#JusticiaParaSathya es investigar a quienes no la escucharon
Daniela Morales Leanza fue la abogada querellante de dos causas que resonaron en Córdoba en los últimos meses: el femicidio de Giuliana Silva y el abuso sexual agravado seguido de muerte de Sathya Aldana. Junto a las familias de las víctimas, lograron penas máximas, sentando precedentes para abordar los abusos sexuales de las infancias. Conversamos con Daniela sobre las pasiones, compromisos y el incumplimiento del debido proceso de les funcionaries judiciales.
Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta
El 3 de junio de 2021, Rodolfo Tissera fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Giuliana Silva, ocurrido en julio de 2019 en barrio Suárez de la ciudad de Córdoba. Casi un mes después, el viernes 2 de julio, terminó el juicio contra Walter Insaurralde por abuso sexual agravado seguido de muerte de Sathya Aldana. Las dos situaciones están atravesadas por fatales violencias patriarcales y comparten la inoperancia de funcionaries del Poder Judicial. Daniela Morales Leanza fue la abogada querellante en ambas causas.
En el año 2017, en una clase de Educación Sexual Integral (ESI), Sathya Aldana contó que su progenitor abusó de ella durante seis años. La escuela notificó a su familia, que no dudó en apoyarla. Lo denunciaron en el Polo de la Mujer, donde Sathya prestó declaración, interviniendo la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual 2do Turno a cargo de Ingrid Vago. Si bien en los primeros meses se ordenaron una serie de medidas, durante más de dos años, la causa estuvo inmóvil. Con el grave daño en su salud mental, Sathya tuvo que soportar la inacción de la (in)justicia, la libertad de su progenitor, las reiteradas revictimizaciones por parte de la fiscalía. En enero de 2020, se suicidó.
El pasado viernes 2 de julio, el grito colectivo se alzó en Tribunales 2, en las redes, en el barrio. Walter Insaurralde fue condenado en un juicio histórico sin precedentes en el país. La Cámara Tercera del Crimen de Córdoba junto al veredicto del jurado popular introdujeron la figura del abuso sexual seguido de muerte responsabilizando a Insaurralde por los abusos reiterados y por el fallecimiento de Sathya, sentenciándolo a cadena perpetua.
La condena fue el resultado de un trabajo de hormiga realizado por Daniela junto a Nancy, la mamá de Sathya, quien murió el 21 de junio pasado, días antes de conocerse la sentencia. Se fue con la firme convicción de que el juicio resultaría favorable: “El día que falleció, estábamos hablando con Nancy. Me había quedado todo el día con ella en el hospital y me preguntó si 35 años era perpetua. ´No, son 50 años´, le dije. Me miró, miró el techo y dio un suspiro que sacó todo, respiró la paz que necesitaba, sonrió y dijo: ´Se hizo justicia´”, narra Daniela.
—Nancy y vos hicieron un gran trabajo, que no hizo la justicia, para probar el delito. ¿En qué estado estaba la causa cuando comenzás a intervenir?
—Cuando yo tomo participación en la causa, Sathya ya había muerto, no había nada. Solo teníamos la denuncia de Sathya, un croquis de la casa del abusador, la declaración de Nancy cuando la acompañó a Sathya y el testimonio de un preceptor que da cuenta del relato de Sathya en el colegio. Nosotras hicimos el trabajo del fiscal: ir al barrio, involucrarte con la familia, empezar a hablar con las amigas. Empezamos a armar este rompecabezas y a buscar los testigos. Todas las pruebas de la instrucción las aportamos Nancy y yo.
Apenas murió Sathya, la fiscal Ingrid Vago nos dice que no habían hecho la pericia de rigor psicológica a ella y al abusador. Tampoco había imputación. Aportamos la historia clínica de Sathya, llamaron a la médica tratante para que dé su testimonio. La aportamos como querellantes, la fiscalía no hizo el estudio.
Las peritas hicieron entrevistas socioambientales a familiares y amigos, los últimos que la vieron con vida o que conocieron en vida a Sathya. Esa pericia arrojó que los abusos gravísimos que sufrió le generó un estrés postraumático que le provocaba flashback y que fue desarrollando una enfermedad que terminó en el suicidio. Eso nosotras lo veníamos denunciando y lo pudimos probar.
—¿Por qué creés que el fiscal Marcelo Hidalgo decidió hacer finalmente el cambio de carátula?
—Antes de que eleven el juicio, peleábamos por la detención de Insaurralde, pero nos decían que no había peligro procesal porque el tipo no molestaba y no interfería en el proceso, entonces, no había forma de que se lo detenga. Hablé con algunos abogados y me decían que el suicidio no es un delito y que no lo iban a imputar por eso.
Cuando hacen la calificación y lo elevan a juicio en diciembre pasado, no ponen “grave daño a su salud mental” y, más allá de que estaban todos los agravantes, yo quería que se dé cuenta de esto, pero Nancy estaba peor de salud, entonces, decidimos que en el juicio íbamos a ir demostrando todo. Cuando el fiscal leyó todo eso, él también entendió lo mismo que yo y planteó que pedirían la ampliación de la calificación. Lo que el fiscal vio es lo que estaba en el expediente y que el error lo cometió la fiscal de instrucción al no elevarlo correctamente.
—Sabiendo que hay muchas personas en la situación de Sathya que no llegan a conocerse y no encuentran acompañamiento, es un precedente muy importante.
—Cuando alguien se suicida, se dice que fue “la gota que rebalsó el vaso” y siempre se la ve como una muerte multicausal. Pero acá las pericias y el informe psicológico, los testimonios y la historia clínica hablaban de que la muerte fue la única salida que encontró a ese dolor. Eso es lo que ve el fiscal y lo que se demostró en el debate: en este caso en particular, la única causa de la muerte, el único problema que tenía era el daño a su salud mental. El suicidio es una consecuencia de esa enfermedad a partir de los abusos a los que estuvo sometida. Era una cadena de tres eslabones: el abuso, el daño a su salud mental y el suicidio como consencuencia de eso. Logramos probarlo.
Es histórico porque es la primera vez que se condena a una persona por el suicidio de una víctima como consencuencia de los abusos. Un suicidio, en realidad, no es un homicidio, es decir que no está el dolo. Pero el dolo sí está en el riesgo creado por los abusos. Esto es lo que se demostró y eso es lo histórico.
—Pero, además, hay otros elementos interesantes…
—Sí. En primer lugar, visibilizar los graves daños y consecuencias que tienen los abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, evidenciar que debe haber un agravante en los abusos sexuales cuando la víctima es mujer, porque es una cuestión de género. Culturalmente, se entiende a las mujeres como objetos sexuales, entonces, hay que entender el abuso con perspectiva de género.
El otro punto es la ESI. No puede haber más discusiones, la ESI debe de estar en las escuelas. Ahí hay un cambio cultural porque son delitos muy intramuros. Hay una cultura del callar, de la vergüenza, entonces, es importante saber que lo que a mí me pasa no es porque esté loca o enferma, sino que es la consecuencia de lo que me hicieron. También es un aliciente para que las víctimas puedan hablar, confiar. Otra cuestión es pensar cómo damos el tratamiento ante la denuncia de una niña o estos temas de abuso. Debe haber credibilidad, entender como sociedad que, cuando los niños dicen, es verdad.
Desde lo legal, fue histórico también por demostrar el tratamiento que no se dio y se debería haber dado. Sathya podría estar viva si la justicia hubiera respondido. Porque Sathya, en ese dolor, buscó dos remedios que la podrían haber curado: el perdón del padre, tratando de reparar ese daño, porque quien la dañó era una persona que ella amaba, entonces, buscaba el arrepentimiento. Eso no lo logró, y el otro remedio era la justicia. Ella hizo todo lo que tenía que hacer y le dolía que no pasara nada. Entonces, quizá en ese camino de tanto dolor, si la justicia lo detenía y condenaba al padre, hay otro tipo de tratamiento y contención.
—Considerando la acusación de inoperancia de les funcionaries judiciales, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir?
—En el caso del femicidio de Guiliana Silva, realicé una presentación ante el fiscal general solicitando que se investigue si hubo o no incumplimiento de deberes públicos, que es un delito penal. Aquí procederemos igual. Si la respuesta se justifica, entonces hay un incumplimiento de los deberes. También hay responsabilidad del Estado por los incumplimientos de los tratados internacionales, la Convención de Derechos del niño, entre otros. Hay responsabilidad internacional del Estado por no haberle dado el tratamiento y la celeridad del proceso como indican los tratados que ha ratificado la Argentina.
El fiscal tiene que iniciar de oficio el proceso. Pero, evidentemente, vamos a tener que empujar a la justicia de nuevo y lo vamos a hacer con Nano, el hermano de Sathya, que en unos días cumple 16 años y yo soy su abogada también.
—Tu lugar ha trascendido al tradicional rol de abogada.
—Para mí, ha sido increíble estar ahí y acompañar a la familia. Hay que desmitificar que empatizar con el otro y desvincularse de lo profesional es de tibios. Si no me vinculo con ese otro, no hay forma de que pueda de verdad entender su dolor, sentir pasión por el trabajo y que quiera laburar. No se puede hacer justicia de escritorio, nada se puede hacer de escritorio.
Pensar también el laburo desde otro lugar, no solo por esas personas, sino porque a mí también me llena. Esto me llenaba, me daba mucho más que el dinero, se trata de ayudar a cambiar hoy una situación de una nena y evitar un suicidio. En el camino, vas pudiendo ayudar a otros, estamos salvando vidas. Es mentira que es tibio o débil vincularse afectivamente y que no te permita trabajar bien. Es tibio no sentir amor o no sentir empatía.
*Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón para La tinta.
