El Estado colombiano comete un “genocidio continuado”
El Tribunal Permanente de los Pueblos falló en contra del Estado colombiano, al que acusó de cometer un genocidio sistemático contra la población desde hace décadas.
Por Berta Camprubí para El Salto Diario
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) publicó el jueves 17 de junio el fallo de la que ha sido su 48ª sesión por genocidio político y crímenes contra la paz por parte del Estado colombiano. En el documento, leído por el jurado, pero aún no divulgado públicamente, el TPP condena “a los sucesivos gobiernos de Colombia desde 1946 por su participación directa e indirecta en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano (…) en particular, a los movimientos sindicales y campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes”. Así lo declaraba Philippe Texier, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, y jurado de este tribunal popular.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, heredero del Tribunal Russell que, en el año 1967, investigó y juzgó la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam, es un tribunal en parte simbólico, sin ningún poder vinculante, como han reiterado varios de sus miembros en esta sesión. Sin embargo, la sentencia leída se convierte en un importante “instrumento pedagógico” que más adelante, según afirmó Gianni Tognoni, filósofo italiano miembro del TPP, llegará a manos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea (UE) y otras instancias internacionales.
Además, lo primero y más urgente que se hará con el fallo será su entrega a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, ambos mecanismos del Acuerdo de Paz firmado el 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, sistemáticamente incumplido por el actual gobierno de Iván Duque.
Antoni Pigrau, doctor en derecho y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y miembro del jurado del TPP, explicó que “el aspecto central de la sentencia del TPP es la caracterización del conjunto de hechos analizados durante el largo período histórico que ha sido objeto de esta sesión, como un genocidio continuado cometido contra una parte del grupo nacional colombiano”. Pigrau denunció que “la construcción de un proyecto de reorganización social a través del terror, en el que la comisión de muchos de los crímenes concretos denunciados, que pueden ser calificados en sí mismos como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, se subsume en el crimen, central en este análisis, de genocidio”.
50 casos documentados de exterminio
Entre el 25 y el 27 de marzo de este mismo año, el jurado del TPP, compuesto principalmente por activistas, juristas y académicos de distintas nacionalidades, entre los que resaltaban la activista francesa Mireille Fanon-Mendès o la periodista italiana Luciana Castellina, escuchó 50 casos extensamente documentados sobre genocidio político y crímenes contra la paz en Colombia. Las audiencias se celebraron en Bucaramanga, Bogotá y Medellín, con numerosos momentos de tensión emocional por la gravedad de los hechos relatados por representantes de organizaciones sociales y comunidades tradicionales, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hasta el Consejo Regional Indígena o el Proceso de Comunidades Negras. Se relataron masacres y exterminios ya destacados y ampliamente conocidos de la historia colombiana, como la Masacre de las Bananeras de 1928, relatado por García Márquez en Cien años de soledad, o el genocidio contra la Unión Patriótica de las décadas de 1980 y 1990.
Testimonios, líderes sociales, investigadores universitarios, estudiantes, madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, víctimas de desaparición forzada, de desplazamiento forzado… Fueron tres días de un ejercicio imprescindible de memoria histórica y reparación simbólica. En entrevista con El Salto, al acabar las tres jornadas de la sesión, Philippe Texier aseguró que “el Tribunal es una herramienta que crea puentes dialécticos entre lo existente y lo que debería ser para, efectivamente, respetar los derechos de los pueblos. Es una pelea de largo plazo ante una crisis del derecho internacional”. Por su lado, Mireille Fanon-Mendès, hija del pensador Franz Fanon, aseguró que “si decimos que hay crímenes contra la humanidad, lo tenemos que justificar con argumentos legales, por eso, este proceso no es exactamente simbólico”.
Fanon-Mendès, quién ya participó como jurado del TPP en dos casos sobre guerra sucia y presencia de multinacionales en México, uno en Canadá que condenó la violación de derechos humanos vinculada a la minería y el proceso que juzgó las políticas migratorias europeas, aseguró para el caso de Colombia que “los documentos presentados son muy fuertes, con mucha información. Nada de lo que se ha dicho no es verdad. Estoy muy impresionada por la calidad de los casos, de los archivos, el contenido que nos han dado, ha habido un muy buen trabajo de los estudiantes, sindicalistas, comunidad LGTBI, indígenas, comunidades negras, etc.”.
Un fallo para la memoria histórica
“La población civil es blanco prioritario de la guerra contra-insurgente estatal bajo la estrategia de ‘quitarle el agua al pez’, traducida en acciones sistemáticas de destrucción al pueblo”, dijo el jurado. En el fallo, se nombran las prácticas cómplices entre fuerzas armadas y grupos paramilitares, el desplazamiento de más de ocho millones de personas de sus territorios, y se destaca la figura del ex presidente Álvaro Uribe Vélez que, según narró Philippe Texier, “es la figura que mejor representa lo que se ha venido narrando hasta ahora”.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 2002 y 2010, hubo 24.072 desaparecidos, 6.530 asesinatos selectivos, 403 masacres, más un mínimo de 6.042 falsos positivos, de los que puede ser responsabilizado directamente Uribe, según el fallo del TPP, quien era presidente en ese periodo.
Se señaló también, como remarcó la abogada y activista de los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua, Lottie Cunningham, que “este fallo visibiliza la violencia contra mujeres, niñas, periodistas y defensoras de derechos humanos. Y es que las mujeres defensoras enfrentan riesgos y obstáculos adicionales por el estereotipo de género”. Entre 2017 y 2019, 107 mujeres lideresas sociales y defensoras del territorio han sido asesinadas y por lo menos 37 sufrieron tortura y violencia sexual. En estos dos últimos meses, han sido asesinadas dos autoridades tradicionales del pueblo originario nasa en El Cauca y una comunicadora comunitaria a manos de las disidencias de las FARC u otras guerrillas que funcionan bajo los intereses del narcotráfico.
El fallo del TPP busca en sus preámbulos contextualizar la guerra sufrida en Colombia desde hace tantas décadas. Andrés Barreda Marín, maestro en Sociología y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, leyó cómo “en los años 1940, se abrió un nuevo horizonte de dominación política sobre Colombia por parte de los Estados Unidos. Desde entonces, Estados Unidos define Colombia como el principal territorio de acceso al control bio-oceánico de América del Sur”. Desde estos términos, el fallo denuncia la “convergencia entre los intereses extractivistas de las élites colombianas y los intereses geoestratégicos estadounidenses que, desde 1950, comienzan a escalar década tras década la naturaleza y los niveles de la violencia, que ejerce la oligarquía colombiana y su Estado en contra del pueblo de Colombia; es a partir de esta complicidad que propiamente inicia lo que hoy reconocemos como un genocidio continuado”.
El fallo también destaca en numerosas ocasiones la gravedad de la impunidad con la que todas estas vulneraciones permanecen. “Se ha construido una cultura en la que no solamente la vida de los vivos se desprecia, sino que se ha llegado a pagar recompensas monetarias o en especie de acuerdo con el número de personas muertas entregadas. Y se ha garantizado la impunidad a instigadores, financiadores, autores y cómplices de los crímenes”, detalló Antoni Pigrau.
Asimismo, destacó la pobreza estructural y la concentración de la riqueza que causan y siguen perpetuando el conflicto. Y las por lo menos 76 personas asesinadas y cientos de desaparecidas durante las masivas movilizaciones del Paro Nacional desde el 28 de abril, que pueden entenderse solamente teniendo en cuenta la tradición de violencias estatal que caracteriza a Colombia. Simbólico o no, ver escrita y sentenciada una condena al Estado colombiano es para muchos y muchas reparador. Y, como herramienta de los pueblos, ayudará a construir el relato de la guerra vivida y aun presente, nombrar y señalar responsables y afectados, y caminar en dirección a que un día la justicia ordinaria pueda celebrar un proceso, si no igual, que se le parezca.
*Por Berta Camprubí para El Salto Diario / Foto de portada: Daniel Garzon Herazo – ZUMA Wire
