneladas de emprendimientos, asociados a figuras públicas del país. Es tal la hipocresía, que se persigue a los productores de marihuana en el sur del país, pero se dan permisos para cultivo de marihuana a multinacionales canadienses para la exportación del producto, es decir, el cultivo de marihuana es malo solo si lo hacen los pobres.
Este “negocio” sostiene inversiones legales e ilegales, monta presidentes, dinamiza la economía, garantiza ejércitos privados, impulsa la concentración de tierras y asegura recursos del socio estratégico (mayor consumidor de drogas en el mundo), Estados Unidos.
La discusión sobre el narcotráfico necesariamente debe partir desde el abandono de posturas moralistas para avanzar en la consolidación de una propuesta sobre esa actividad económica, que es aprovechada por los viejos y nuevos ricos para ensanchar su riqueza y perseguir al campesinado.
El narcotráfico, del cual se favorece la clase en el poder, solo podrá ser afectado de manera estructural si se ataca a los grandes beneficiarios, las rentas y los capitales acumulados.
*Por Jorge López Ardila para Colombia Informa / Foto de portada: Colombia Informa
