“Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios en construcción”
Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son dispositivos del Estado nacional que funcionan en las comunidades brindando atención legal primaria. Actualmente, compañeres de diferentes movimientos sociales trabajan en esta dependencia. Conversamos con Sergio Job sobre las apuestas, proyecciones y necesidades.
Por Redacción La tinta
“Centros de Acceso a la Justicia” suena grandilocuente y enigmático. Funcionan en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, siendo parte del Poder Ejecutivo del Estado y no del Poder Judicial, algo que tampoco aporta claridad. Además, están en la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia (DNPFAJ), una dependencia conducida, desde 2020, por abogades provenientes de los movimientos sociales, lo que genera más preguntas.
Para entender de qué se trata, contactamos a Sergio Job, abogado penalista vinculado a movimientos sociales y problemáticas del sector. Desde hace pocos meses, “con más dudas que certezas y bastante empujado por les compañeres”, según sus palabras, aceptó asumir como Coordinador de la Región Centro de la DNPFAJ, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.
—Primero, ayudanos a entender: ¿qué son los Centros de Acceso a la Justicia?
—Los CAJ son espacios en construcción, hay una dimensión de lo que queremos que sean y de lo que van siendo en ese tránsito. La web dice que son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria, es decir, que podemos asesorar, pero no patrocinar jurídicamente las problemáticas que nos vienen a consultar. Pero no es un espacio estrictamente legal, sino que busca un enfoque interdisciplinario de las diversas problemáticas y, por eso, los equipos están compuestos -o deberían estarlo-, al menos, por une abogade, une psicólogue, une trabajadore social y une administrative. Fueron cambiando a lo largo del tiempo y las gestiones, y nosotres, que venimos desde los movimientos sociales, con Gaby (Carpineti) a la cabeza, traemos otras ideas, otras prácticas, otros modos de hacer, decir, intervenir y, por lo tanto, aportamos nuestra propia impronta y objetivos.
—¿Cuáles fueron esos cambios desde su creación en 2007 y qué proyecciones plantean ustedes?
—Los CAJ nacen como una política pública impulsada por el gobierno de Cristina, buscando poner en pie espacios de acompañamiento legal en lugares donde se entendían necesarios, pero muy concentrado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, vino el macrismo y, haciendo gala de su neoliberalismo militante y su gorilismo, se dedicaron a desmembrar, vaciar, atacar y desarticular al Estado, con especial ensañamiento con las políticas orientadas a los sectores populares. Sólo en los CAJ, echaron a 200 trabajadores y cerraron varias sedes, situación de la que no se recuperó todavía la Dirección, por eso, tenemos aún equipos “rengos” o sin recursos. Les trabajadores transmiten que, durante el macrismo, los CAJ pasaron de tener intervención y protagonismo en los barrios donde existían a encerrarse sobre sí mismos y volverse oficinas que atendían casos individuales, con una lógica de call center donde les trabajadores debían mostrar eficiencia cuantitativa en la atención a “clientes” casi. Hoy, el desafío es sacudir esa dinámica y transformarlos en otra cosa, para que, además de hacer lo bueno que hacen, hagan otras muy necesarias y urgentes.
Es necesario, por ejemplo, intervenir y ser protagonistas garantizando lo que jurídicamente se llaman derechos de incidencia colectiva, tratar también de darle protagonismo a herramientas como la mediación comunitaria, ser un espacio de atención y acompañamiento integral para las mujeres y diversidades en situación de violencia, buscar construir una verdadera red de patrocinio letrado para que quienes no pueden acceder a une abogade puedan hacerlo.
Se trata de combinar esto de ser una ventanilla única del Estado, algo que es útil y necesario, con equipos activos, donde llevemos adelante un gobierno de calle, cerca de las más castigadas de la Patria, de los movimientos sociales, de los centros vecinales, iglesias, comedores, merenderos, cooperativas, toda esa red que es invisible para muchos, pero que es la que, desde la solidaridad, viene sosteniendo a este tambaleante país donde sufrimos la pandemia neoliberal macrista y, después, la pandemia del COVID-19.
—Para objetivos tan necesarios como ambiciosos, seguramente hacen falta recursos además de voluntades, ¿cuántos son los CAJ en la región a tu cargo y cuántos en el país?
—Esa pregunta mete un poco el dedo en la llaga sobre cuestiones que estamos convencides que debemos transformar, porque este país, siglo y medio después de las montoneras, es más unitario y porteñocéntrico que nunca, y eso no se cambia diciendo que existe una voluntad de federalizar, sino poniendo recursos en las provincias.
Sobrevivieron al macrismo 91 CAJ en todo el país, de los cuales, 36 están en conurbano y 20 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo el resto del país nos repartimos 35 CAJ, de los cuales, ocho están acá en la Región Centro. Es absolutamente insuficiente, esta es la segunda región más poblada, donde están las dos ciudades más grandes del país después de la mancha urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires, con niveles de desigualdad espeluznantes.
Entendemos que los CAJ son una política pública que podría ser fundamental para el Estado, porque podría llegar con sus políticas de protección y acompañamiento a muchísimos rincones que hoy es imposible. Además, hoy, la política de los CAJ es sumamente urbanocéntrica. Salvo por el Corredor Nor-Andino, que es una regional orientada principalmente a trabajar con dispositivos móviles en comunidades indígenas de la Puna y el Chaco, después, el grueso de los CAJ está asentado en las ciudades. Queremos cambiar eso. Queremos ruralizar los CAJ y llegar a los pequeños pueblos, a las comunidades, a lugares donde no hay acceso a la justicia.
El Estado, en muchos lados, sólo llega -si llega- arriba de un patrullero. No es ese el Estado que queremos ni el que se necesita. Queremos construir un Estado protector, cercano, que sea solución y no problema, que esté con les débiles, con las víctimas, para equilibrar un poquitito la balanza en esos lugares donde, si no, es el patrón quien decide sobre la vida y derechos de todes.
Para eso, necesitamos recursos y que se comprenda la importancia de desarrollar una política pública de las característica de los CAJ. Tenemos la legitimidad que nos da el trabajo, el respaldo de la comunidad organizada, de las mujeres acompañadas, de les ciudadanes que encuentran escucha y solución en un CAJ. Con eso de respaldo, necesitamos que el gobierno decida darle un verdadero impulso a esta política con personal, movilidad, recursos en cantidad suficientes para desplegar este dispositivo gubernamental en cada rincón de la Patria.
Tenemos ese desafío. Ningune de nosotres vinimos acá a hacer carrera en el Estado ni a sacarnos fotos. Venimos de la diaria, de abajo, de militarla en la olla del barrio, en la cooperativa, en las tomas de tierras, en los casos de gatillo fácil. No somos gente cómoda, tenemos un mandato acá: que quienes peor la pasan en este sistema injusto y desigual, violento y excluyente, encuentren un espacio de escucha y solución, una casa del pueblo para recibirles. Hoy, es un horizonte lejano, pero hay un excelente grupo humano, profesional y militante al frente de la Dirección, y una planta de trabajadores comprometida.
—En este tiempo al frente de la Regional, ¿han intervenido en algún caso concreto que grafique un poco lo que estás relatando?
—Sí, claro. Por un lado, hay cientos de soluciones más diarias y personales que cada equipo de la región realiza, como gestionar el turno o el reclamo en el ANSES para que pueda cobrar el IFE, o solucionar un problema de antecedentes con Reincidencia, o con una mediación lograr que una vecina deje de ser acosada y violentada por su vecino, o evitar que le embarguen lo poco que tiene una doña porque logramos un plan de pago con la empresa de agua. De esas, hay cientas cada día y que son importantes en la diaria de cada una de esas personas.
Además de esas, en este tiempo, intervenimos y acompañamos situaciones muy jodidas que están viviendo comunidades comechingonas en la provincia de Córdoba, que están siendo agredidas con patotas, armas, disparos, la mafia inmobiliaria, muchas veces, con la policía como espectadora o, incluso, cómplice de esas situaciones. En particular en lo que va del año, en Comunidad Ticas en Punilla y en Comunidad Pluma Blanca en Sierras Chicas, tuvimos intervenciones que sirvieron un poco, pero que están lejos de ser soluciones permanentes, porque ahí hace falta urgentemente avanzar en el Registro de la Ley 26.160 y una formación básica de la policía y el Poder Judicial en temas indígenas, que desconocen por completo.
También intervenimos en dos intentos de desalojos de barrios populares en Córdoba, que estaban relevados por la Ley 27.453 de integración socio-urbana, y que, en su art. 15, suspende todas las acciones y medidas procesales que conduzcan a un desalojo de esas tierras. Ley que también desconocen por completo nuestros tribunales y fuerzas policiales.
Otra intervención interesante fue en un barrio popular de Gualeguaychú, donde había una escalada de violencia entre familias que disputaban la posesión de una vivienda. El equipo logró una mediación comunitaria en la que acordaron que la misma se transforme en un espacio comunitario para mujeres en situación de violencia.
La semana pasada, estuvimos en las islas del Paraná, frente a Rosario, escuchando la situación de hostigamiento y violencia que vive una comunidad de treinta familias y una escuela por parte de los terratenientes de la zona, que invaden sus tierras e incendian las islas para poder desplegar desarrollos inmobiliarios para gente de mucha guita. Ahí, ya estamos dando algunas soluciones concretas, pero vamos a seguir avanzando.
Son sólo algunos de los ejemplos de lo que se podría hacer más y mejor con más trabajadores, más CAJ, más móviles, en definitiva, más recursos. Creemos que, en lo que justicia refiere, empezar por los últimos implica fortalecer con recursos y multiplicar por mucho, muchísimo, los CAJ. Ese sería el primer paso.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Centro de Acceso a la Justicia.
