¿Qué hay de nuevo en los conflictos por la tierra?
¿Acaso alguien osa poner en cuestión la propiedad privada de la tierra? En el espiral de despojo que parece no tener límite, la conflictividad territorial asume diferentes fases. Por redes, nos llegan resistencias a desalojos en todo el país. La noche más fría, una familia fue desalojada en plena pandemia en la costanera de Córdoba. ¿Cómo operan en esta coyuntura el extractivismo y la dueñidad?
Por Anabella Antonelli para La tinta
Los conflictos por la tierra estallan, quedan en estado de latencia, siguen por vías menos visibles, vuelven a estallar. “El año pasado, para esta época, había unos 17 conflictos urbanos por el acceso a la tierra y la vivienda en la ciudad de Córdoba”, dice, en conversación con La tinta, Andrés Demaría, abogado integrante de Encuentro de Organizaciones.
La pandemia por COVID-19 y las restricciones de circulación impuestas por la emergencia sanitaria hicieron saltar la térmica. El Poder Judicial ensayó nuevas herramientas para desactivar conflictos, mientras los gobiernos criminalizaban tomas de tierra, desentendiéndose del derecho y la necesidad de tierra para vivir.
Después del saqueo y el despojo originario con la invasión europea a nuestro territorio, la tierra se constituyó como un eje de conflicto. Lo que llamamos Argentina tiene más de 3.500 kilómetros de extensión de norte a sur, siendo el octavo país más grande en extensión, con escasa densidad poblacional. Sin embargo, el proceso creciente de concentración de la tierra configura un territorio para algunes y la expulsión a ningún lado para las grandes mayorías.
El problema es estructural, “pero, al menos desde 1976, implica que la tierra se va valorizando en una lógica del mercado financiero, ya no del mercado de bienes, entonces, se despega muchísimo del valor de los salarios” –explica Sergio Job. “Eso hace que la concentración y la exclusión sean cada vez mayores y se vayan agudizando”.
Sergio es militante de Trabajadorxs Unidxs por la Tierra y Coordinador regional en la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para él, las tomas de tierra existen porque el Estado abandonó “una lógica del Estado planificador y, sin planificación de crecimiento ni de las ciudades ni de la ruralidad, hay una forma de construcción de los espacios de hábitat que reflejan la relación de fuerzas de la lucha de clases. La ciudad y el campo son una radiografía de la lucha de clases, donde, además, vamos perdiendo”.
Las dinámicas extractivistas y de dueñidad se despliegan con fuerza y legitimidad coartando los márgenes de despliegue de la vida. La tierra sólo es entendida como un bien de mercado, un espacio de especulación. Los conflictos por la tierra son las expresiones de la desesperación de la defensa de la vida. En la mayoría de los casos, no se trata de luchas ideológicas, sino de la posibilidad de existir.
Ramona Orellana Bustamante, que se hizo una con el monte el pasado 18 de junio, se convirtió en símbolo de lucha frente a un modelo de producción que se traga las tierras campesinas con arrogancia, a punta de pistola y con la complicidad del Poder Judicial y político. Un modelo que se sostiene con la violencia patriarcal y cae con fuerza sobre el cuerpo territorio de las mujeres e identidades disidentes, que se levantan para enfrentarlo, como nos enseñó Ramona.
El 15 de junio de este año, en plena costanera de la ciudad de Córdoba, Lorena y su familia esperaban. Vivían en barrio Providencia “desde siempre”, porque la mamá de Lorena, de 83 años, llegó a vivir a esa tierra cuando tenía 15 años. Mientras nos maravillábamos por las postales blancas de la nieve y en plena pandemia, un abogado con papeles en mano les informó que serían desalojadas y derribó la casa en la que vivían ella, sus siete hijes, su nuera embarazada, su madre y su hermana con cinco hijes y nietes.
“Yo vivía hace 31 años ahí, nacimos y nos criamos porque esas tierras eran del Río Suquía” –explica Lorena. “Cuando llegó mi madre, eran asentamientos grandísimos que abarcaban desde el puente Cantón hasta el puente Santa Fe”.
Les dijeron que alguien compró la tierra y un abogado de apellido Ramallo “fue el que nos desalojó y nos tiró a la calle el día más frío. Nos quedamos en la costanera porque no teníamos dónde ir”, cuenta la mujer que hoy sigue esperando que algo suceda a su favor, en un hospedaje municipal para personas en situación de calle. “Injustamente, estamos en la calle, que alguien nos ayude, que no nos dejen en la intemperie. Que alguien del gobierno nos dé una mano, porque necesitamos y tenemos derecho como todos”, pide.
La violencia económica de género tiene una expresión concreta en el acceso a la tierra y la vivienda. Existe un abuso de especuladores, dueños e inmobiliarias que se aprovechan de situaciones críticas para desalojar, amenazar, no renovar contratos de alquiler, maltratar o amedrentar a las habitantes. La violencia propietaria se expande.
Hay espacios de vida producidos por las propias personas en comunidad, como es el caso de los asentamientos. Sin embargo, para las teóricas Verónica Gago y Luci Cavallero, “estos espacios autoconstruidos se han transformado en una reserva de tierra para un nuevo corrimiento de frontera del complejo financiero-inmobiliario. Son espacios más fáciles para desalojar, son más baratos para producir esta expansión”.
“La conflictividad en torno a la falta de acceso a la tierra y la vivienda es latente y estructural. Hay una definición de no hablar de la tierra y la vivienda, no está en la agenda pública, política ni mediática”, explica Andrés Demaría.
Además de no hablar, se procede a la criminalización. Durante los conflictos en 2020, el Ministerio Público Fiscal utilizó medidas cautelares de desalojo preventivo. Con esta orden, las personas involucradas en la ocupación, hayan usurpado o no, deben retirarse cautelarmente del predio, hasta tanto se resuelva si participaron en el delito y son culpables. Así, les ocupantes pierden la posesión de hecho, que es lo único que tiene el poseedor.
Sin embargo, “no se llegó a ejecutar ninguna de esas medidas, los desalojos que hubieron fueron ilegales, no hubo proceso judicial completo ni la orden de las fiscalías, siempre fueron personas mandadas por quienes reclamaban la tierra y a la fuerza”, explica el abogado.
El 13 de mayo de este año, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) inició la construcción de un salón comunitario en barrio Urquiza, en un terreno cedido por un vecino, legítimo poseedor de la tierra. Móviles de la Policía de Córdoba se presentaron en el lugar e interrumpieron las tareas. En un operativo sin orden judicial, instaron a que paralizaran la obra bajo amenazas de detención. Actuaron de oficio, sin denuncia de terceros y la fiscalía emitió inmediatamente una orden de no innovar.
“Eso da la pauta de cuáles son las directivas con las que siguen funcionando hoy. Ese conflicto se frenó porque el ferrocarril es tierra fiscal federal, entonces, va a pasar a los juzgados federales y ahí hay una fiscalía especializada en ocupaciones de tierra. Si era tierra privada, la hubieran desalojado”, señala Demaría.
Los conflictos territoriales hoy pueden agruparse en cuatro grandes líneas. Por un lado, los urbanos, donde la Ley 27.453, que estableció el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana, es una herramienta legislativa que construyeron los movimientos sociales para frenar desalojos, “como remedio judicial, un parche no estructural” -explica Job. “Hoy, hay otro nivel de institucionalización, de espalda, entonces, el conflicto de tierras se vuelve más serio y más ideológico”.
Un segundo grupo de conflictos son los que involucran a las comunidades originarias. “Están enmarcados en la Ley 26.160, que también tiene una suspensión de desalojo, pero en Córdoba no hay convenio entre nación y provincia, entonces, no se hizo el relevamiento que se requiere para estar incorporados en el registro” -señala el abogado. “Entonces, están a la buena de dios que no es tan buena ni es de dios, es muy mala y es de los sectores concentrados que llegan con armas, patotas y a los tiros”. El desconocimiento y el prejuicio de las fuerzas policiales y el Poder Judicial genera que no sepan o quieran aplicar las leyes existentes.
Los conflictos rurales y campesinos por la defensa de la tierra constituyen un tercer grupo de conflictos. Si la conflictividad urbana se relaciona con nuevas generaciones sin techo que buscan un lugar donde vivir, en el campo, está atada al avance tecnológico, como nuevas semillas resistentes a distintos climas, que permite correr las fronteras productivas. “Son casos particulares los cinturones verdes frutihortícolas, ahí el problema es que son inquilinos que pagan un precio altísimo y, en general, no tienen contratos formales, y a veces los quieren echar en plena siembra”, continua Job. En este caso, la Ley de Agricultura Familiar tiene un remedio judicial para impedir el desalojo, “pero los tribunales hacen una mala aplicación de la ley de fondo y en general, como no pueden demostrar que existió delito cuando van por la vía penal, ordenan el desalojo como medida precautoria”.
Finalmente, están las apropiaciones privadas de los bienes comunes, como los ríos o zonas protegidas. “La Ley de Bosques sería un remedio, pero invocan derechos anteriores, dicen que tienen derechos adquiridos y una ley posterior no puede venir a restringirlos”, explica.
Para Sergio Job, el problema es por la ausencia del Estado en términos de regulación: “Tiene que haber una intervención profunda y planificadora de crecimiento, un proceso de redistribución poblacional que descongestione las ciudades, repueble el campo, con una propiedad colectiva productiva, con planes de urbanizaciones con acceso a servicios” –expresa. “Hoy, en esta región, se replica la lógica de bandas parapoliciales junto con la policía, en complicidad con el sistema judicial, despojando a los débiles de la tierra para dárselo a los sectores concentrados, financieros, que vienen concentrando tierra a lo loco”.
El 11 de mayo pasado, familias nucleadas en la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y la Unión Campesina del Norte (UCAN) pusieron fin a un nuevo proceso de usurpación del empresario René Antonio Fassi en el Paraje El Escondido, Departamento Río Seco, en el norte provincial. Leonardo Ortiz, legítimo poseedor del campo, se vio asediado por Fassi, quien montó un campamento a 500 metros de su vivienda.
“A ese ´Macho Patrón cojudo´, tropillero, pero no por los caballos, sino más bien por lo ´atropellador´, es al que echamos las familias campesinas organizadas. Como siempre pasa, la mayoría eran mujeres madres al frente, para enfrentar la prepotencia con justicia, la popular. Así, el fabulador y embaucador, René Fassi, se fue por donde vino, con sus motosierras, con su Hilux y sus perros tanto humanos como caninos”, escribió Daniel Martínez, integrante de la FOB.
Vivimos la dinámica constante de avance del despojo y de resistencias de espacios de vida. “Son conflictos de clase, entonces, tiene que ver con la capacidad de la clase de estar organizada y resistir, o con la clase dominante de imponer sus condiciones. Cada vez más cantidad de población estamos acorralades en todo el continente, cada vez hay más migración forzada por cuestiones ambientales y violencia territorial” –señala Job. “En Argentina, hay un proceso organizativo previo que permite tratar de ponerle un freno. Yo creo que no lo estamos logrando, pero creo que están habiendo señales de resistencia y eso genera una respuesta de mayor virulencia, porque no están dispuestos a frenar la frontera agrícola, ganadera y la especulación inmobiliaria”.
De las resistencias más importantes de esta etapa, los feminismos tienen un lugar protagónico. En la mayoría de los conflictos, quienes están adelante son las mujeres. Entender el despojo como parte de una violencia capitalista, patriarcal y racial, ha posibilitado la generación de alianzas y tácticas para la defensa de la tierra y la construcción de espacios de vida, y para un autocuidado comunitario ante el avance extractivo.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
