«El consenso es una cosa maravillosa sólo si es en favor de los sectores populares»
Ellos o nosotros. Consenso o conflicto. Aciertos y deudas del Gobierno. El Grito del Sur habló con Juan Grabois, que deja algunas reflexiones para pensar la etapa: «No se pueden defender los intereses de los últimos sin tocar los privilegios de los primeros».
Por Yair Cybel para El Grito del Sur
El Fondo Monetario Internacional, la Sociedad Rural Argentina, Coto, la Barrick Gold, Héctor Magnetto, Paolo Rocca o Marcos Galperin. Esta semana, el Frente Patria Grande salió con un duro comunicado titulado «Ellos o Todos. Es hora de avanzar». El documento fue el resultado de un plenario de casi 1.500 personas que congregó a las principales referencias institucionales, dirigentes y militantes del espacio que conduce Juan Grabois. «La Argentina necesita un proceso constituyente», señala el abogado en una charla con El Grito del Sur en la que analiza la situación política, la tensión conflicto vs. consenso, la realidad de los sectores populares y la coyuntura regional.
—Salieron con un posicionamiento muy fuerte desde el Frente Patria Grande, marcando la grieta entre «ellos» y «todos». ¿Creés que en ciertos sectores del Gobierno ganó la idea del consenso y esta posición genera limitaciones para avanzar en una política redistributiva?
—El consenso es una cosa maravillosa sólo si es en favor de los sectores populares. Lamentablemente, tenemos una oposición canalla que hace politiquería con los muertos, que no se le cae una idea que no sea hacerle daño al rival y mostrarse servil con los poderes fácticos; por lo tanto, no hay posibilidades de consenso sobre las reformas que necesita el país para salir adelante. La verdad es que resulta muy injusto hacer un juicio sobre el Gobierno en la coyuntura actual: la pandemia postergó el contrato electoral, lo cual no impide que nosotros seamos muy críticos en un montón de aspectos, pero creo que en este momento hay que focalizarse en quiénes son los que traban los cambios. Nosotros los definimos como «ellos»: el 1% que representa a los sectores del poder fáctico, tanto en términos económicos-financieros como en términos internacionales o de algunas corporaciones cuasi monopólicas que hay en la Argentina: las corporaciones mediáticas, alimentarias, el complejo agroexportador, los sectores extractivos que se niegan a rendir cuentas de lo que sacan de nuestro país, los desmontadores y el FMI, que en la Argentina ha perpetrado una estafa y que necesitamos que se entienda. Son ellos o todos.
—A veces se habla de construir correlaciones de fuerzas como una especie de llamado a la premura o a la paciencia. ¿Qué implica efectivamente construir correlación de fuerzas? ¿O ya se tienen las fuerzas necesarias para avanzar en reformas de fondo y lo que falta es voluntad política?
—No se puede construir la correlación de fuerza si primero no hay una perspectiva de construcción de poder popular. En la Argentina, pudimos resistir el macrismo cuatro años desde lo social, obteniendo incluso conquistas, como la Ley de Barrios Populares, porque peleamos. Es decir, los sectores populares tenemos capacidad de pelea. Entonces, la conducción política y la política en general tiene que entender que acá estamos en una dicotomía, en un dilema: o avanzamos sobre ellos o nos perjudicamos todos y todas, nos seguimos empobreciendo, seguimos concentrando la economía, seguimos en la trampa del endeudamiento, seguimos destruyendo la naturaleza. En días de rosca electoral y de arreglar listas, desde una fuerza joven y que no tiene tanto interés en meter gente, sino en representar e impulsar procesos, decidimos hacer una campaña poniendo el eje en la contradicción social que hay que resolver en Argentina: entre el poder fáctico y el pueblo, acaudillado por un gobierno votado por las mayorías populares y que asumió con un contrato electoral de poner primero a los últimos. Y para poner primero a los últimos, hay que enfrentar a los primeros, porque los primeros no se van solitos al final de la fila, los tenés que correr. Nosotros apostamos a renovar el contrato electoral, a una victoria de nuestra coalición política, pero que implique reafirmar lo que decíamos en 2019 y que no hemos podido cumplir: en primer lugar, por la pandemia y lo que nos dejó el macrismo, pero también por una cantidad de indecisiones propias.
—La derecha tiene posiciones cada vez más radicalizadas, pero pareciera que, cuando se plantean algunas discusiones desde la izquierda (como el control del comercio exterior o la reforma agraria), hay sectores del propio Frente de Todos que intentan aplacarlas. ¿Cómo ves el tema de la limitación de ciertos marcos discursivos o las complicaciones para instalar ciertas discusiones dentro del FdT?
—Hay algunos compañeros que se comen el disciplinamiento del poder, que se hace a través del lawfare y el ataque personalizado en los medios de comunicación. Los atacan por sus posiciones: después les pueden inventar cualquier cosa, que son vagos, chorros, sucios, malos, feos. Pero el problema son los posicionamientos políticos. Y hay muchos que (no quiero ser grosero) se quieren cuidar el orto porque entienden la política como una carrera individual y no como un proceso de transformación de la realidad, como algo colectivo. Y entienden la correlación de fuerza como correlación de imagen, de focus gropus, de encuestas. Y en Argentina tenemos lecciones de que vos podés pasar del 80% de imagen positiva al 20%, y viceversa. Depende de cómo perciba el pueblo que defendés sus intereses. No se pueden defender los intereses de los últimos sin tocar los privilegios de los primeros.
—¿Entre esos primeros están los jueces?
—Los jueces y unos cuantos abogados también. Los jueces son abogados que tienen una formación totalmente mercantilista y privilegios casi nobiliarios. Gente que, cuando entra, te tenés que parar, imaginate lo que se creen, se creen que pueden hacer cualquier cosa. Les tenés que decir su señoría. Son anónimos, están protegidos por el poder. Y el problema no es sólo el lawfare y la persecución -que es muy grave desde el punto de vista institucional-. El problema es la cotidiana de víctimas que no encuentran justicia y también de los que tienen conflictos con la ley (sea porque han hecho algo o porque no lo han hecho), que padecen demoras ridículas en los procesos judiciales. Hay pibes que se los acusa de algo y pueden estar un año y medio con preventiva y no se sabe ni si van presos. Eso tiene que ver con que los jueces viven como nobles y laburan como nobles: es decir, dos horas por día, cuando tienen ganas y se niegan a la digitalización de los expedientes porque ahí habría un control de su trabajo. Hay una cuestión vinculada a la reforma judicial que es indispensable y debe ser profunda, muy profunda. Son el ariete de los sectores del poder económico y del colonialismo internacional. Son la quinta columna que tienen ellos para resguardar sus intereses cuando un gobierno electo por el pueblo quiere transformar la realidad en favor de los humildes. Ahí hay una pelea estratégica. Hay peleas estratégicas: el nivel de control que tiene el Estado del comercio exterior, el Poder Judicial y los monopolios, tres luchas que hacen incluso a la democracia burguesa, no son planteos revolucionarios. Que no haya monopolios que abusen de su posición dominante en perjuicio de consumidores y trabajadores; que el comercio exterior no se vaya como si fuera un colador y nadie sepa cuántas toneladas de granos o minerales salen del país, y que no entren chucherías que destruyan la industria nacional; y que exista una justicia justa, que se rija por el imperio de la ley, que es lo que ellos tanto dicen, que lo que está en el código se aplique.
—Existe una crítica desde sectores de la UTEP a cierta mirada asistencialista que persiste en el Gobierno, vinculada a la política de planes sociales. ¿Cuál debería ser el programa político para los sectores de la economía popular por parte de la administración de Alberto Fernández?
—El asistencialismo siempre es algo que tiene que ser muy de cortito plazo. Lo que hay que hacer es ampliar derechos y dar trabajo. Para ampliar derechos, las políticas tienen que ser universales y nosotros apostamos al salario básico universal, que es un reconocimiento distinto a las modalidades del trabajo: a los trabajadores informales, a la economía del cuidado (fundamentalmente a las mujeres), a los estudiantes más pobres y a la población rural. Y esto también beneficiaría a sectores medios y bajos que han perdido su poder adquisitivo. Eso es ampliar un derecho, no es asistencia. Y después, el desarrollo de la economía popular, que va por un carril paralelo, pero vinculado: tiene que ver con la inversión productiva para poder desarrollar actividades fundamentales como el reciclado o el saneamiento, la integración urbana de los barrios populares, las pequeñas manufacturas como la textil, los cuidados comunitarios de niños y ancianos. Tenemos que sacar por ley un plan de desarrollo integral de ocho años donde toda esa gente que tendría que cobrar ya el salario universal, se vaya incorporando de a 500 mil personas por año a la economía popular organizada, planificada y definida hacia metas estratégicas por el Estado.
—El triunfo de Castillo en Perú y la constituyente en Chile tiran por el suelo el discurso de «fin de ciclo progresista», que en su momento intentó instalar la derecha regional. Incluso pareciera que se abre un nuevo ciclo popular en América Latina. ¿Cuáles son las tareas pendientes en términos de integración regional para esta nueva etapa?
—Nuestro espacio político se llama Frente Patria Grande: para nosotros, no hay destino posible para la Argentina sin unidad latinoamericana. Puedo decir que, en ese punto, el Gobierno ha tenido una política muy acertada: se fue del Grupo de Lima, reconoció la victoria de Castillo en Perú, ayudó a Evo Morales y a Lula en sus malos momentos. Es decir, es un gobierno que, en términos de orientación geoestratégica, comparte los mismos postulados que nosotros, pero ahora tenemos que avanzar en cuestiones concretas: proyectos de infraestructura, proyectos educativos conjuntos, en intercambio técnico y científico. En eso hay un consenso fuerte y espero que en esta segunda etapa que se va a abrir dentro de la coalición del Frente de Todos se pueda avanzar en estos temas. Y el otro eje es reconocer la necesidad de darle mayor participación al pueblo en las decisiones. Por eso, los procesos constituyentes han sido tan ricos. Yo creo que la Argentina necesita un proceso constituyente; efectivamente en este momento yo no veo que haya condiciones, pero necesitamos un proceso constituyente. Y abrir las puertas de las instituciones a los sectores populares, a los que no tienen voz. Por eso, yo nunca me presento de candidato, porque creo que hay que expresar otras voces, no la de un abogado militante que tiene dos carreras universitarias. Nosotros impulsamos a una cartonera de Villa Fiorito, como Naty Zaracho, a Elsa Yanaje, una horticultora del Cinturón Verde de La Plata, a compañeras trans de los sectores populares (porque mucho cupo trans, pero en el Congreso no hay ni una), impulsamos a Jackie Flores, una compañera ambientalista de base, o a emergentes nuevos del feminismo popular como Vicky Freire. Nuestros candidatos y candidatas son gente que viene de los sectores populares o los nuevos emergentes políticos. Sectores y procesos que no están representados hoy en la política. Aplicamos la doctrina de Perón de las tres ramas: la sindical (que hoy es la economía popular), la femenina (que podría ampliarse a las mujeres y diversidades) y la rama más política que son sectores universitarios con una orientación de compromiso con el pueblo y la definición de confrontar con los poderes fácticos.
*Por Yair Cybel para El Grito del Sur / Imagen de portada: El Grito del Sur.
