Muertes de segunda
El investigador en Ciencias Sociales, Cosme Damián Navarro, se encuentra realizando su tesis doctoral a partir de lo que él denominó la invisibilización social de las muertes excepcionales. Para esto tomó tres casos: el de los pcjp cosecheros de yerba mate de Misiones quienes fallecieron en un siniestro vial; de ocho obreros correntinos muertos en una obra en construcción y el de cuatro operarios chaqueños de la empresa estatal de aguas quienes murieron por el efecto de los gases tóxicos cloacales. ¿Por qué no indignan las tragedias evitables que involucran a laburantes pobres?
Por Bruno Martínez para Litigio
Algunos nombres: Ramón Zacarías, Marcos González, Diego Rodríguez, William Valenzuela, Enrique Sosa, Pablo Medina, Jorge Acevedo y Eduardo Acevedo. Daniel Peloso, Mario Fernández, Jorge Ramírez y Leonel Prieto. Miguel Miranda, Hugo Miranda, Luis Godoy, Fabián Da Silva, Edgar Ferreira, Juan Piñero, Fernando Piñero y Lucas Da Silva.
¿Quiénes eran? ¿Qué tenían en común? Todos ellos eran obreros (tres de ellos, niños explotados laboralmente) de Misiones, Chaco y Corrientes que murieron en el contexto del trabajo, en episodios totalmente evitables y cuyas muertes fueron violentas, grupales y que posteriormente provocaron un llamativo desinterés social y una tenue respuesta judicial. En los tres hechos, la indignación de la comunidad, si la hubo, se fue diluyendo a una velocidad parecida a las modas. Al comienzo fue el horror de lo trágico. Y luego eso se desvaneció en el aire. Se miró para otro lado y aquí no ha pasado nada.
Este fenómeno, es decir las muertes grupales de obreros pobres que no generan ningún tipo de indignación o cambio en la sociedad, llamó la atención del investigador correntino Cosme Damián Navarro, quien actualmente se encuentra realizando un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Entre Ríos.
También profesor de filosofía egresado de la Facultad de Humanidades de la UNNE, Navarro agrupó estos eventos fatales y los comenzó a analizar en su tesis doctoral, la cual aún se encuentra en elaboración.
¿Qué casos estudió? La muerte de cinco cosecheros de yerba mate de Misiones que fallecieron en un siniestro vial, de ocho obreros correntinos en una obra en construcción y la de cuatro operarios de la empresa estatal de aguas del Chaco ocurrida en una cloaca en Puerto Vilelas, localidad ubicada a unos 10 kilómetros de Resistencia.
El caso correntino es el más antiguo de los tres. Se produjo el 22 de marzo del 2012, cuando treinta obreros trabajaban en la construcción de un edificio de siete pisos en el barrio Cambá Cuá, en el centro de la ciudad de Corrientes. Trece de ellos se encontraban a 25 metros de altura colocando hormigón en una estructura que sostendría un tanque de agua. Cerca del mediodía, una parte de la base de la estructura cedió y los obreros cayeron sobre el techo de una vivienda vecina. Ocho murieron y seis resultaron heridos.
La obra se realizaba de manera ilegal, ya que debía estar paralizada por irregularidades constatadas en una inspección. Los familiares, principalmente de una de las víctimas, convocaron a movilizaciones en reclamo de Justicia. La participación en las marchas no logró incorporar a otros sectores de la sociedad y quedaron en unas cuantas movilizaciones de escasa concurrencia.
Se inició una investigación judicial y administrativa que produjo la detención de varios actores vinculados a la empresa constructora, que fueron puestos en libertad rápidamente.
Hay cuatro imputados por el delito de “estrago culposo agravado”: el ingeniero, Walter Bruquetas; el arquitecto, Marcelo Mayer; el ingeniero, Elías Cohen y el capataz, Carlos Valenzuela. A casi 10 años, aún no fueron juzgados.
Algo más de un año después, el 17 de junio del 2013, un viejo camión que trasladaba en su caja sin protección alguna a 25 trabajadores rurales (entre ellos, varios menores de edad), volcó sobre la ruta provincial 220, a unos 400 metros del acceso al Parque Salto Encantado, en Misiones, en un tramo donde se realizaban obras de asfaltado. Cinco personas murieron en el lugar y otras tres fallecieron en días posteriores. Entre los fallecidos, habían tres pibes de 17, 14 y 12 años.
Por este hecho, condenaron a tres años de prisión al chofer del vehículo, Julio César Franco, quien aceptó los cargos en un juicio abreviado por “homicidio culposo agravado y lesiones”. Se determinó que el camión tenía problemas de frenos los cuales fueron minimizados por el conductor.
Como una suerte de medida correctiva, se proveyeron créditos para la compra de colectivos para trasladar a los trabajadores y se intensificaron los controles contra el trabajo infantil en la tarefa. Sin embargo, los habitantes de la zona sostienen que las condiciones laborales no han cambiado. En memoria de estas muertes, todos los 17 de junio se conmemora el Día Nacional del Tarefero.
La tragedia chaqueña ocurrió cuatro años más tarde, el 11 de julio de 2017. Daniel Pelozo, Mario Fernández, Jorge Ramírez y Leonel Prieto perdieron la vida esa mañana, en la intersección de las calles López y Planes y Facundo Quiroga, de Puerto Vilelas. De los cuatro que murieron, tres eran empleados precarizados. De acuerdo a las autopsias, los obreros fallecieron por un “paro cardiorrespiratorio por un síndrome asfíctico” debido al ácido nítrico que brotó de la cloaca.
Según explicaron los Bomberos que participaron del rescate de los cuerpos, para hacer un trabajo como el que hicieron los operarios de Sameep, en lugares confinados y con acumulación de gases tóxicos, se debe contar con un Equipo de Respiración Autónoma (ERA) o con máscaras con filtro de carbono. Ese día, ninguno de los obreros tenía elementos de protección personal. Algunos, incluso, estaban en ojotas y pantalón corto.
A nivel institucional no hubo renuncias de funcionarios ni se asumieron responsabilidades políticas. Se realizaron marchas encabezadas por los sindicatos de Sameep y movimientos sociales, las cuales se desvanecieron con el pasar de los días.
Hay una causa judicial abierta en la fiscalía 3, a cargo de Rosana Soto. Son tres los imputados por homicidio culposo en concurso ideal (artículo 84 y artículo 54 del Código Penal): el capataz de la cuadrilla, Hugo Heraldo Fernández; el exencargado de la División Redes de Efluentes de Sameep, Federico Sebastián Fernández y el Gerente de Servicios de la empresa, Adrián Soto.
Otros empleados y funcionarios también estuvieron en la mira de la investigación: el expresidente de la empresa, Claudio Westtein (cuñado del actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez); el gerente de Planificación, Ricardo Requena; el capataz, Hugo Fernández y el exencargado de Higiene y Seguridad, Mario Medina. La situación procesal de estos últimos es una incógnita debido al hermetismo con que se maneja la investigación.
—¿Cómo podrías resumir tu tema de tesis y qué te llevó a interesarte por estos casos?— preguntó LITIGIO a Navarro.
—Mi tema de tesis es el tratamiento social de muertes excepcionales que son invisibilizadas. Como metodología de estudio tomé tres casos en particular que son de Chaco, Corrientes y Misiones. En primer lugar, mi interés surge por el caso de los obreros en Corrientes. Me causó muchísimo impacto como se había dado. Recuerdo que cuando ocurrió hubo una pequeña cobertura en la televisión y radio. Por otra parte, está el hecho de que pasaron unos meses y como no había una solución a nivel judicial y político, un grupo de familiares de los fallecidos convocó a una marcha pidiendo Justicia. De esa marcha participaron 17 personas. Yo pienso en esto y hago inmediatamente la comparación en lo que fue el caso (de Axel) Blumberg, que fue el crimen del hijo de un empresario en Buenos Aires (ocurrido en 2004). Al poco tiempo de eso, se realizó una marcha de unas 100 mil personas. Es decir: en ese caso murió una persona y fueron 100 mil a la marcha, además de tomarse como un tema exclusivo en los medios. Y acá mueren ocho, se convoca una marcha y van sólo 17. Esa distinción es lo que me llevó a pensar que ahí había algo para explicar desde las Ciencias Sociales.
—En tu análisis, ¿qué características encontraste en estas muertes?
—En primer lugar, yo defino dos grandes tipos: las muertes excepcionales y las normales. Las normales son todas aquellas que ocurren según una lógica y una determinación de la dinámica población propia. Son aquellas que ocurren por edad avanzada, enfermedad incurable y otras similares. Y hay otro grupo que yo denomino como muertes excepcionales y que son muertes que no tienen que ver con esta normalidad. Yo encuentro que hay cuatro puntos que determinan la excepcionalidad de una muerte: 1) La evitabilidad, es decir que haya sido una muerte que aplicada correctamente los recursos disponibles no tuvo que haber ocurrido; 2) Múltiples: que en mismo acontecimiento ocurran varias muertes; 3) Violentas y 4) El lugar donde ocurre, que en este caso es en el trabajo. Esto que pasó en Corrientes cumplen con las cuatro características. Entonces cuando voy a ver el caso de Vilelas yo ya estaba con eso en la cabeza. Y cuando empiezo a leer la noticia reunía las mismas características. Posteriormente, me encontré con el caso de Misiones, que es el tercero que conforma mi investigación.
***
En su artículo, “La normalización de la excepción. El conflicto ausente en el tratamiento social de la muerte en el Nordeste Argentino”, publicado en el libro “Resistencias al neoliberalismo en territorios argentinos. Diversidad de actores, acciones y horizontes” (Revés de la Trama, 2020), Navarro cita al filósofo francés, Jean Baudrillard, quien sostuvo que la vida no representa lo mismo para cada clase social, puesto que el valor objetivo de la misma es diferente.
“Mientras que en la burguesía se plantea la necesidad de la reproducción del capital, al cual no está ligado su cuerpo; para la clase obrera, el valor está anclado al cuerpo, puesto que de él depende su reproducción material. La muerte en esta clase no es biológica, sino económica”, citó.
Desde esta perspectiva, Navarro menciona que se puede pensar que la escasa repercusión que han tenido los hechos de Misiones, Corrientes y Chaco a nivel estructural y la aceptación de que “sólo” se trataron de accidentes (cuando evidentemente no lo fueron) se debe a la condición social de las víctimas y su escasa calificación.
“Lo que implica esta situación es que son fácilmente intercambiables, puesto que su formación técnica es escasa, esto es, constituían un grupo de mano de obra escasamente calificada. Al ser fácilmente sustituible, los sujetos no encarnan un valor económico en sí mismos, puesto que se los reemplaza sin dificultades por otros obreros que realicen la misma función”, teoriza Navarro.
“Las teorías generales sobre el gobierno de las poblaciones sugieren que la ausencia de conmoción social en las muertes excepcionales, se debe a que en esos casos los muertos forman parte de un grupo de cuerpos prescindible (en términos de Michael Foucault y de Achille Mbembe). Sin embargo, no contamos con interpretaciones de situaciones particulares que hagan observables los mecanismos a través de los cuales se produce esa distinción del valor de la vida. Las propuestas existentes como la de ‘cuerpo despojo’, de Mbembe; de ‘vida precaria’, (Judit Butler), de la extinción del cuerpo como fuerza productiva (Baudrillard) son un inicio para comprender, pero que dejan sin explicar los mecanismos de subjetivación a partir de los cuales se constituye el proceso”, refiere
—¿Por qué en tu texto hacés referencia al concepto de “cuerpos prescindibles” y por qué considerás que eso es intrínseco al sistema de producción capitalista?
—Estas muertes remiten al sistema productivo que no necesita de esta población, es decir de obreros pobres y de escasa calificación. Ahí es donde tomo el concepto de cuerpos prescindibles, del filósofo camerunés Mbembe, que trabaja también con la necropolítica y los cuerpos despojo. En este sentido, el desarrollo del sistema capitalista supone la demanda de mano de obra, que puede tener diferente tipo de calificación de acuerdo a cuál sea el grado de desarrollo de la industria en ese territorio. El avance técnico de la ciencia aplicada a la industria ha hecho que la cantidad de mano de obra necesaria para la producción disminuya. Había un concepto en Marx, que era la del Ejército Industrial de Reserva, que refiere a que hay ciclos económicos en donde hay aumento de la demanda y de la producción y también ciclos de depreciación de la demanda y también de baja en la producción. Entonces lo que originalmente ocurría es que las fábricas expulsaban a los obreros que no necesitaban, pero a través de diferentes mecanismos los tenían contenidos socialmente, por llamarlo de alguna manera, con alimentación mínima y luego el Estado empieza accionar con planes. Todo esto porque en algún momento iba a aumentar la demanda y esa persona iban a ser necesarios. El sistema lo necesitaba porque en algún momento iba a demandar su mano de obra. El grado de desarrollo actual del capitalismo nos muestra que hay un grupo de personas que son totalmente “innecesarias”.
—Hay una frase muy fuerte de una funcionaria correntina que recogés en tu texto en donde ella naturaliza la tragedia de los obreros de Corrientes. Dijo: “Fue un accidente laboral. Los albañiles cuando salen de sus casas para ir a trabajar saben que están expuestos a accidentes y que eso les puede pasar”. ¿Creés que esta es una idea que sólo tiene una élite o que es parte del inconsciente colectivo?
—Si bien puede ser un pensamiento originado en una élite de gobierno, es lo que expresa algo que funciona a nivel general. Esa naturalización es lo que sostiene y explica por qué no se movilizó la sociedad civil. Es la naturalización de las “vidas innecesarias”. Y si estas vidas de repente se apagan, a nadie le importa porque ya están sostenidas sobre una creencia previa de su prescindibilidad. Por otra parte, lo que observo es que en el Chaco el hecho tuvo mayor resonancia y aún pervive en algunos reclamos. Lo que veo es que es tomado desde una serie de organizaciones sociales y sindicales que con cierta regularidad presentan estos reclamos. Tomaron dentro de sus pliegos de reivindicaciones el pedido de Justicia por los obreros chaqueños. Entonces eso hizo que de alguna manera haya hecho pervivir el reclamo de Justicia que tiene mayor magnitud que lo que tiene en Corrientes y en Misiones. Entonces ahí es donde yo veo la diferencia. El punto que hace que se produzca un reclamo no tiene que ver tanto con el hecho en sí sino con las condiciones preexistentes en los territorios donde han ocurrido esos hechos. En el Chaco ya existía un nivel de movilización y organización por reivindicaciones sociales que terminan absorbiendo esto dentro de esa estructura ya preexistente. En ese sentido la organización de la sociedad civil es la que puede permitir o no la transformación de ese hecho que se intenta circunscribir a un hecho individual cuando en realidad debería ser un reclamo general.
* Por Bruno Martínez para Litigio
