Colombia: entre el terrorismo de Estado y la rebeldía popular
Miles de personas se encuentran movilizadas en toda Colombia. Aunque la represión estatal crece, el pueblo no se amilana y demanda un profundo cambio en el país, asolado por la pandemia y la pobreza.
Por Sergio Segura, desde Colombia, para La tinta
El retiro del proyecto de reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda y más de 30 asesinatos cometidos por la policía colombiana, son algunos de los resultados parciales de las arduas jornadas de lucha que vive el pueblo colombiano desde el pasado 28 de abril. La represión policial ha sido descomunal. Aunque están siendo militarizadas las ciudades, este 5 de mayo el Paro Nacional continúa.
El paro nacional ha estado motivado por el proyecto de reforma tributaria llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”, presentada al Congreso por el Ministerio de Hacienda. Según el radicado de nueve puntos, el objetivo es recaudar 23,6 billones de pesos (6.800 millones de dólares) y así reactivar la economía golpeada por la pandemia: 17,6 billones de las personas naturales, 1,5 billones a través del IVA (impuesto sobre el valor agregado), y otros tres billones con impuestos a las personas jurídicas.
Este proyecto es la continuación de la Ley de Financiamiento (2019) y de la Ley de Crecimiento Económico (2020), un tercer intento del gobierno por redondear los números que le permitan demostrar solvencia, capacidad de endeudamiento y mantener el país por fuera de las consultoras de riesgo. La mayor contrariedad del articulado es que el aumento de los impuestos recae en la clase trabajadora, donde se grava con un IVA del 19 por ciento los alimentos y productos de la canasta básica, los libros, el combustible y hasta los servicios funerarios.
Otro de los puntos que ha causado mayor indignación es la declaración de impuesto de renta para quienes devenguen en pesos colombianos más de 1.700.000 (470 dólares), lo que hasta hoy solo pagan quienes tienen un salario mayor a los 3.900.000 (1.050 dólares), en un país donde el salario mínimo es de 908.526 (248 dólares).
El proyecto de reforma tributaria fue el detonante de las movilizaciones y revueltas populares, sin embargo el aumento de la pobreza (22 millones de personas, 10 millones en pobreza extrema) y el desempleo, la mala gestión de la vacunación (2,9 millones de contagios, 75.000 fallecidos), y el cúmulo de atrocidades cometidas por las fuerzas armadas, fueron las principales razones para que la rabia se haya hecho sentir en las calles.
En este punto, cabe recordar que el gobierno compró unos innecesarios aviones de guerra que costaron, al menos, un 60 por ciento de lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria. Asimismo, el despilfarro con la renovación de vehículos oficiales y con las estrategias para levantar la imagen presidencial, que tiene un 70 por ciento de desaprobación, dan cuenta de los verdaderos responsables de la crisis. El ahora ex ministro Alberto Carrasquilla obedecía a Álvaro Uribe y a los banqueros, por lo tanto es un déficit fiscal provocado: Iván Duque y Carrasquilla son responsables de desfinanciar el Estado.
Cabe recordar que Carrasquilla es conocido por estafar, endeudar y empobrecer con los “bonos de agua” a 117 municipios cuando fungía como ministro de Hacienda del primer gobierno de Uribe.
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Una dictadura uribista
Con los ánimos caldeados, iniciando las movilizaciones del paro, el ex presidente Álvaro Uribe realizó un trino donde pidió respaldo social para que a militares y policías les permitan disparar armas de fuego en las movilizaciones. Aunque Twitter censuró la publicación, Duque obedeció. Acto seguido del trino, en medio de las masivas protestas, Duque se pronunció públicamente: en vez de estar acompañado de su gabinete, como de costumbre, habló acompañado del general Eduardo Zapateiro, ordenando a alcaldes y gobernadores permitir el ingreso del ejército bajo la figura de “asistencia militar”.
Diferentes juristas señalan que la protesta social, al no ser un fenómeno de calamidad pública, no debe implicar una intervención militar, por lo cual no pueden desplazar a la policía. Que Duque les haya entregado la ciudad de Cali a los militares es una situación que no está permitida ni en la Constitución ni en los pactos internacionales de derechos humanos.
Ahora bien, aunque ha sido difícil tener datos definitivos, ya que los hechos se actualizan permanentemente, sumado a que el gobierno no está interesado en difundir datos oficiales de la situación humanitaria, diferentes reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos registran hasta el 4 de mayo, 31 homicidios, 89 desapariciones (18 en Bogotá), 1.181 casos de violencia policial, 142 casos de violencia física, nueve de violencia sexual, 761 detenciones arbitrarias y 17 víctimas de agresiones oculares. Por su parte, el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció apenas cuatro homicidios y manifestó no conocer denuncias por desapariciones.
Hay que señalar que, en las últimas horas, diversos medios de comunicación demostraron con audios que el ejército cuenta con una oficina en la Defensoría del Pueblo, lo que significa que es otra de las instituciones estatales cooptadas por el uribismo: con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a su favor, difícilmente nos podemos imaginar un camino distinto al de la impunidad.
El general Zapateiro, acompañado del ministro Molano, se pronunció frente a la situación: “Felicito y agradezco al ESMAD, son héroes vestidos de negro”. De esta manera, la ultraderecha colombiana busca recrudecer la violencia y aprovechar el desabastecimiento para justificar la “conmoción interior”.
Cali calentura
Cali ha sido la más golpeada por los asesinatos policiales en los últimos días, pero también ha sido una ciudad digna y combativa. Días antes de iniciarse el paro, el ESMAD estaba provocando a los estudiantes, saboteando una asamblea estudiantil que se desarrollaba en la Universidad del Valle, dando inicio a una confrontación que hasta el día de hoy no cesa.
Las movilizaciones en las ciudades han estado acompañadas de arte, música alegre y múltiples expresiones pacíficas, con las que artistas y organizaciones sociales manifiestan el descontento social. La acción directa también ha sido parte del paro desde el 28 de abril: vías bloqueadas, peajes y buses de servicio público incinerados, estatuas de colonizadores derribadas, piquetes en las carreteras, saqueos a entidades bancarias y supermercados de cadena, y daños a edificios del gobierno y la policía. Allí improvisan la forma de hidratarse, alimentarse, comunicar lo sucedido y de atender a los heridos con profesionales voluntarios en largas jornadas nocturnas de resistencia.
En la noche del 4 de mayo, la comuna caleña de Siloé denunció estar incomunicada y pidió difundir lo que callan los medios privados. Dicho nivel de confrontación ya se está expandiendo a otras ciudades. Por su parte, el general Zapateiro promete retomar el control.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que en plena misión de verificación en la ciudad, fueron hostigados a tiros por parte de la fuerza pública.
Nuevas estrategias de la extrema derecha
Alberto Carrasquilla renunció a su cargo como ministro de Hacienda tras el anuncio presidencial de retirar la reforma, sin embargo podría ir directamente a ocupar un alto cargo en el Banco de Desarrollo de América Latina.
El presidente Duque pidió al Congreso el retiro de la reforma para “radicar un nuevo proyecto fruto de los consensos”. El mandatario no tiene una estrategia distinta que desgastar la movilización social a punta de represión. Está en desventaja, y aunque anunció la apertura de un diálogo político, este será entre los partidos corruptos que buscan aprobar la reforma tributaria.
El gobierno no tiene más propuestas, por eso decidió la solución militar. Uribe la sustenta en la supuesta “revolución molecular disipada”, la última perla anticomunista y fascista importada del pinochetista chileno Alexis López Tapia, quien hace unos meses fue invitado a Colombia por altos mandos para impartir doctrina a los uniformados en la Universidad Militar.
Lo que viene
El paro ya no tiene vuelta atrás; cada día se suma más pueblo inconforme. El pliego de peticiones ahora es más amplio y pretende resistir a una nociva reforma a la salud, que el gobierno ha intentado que pase en silencio.
Duque tiene la posibilidad de evitar una tragedia mayor derogando la reforma tributaria de 2019; así, el sector petrolero, carbonero y financiero tendría que pagar más impuestos y se recaudaría de sectores acaudalados los recursos para alivianar la crisis. Gustavo Petro le ha pedido a Duque que desobedezca a Uribe, elabore un decreto de emergencia y se dedique el tiempo que le queda en el gobierno a avanzar con el plan de vacunación.
Las demandas crecieron, ya no es solo por la reforma tributaria. Movilizarse por el desmonte del ESMAD y la reforma policial tiene que ser una cuestión central de las luchas de hoy. La movilización debe buscar justicia por la masacre juvenil que lleva una semana. También se debe saber la verdad sobre las desapariciones y exigir la libertad inmediata de los luchadores sociales capturados. Al mismo tiempo, varios sectores políticos piden la renuncia del mandatario y proponen adelantar elecciones para salir de la crisis.
*Por Sergio Segura para La tinta / Foto de portada: Colombia Informa
