Gatillo fácil e impunidad
Mientras el papá de Isaías Luna se constituía como querellante por el asesinato de su hijo a manos de la Policía de la Provincia de Córdoba, la Cámara de Villa Dolores liberó a uno de los policías imputados en la causa por el asesinato de Joaquín Paredes, hace más de cinco meses. Gatillo fácil en pandemia, la construcción de la mala víctima y la represión que no cesa.
Por Anabella Antonelli para La tinta
Desde el 2020, vivimos tiempos (aún más) complejos. Uno de los relieves que atraviesan nuestros cuerpos en medio de la pandemia por COVID-19 es la experiencia de mayor control, acatando nuevas disposiciones con la intención manifiesta de reducir la propagación del virus. Organizaciones e instituciones alertaron rápidamente del riesgo que supuso y supone dejar el control de las medidas de aislamiento en manos de las fuerzas de seguridad, en un país que contabiliza 7.587 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde la vuelta a la democracia, según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
En el último informe publicado por la organización, con datos correspondientes al periodo que abarca entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19 de noviembre de 2020, se registraron 411 asesinatos bajo la gestión de Fernández, de los cuales, 348 ocurrieron después del inicio de la cuarentena, llegando a 1,19 muertes por día.
“Las medidas sociales adoptadas durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia. El resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos, de gatillo fácil en las calles”, escribieron.
En el escenario local, hubo casos que estremecieron a toda Córdoba. Uno de ellos fue el de Joaquín Paredes, en Paso Viejo, al norte cordobés. El 25 de octubre de 2020, agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que estaban reunidos en la calle escuchando música. Joaquín, de 15 años, fue asesinado por la espalda y otros tres jóvenes resultaron heridos.
El 31 de marzo pasado, trascendió que Ronald Nicolás Fernández Aliendro, uno de los policías responsables del asesinato de Joaquín, fue liberado tras pagar una fianza de $200.000. La decisión la tomó la Cámara de Villa Dolores, argumentando que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Aliendro junto a Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez están imputados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público, una acusación menor, ya que, en un principio, estaban imputados por homicidio agravado.
“Isaías era un buen pibe y no tienen derecho a quitarle la vida a nadie. Hay jueces, hay condenas, hay cárceles. Tenían que condenarlo y, luego, que pueda volver a empezar en la vida, pero ahora ya no puede”, expresó Wilson Luna, papá de Isaías, y agregó: “No defiendo lo que hizo, pero ejecutarlo con un tiro en la cabeza y poniéndole un arma no es digno”.
Isaías Luna, de 21 años de edad, fue la víctima en uno de los casos que tomaron trascendencia en un pequeño núcleo social. El 18 de diciembre de 2020, fue asesinado por el Sargento Ayudante Ariel Esteban Adavid, de la Policía de la Provincia de Córdoba, en Barrio Urca. “Mi hijo no era un delincuente, simplemente, era un pibe lleno de amor, lo quería todo el barrio”, dijo a La tinta su padre, quien se constituyó como querellante en la causa judicial.
Según los testimonios, ese día, tres jóvenes desarmados, entre ellos, Isaías, habrían ingresado en un domicilio en supuesta ocasión de robo. Desde la casa, habrían llamado a la policía y, al llegar un móvil, el Sargento Ayudante Adavid se bajó y disparó a la cabeza del joven, matándolo en el acto. Luego, habrían ingresado a la vivienda otros dos agentes, reduciendo a los otros jóvenes.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Dtto N°IV, Turno N° 3, a cargo del Sr. Fiscal Juan Pablo Klinger. Adavid está imputado por homicidio culposo y los otros agentes, por encubrimiento agravado. Las defensas de los policías argumentan que el joven se encontraba armado y representaba un riesgo, sin embargo, la querella presume que la escena está armada, ya que Isaías aparece con un arma sin número y, en su mano derecha, aunque él era zurdo.
La abogada de derechos humanos Victoria Sciloff acompaña la querella, presentada el pasado 26 de marzo. En conversación con La tinta, explicó que todavía “no llamaron a declarar a los imputados y, hasta que eso suceda, no podemos acceder al expediente, por eso, nos urge”. Pretenden pedir la elevación de la causa a juicio por homicidio agravado “y no por culposo como la carátula actual”, afirmó.
“El policía que disparó está imputado por exceso en la legítima defensa, pero nosotros planteamos que es calificado por uso de arma de fuego y abuso en el ejercicio de sus funciones, por ser miembro de la Policía de Córdoba, un agravante del Código Penal, ya que no cumplió con las normas y protocolos que limitan el uso del arma de fuego en situaciones potencialmente violentas como esa”, explicó Sciloff.
Resulta evidente que la clase socio-económica de las víctimas es uno de los tamices para despertar sensibilidad en el ciudadano medio argentino, pero no el único. La frase “algo habrán hecho” sigue teniendo una fuerza brutal para medir la potencia del crimen y la severidad de la pena. Esto, para la abogada Sciloff, se ve claramente en el Poder Judicial, donde “cambia el enfoque dependiendo si la víctima estaba robando o no”.
El asesinato de Isaías fue caratulado como culposo, “que es la misma escala penal que, por ejemplo, puede recibir una persona por un accidente de tránsito. Esto es absurdo porque acá hay normas que se tienen que cumplir, hay protocolos, leyes internacionales, nacionales y provinciales que regulan a los uniformados, y eso no se aplica y no se considera a la hora de evaluar su conducta en el hecho”, señaló Sciloff.
Decir que hubo un exceso “marca que hay algo mal, porque, si hay exceso, no se ejerció la legítima defensa, sino que se excedió de la misma. No hay legítima defensa, hay ejecución. No es un exceso, es un homicidio doloso y agravado, y da una diferencia en la escala penal y da como eventual pena una perpetua”, concluyó.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
