Implementación de la IVE en localidades cordobesas
A tres meses de promulgada la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conversamos con efectorxs de salud de distintas localidades de la provincia de Córdoba para conocer el proceso que trajo aparejado este cambio histórico en la cotidianeidad de su trabajo y cómo se está implementando la legislación.
Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta
El 15 de enero de 2021, se promulgó la Ley Nacional 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Interrupción Legal del Embarazo y la Atención Postaborto. Equipos de salud o efectorxs individuales en sus lugares de trabajo vienen acompañando, hace años, a personas que deciden abortar en contextos generalmente hostiles, más allá del marco legal vigente.
Dialogamos con trabajadoras de la salud nucleadas en la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que se desempeñan en localidades de la provincia de Córdoba.
Implementación de la IVE
Los cambios que trajo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) son diversos y dependen del contexto de intervención. A las dificultades estructurales de un sistema de salud colapsado, se le suman las diferencias entre el acceso en las ciudades y los pueblos alejados de los centros urbanos, o entre un centro de salud inscripto en una gestión más progresista y uno de un pueblo de tradición conservadora. Además, en el sistema de salud descentralizado de la provincia de Córdoba, no es claro quién tiene la responsabilidad de tomar las decisiones económicas y políticas para llevar a cabo la práctica en instituciones que corresponden a distintas dependencias: provinciales, municipales y comunales.
Betina Chiodi es médica general del Hospital Municipal La Falda. En conversación con La tinta, explica que, si bien se garantiza el acceso a la IVE, sólo ella y el único obstetra del hospital que no es objetor de conciencia acompañan estas intervenciones. “Yo estoy en la guardia, las consultas me llegan derivadas desde socorristas, coordino con mi celular personal y las mezclo entre las consultas de guardia”, dice. Demandan a la dirección del nosocomio un consultorio específico para poder dedicar el tiempo que amerita a este tipo de consultas, “espero que, a medida que se acomode todo, podamos organizar consultorios más específicos y hacer una atención más integral”, agrega.
En Río Tercero, localidad de unxs 52 mil habitantes, existe el Hospital Regional Provincial, los Centros de Salud Municipales y los Centros y Clínicas Privadas. En conversación con una médica generalista trabajadora en salud pública de la municipalidad, quien prefiere resguardar su identidad, cuenta que “en la parte pública, se garantiza la IVE en seis centros municipales y accedemos a la medicación sin inconvenientes. En el Hospital, se atiende por aborto voluntario un día a la semana y, durante las guardias obstétricas, se reciben y solucionan las posibles complicaciones. Hay acceso a ecografía y laboratorio”, explica. En el sector privado, “no hubo todavía cambios ni propuestas”.
“En Traslasierra, se está garantizando IVE en Villa Dolores y Mina Clavero, y también en algunos centros de salud de atención primaria municipales y comunales”, cuenta Luisina Bogino, médica tocoginecóloga del Hospital Mina Clavero y del Consultorio Inclusivo Integral – Área Mujer y géneros, del Centro de Salud Municipal Paulus. En la zona, “somos un par de profesionales que venimos garantizando las Interrupciones Legales de Embarazo (ILE) previamente a la implementación de la nueva ley y ahora las IVE. Formamos una red de profesionales transerrana, nos organizamos para acompañarnos, articulando en las derivaciones”.
La construcción previa de una red es fundamental también en el Valle de Calamuchita. Allí, trabaja María José Caro, médica del Centro de Salud de Villa Ciudad Parque, quien comenta que, desde hace casi un año, implementan la ILE en el Centro de Salud “gracias a la gestión nueva que ingresó ese año”. Articularon con socorristas de la zona y con profesionales de la salud de varias localidades cercanas para garantizar las ILE. “Con toda esa red y otres compañeres, estamos en contacto, entonces, sabemos dónde derivar para consejería o para controles postaborto. Con otra compañera pediatra de la Red de Profesionales, ‘pechamos’ para que el Hospital Regional de Santa Rosa haga la práctica del AMEU (Aspiración Manual Endouterina) para la IVE y lo estamos logrando. Tenemos el visto bueno del Director y del Jefe de Ginecología y Obstetricia, y nos pidieron la capacitación”.
Carla Ghisolfi es trabajadora social del Hospital Iturraspe de la Ciudad de San Francisco. Es un hospital regional que da cobertura a las localidades del departamento San Justo y a la población de la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe. Forma parte del Consultorio de Salud Sexual y No Reproductiva, conocido como “Consultorio en Opciones”, que funciona desde 2017. Desde allí, acompañan a quienes deciden interrumpir sus embarazos. La dirección del hospital suspendió las atenciones en dos oportunidades por interpretaciones del marco legal vigente debido al amparo presentado por la Asociación Antiderechos Portal de Belén en la provincia. Durante el 2020, la atención fue ininterrumpida a pesar de la pandemia. El equipo interdisciplinario está integrado por una médica generalista, una enfermera, una trabajadora social, residentes de psicología y trabajo social, y estudiantes avanzadxs de medicina.
Cambios desde la nueva Ley
“Desde la aprobación de la Ley, se nota mayor libertad en las usuarias que solicitan la práctica del aborto para hablar del tema y exigir sus derechos”, afirma la trabajadora de la salud de Río Tercero. La marea verde empujó cambios que la sanción de la Ley parece terminar de decantar. “Ahora, se puede hablar más del tema y exigir el cumplimiento de este derecho que tan obstinadamente nos quieren negar. Me toca pelear con muchos objetores que incluso se niegan a dar información”, expresa Chiodi.
En Traslasierra, también se respiran los cambios: “Desde la aprobación de la Ley, la gente se acerca sin tanto miedo a describir su motivo de consulta, nos dicen abiertamente a cualquier médico de la guardia que necesitan una interrupción, algo que antes no pasaba”, cuenta Bogino. En las instituciones, disminuyeron las trabas para conseguir la medicación desde el Programa de Maternidad e Infancia, “se llenan menos papeles, aunque sigue siendo engorroso y hay que estar atrás del stock para que no se termine”, relata.
“Desde la aprobación de la Ley, hay profesionales que pueden hablar de las interrupciones de los embarazos más relajados. Algunas médicas o médicos se declararon objetoras de conciencia, pero garantizan las derivaciones, al menos en el nosocomio de San Francisco”, cuenta Ghisolfi y agrega que las mujeres llegaban con un contacto previo con la agrupación Socorro Rosa San Francisco “Las Rivas”, pero ahora se suma la demanda espontánea a la guardia central.
Sin embargo, en Villa Ciudad Parque, Caro explica que no hubo cambios en relación a la atención: “Actualmente, soy la única profesional que hace las consejerías de IVE, no tengo un horario ni consultorio específico porque es un Centro de Salud muy pequeño y hay muchos horarios en los que hay une sole médique”. En su equipo, hay dos varones que acuerdan en hacer la práctica, pero lxs usuarixs no los eligen. Otra profesional, sin ser objetora de conciencia, elige no hacer los acompañamientos de aborto voluntario y las dos psicólogas que quisieran ser parte del equipo se encuentran sobresaturadas. “Estoy sola haciendo acompañamientos y, a veces, siendo la única médica en el Centro de Salud, es complicado hacer una atención integral, y tampoco es una política del Centro de Salud, ya que hoy está muy abocado a la demanda espontánea y a COVID”.
Desafíos y dificultades
No son pocos los desafíos a los que se enfrentan las profesionales que quieren garantizar IVE. “Es necesaria la capacitación de todo el personal, tanto público como privado, y de las obras sociales en cuestiones legales, en el protocolo y en la implementación de la Ley. Hay obras sociales que obstaculizan y enlentecen la práctica por desconocimiento, y la atención en el sector privado también es una materia pendiente”, dice la médica de Río Tercero.
Carla agrega que, en San Francisco, ya se garantizan las IVE y las ILE, entonces, ahora, es necesario mejorar la calidad de las atenciones en cuanto al acompañamiento, información y accesibilidad. “Estamos programado capacitaciones internas con diferentes efectores de salud de otras localidades y que son de la zona de influencia de este Hospital para mejorar las derivaciones, las articulaciones y que las personas no tengan que estar dando vueltas por diferentes consultorios buscando información, sino que tengan una derivación en los tiempos que establece la Ley”, explica.
Para Bogino, se debe compartir el conocimiento en los lugares donde hay mucha resistencia, por ejemplo, respecto de la práctica de AMEU, que a muchos “no les interesa aprender, son quirófano-dependientes, solo lo hacen en quirófano, con un anestesista y con un laboratorio prequirúrgico y electrocardiograma, estudios innecesarios en esta instancia que generan un obstáculo, además de la falta de camas por COVID”.
“En el Hospital de Mina Clavero, actualmente, estoy sola acompañando las IVE porque varios compañeros son objetores de conciencia y a varias de las trabajadoras que acompañaban no les renovaron el contrato, aunque no por este tema”, explica Luisina y confiesa: “Me siento desbordada por el papelerío, es un obstáculo y, muchas veces, no llego. Son varios acompañamientos y hacemos el seguimiento telefónico nosotras mismas”. En el servicio de ginecología, dos profesionales acompañan IVE, pero sólo trabajan dos días a la semana, “el resto de los días, está desabastecido porque el personal es objetor de conciencia. También faltan médicos generalistas que acompañen, la mayoría son objetores o hacen la guardia y derivan al servicio, pero no acompañan”, afirma.
Para Chiodi, otro desafío es garantizar que los objetores no se vuelvan un obstáculo. “Están muy negados incluso a la atención pre y postaborto. Tengo miedo de que devenga en casos de violencia obstétrica. Deberemos estar atentas”, señala.
La pandemia complejiza el escenario. Bogino explica que el Hospital de Mina Clavero es un “hospital COVID”, por lo que no hay internación ni quirófano disponibles. “Entonces, solo hacemos primer trimestre de gestación. Ante la solicitud de una IVE o ILE del segundo trimestre que requiere internación, tenemos que derivar al Hospital de Villa Dolores, pero el hospital decidió no acompañar a personas que tengan más de catorce semanas de gestación”.
Las profesionales consultadas coinciden en que la falta de medicación sigue siendo un obstáculo. En el Hospital de La Falda, Chiodi señala que no cuentan con misoprostrol y que lxs usuarixs del sistema de salud tienen que comprarlas “gastando fortuna”. Desde el Valle de Calamuchita, explican que sería más simple que llegara directo por el Programa REMEDIAR, para no tener que buscarla en Córdoba capital.
“A veces, entre les profesionales, nos damos una mano prestándonos misoprostol para el tratamiento de personas de distintas localidades de la zona. Cuando a una le falta, nos abastecemos como red, pero siempre hay faltantes. Hay una desorganización de parte del Programa Maternidad e Infancia respecto a esto”, concluye Luisina.
“Para que se garanticen las atenciones, necesitaríamos más profesionales y médicas y médicos que no se declaren objetores. Necesitamos que se hable de aborto, es fundamental. Hay una despenalización social del aborto, pero, en los espacios de salud, hay una impronta de negar, prima mucho la moral, los intereses personales y, a veces, cuesta, pero, al menos, quienes toman contacto con el equipo del consultorio de opciones están pudiendo resolver la demanda”, finaliza Carla.
*Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
