Bolivia: golpistas tras las rejas
La ex mandataria de facto Jeanine Áñez y varios de sus ministros, todxs implicadxs en el golpe de Estado de 2019, fueron detenidxs y puestxs a disposición de la justicia.
Este domingo, la Fiscalía General de Bolivia dictó la prisión preventiva por seis meses de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, detenida el sábado pasado en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni. La ex senadora devenida en mandataria está acusada por su participación en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, en 2019.
El fin de semana también fueron detenidos en Trinidad sus ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán. En la jornada de ayer, la Fiscalía publicó la acusación formal por “sedición, terrorismo y conspiración” contra lxs tres detenidxs. Además, solicitó que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses, al considerar que existe peligro de fuga y la posibilidad de influir sobre otros implicados o testigos. A su vez, en pedido se demanda que Coimbra y Guzmán permanezcan detenidos en la cárcel. Ahora, un juez cautelar deberá aprobar la solicitud.
El sábado, Áñez se negó a declarar en el Ministerio Público luego de ser trasladada desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la sede del gobierno nacional. Un día antes, la golpista había asegurado en sus redes sociales que su situación se debía a una “persecución política” impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). A esto, agregó –pese a encabezar un golpe de Estado- de que el gobierno masista “ha decidido volver a los estilos de la dictadura”.
Como era de esperar, la ex mandataria de facto, según informaron medios locales, envió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) para que intervengan a su favor. La OEA, encabezada por el uruguayo Luis Almagro, fue la principal organización internacional que avaló el golpe de Estado, al defender la teoría de que, en las elecciones presidenciales en la que fue reelecto Morales, se había cometido fraude, denuncia que fue descartada a nivel internacional por no tener ningún sustento fáctico.
Desde el gobierno del presidente Luis Arce, el ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las acusaciones de “persecución política” y las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía. El funcionario detalló que a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio por su condición de ex gobernante -donde la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego se desarrolla el mismo ante el Tribunal Supremo de Justicia-, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura. Según la imputación de la Fiscalía, Áñez asumió la presidencia de “forma amañada”, ya que, cuando lo hizo, aún era vicepresidenta segunda del Senado. El nombre de la ex mandataria de facto figura en una denuncia que realizó, en diciembre pasado, la ex diputada del MAS, Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento, que tuvo una participación activa en el golpe de Estado.
El jueves pasado, la Fiscalía había ordenado la captura del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad en el caso golpe de Estado. En noviembre de 2019, Kaliman sugirió, en conferencia de prensa, la renuncia de Morales, a propósito de la crisis política derivada del supuesto fraude electoral.
Hasta la fecha, ya suman cuatro los ex jefes policiales y militares con órdenes de aprehensión, entre ellos, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, quien escapó del país a finales de 2020 rumbo a Colombia. También están el ex comandante de la Policía, general Vladimir Yuri Calderón, y el ex comandante de la Armada Boliviana, almirante Flavio Arce, este último imputado por los delitos de terrorismo y sedición.
Los hechos más simbólicos de la dictadura que controló los resortes del poder en Bolivia durante casi un año fueron las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), que tuvieron como resultado 36 personas asesinadas, más de 800 heridas y centenares de perseguidxs y torturadxs, según fuentes oficiales.
Conocida la noticia de las detenciones de Áñez y sus ministros, el ex presidente Morales reclamó “que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura”. En su cuenta de Twitter, el actual líder del MAS manifestó: “Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”.
Entre los dirigentes que se pronunciaron, también se encuentra el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que aseguró que los líderes del grupo de choque Resistencia Juvenil Cochala (RJC) deben rendir cuentas ante la justicia por su participación en el golpe de Estado.
“Los cabecillas del grupo irregular denominado ‘resistencia’ de Cochabamba que ejercieron violencia sin medida, sembrando terror y miedo ante la población, también tienen que rendir cuentas ante la justicia”, remarcó Rodríguez en su cuenta oficial de Facebook. De esta forma, se refirió al caso luego de que el líder de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, fuera detenido el sábado en Cochabamba por estar involucrado en los hechos de violencia que desembocaron en la interrupción del mandato democrático en el país.
La RJC estuvo involucrada en el ultraje en 2019 de la entonces alcaldesa del municipio cochabambino de Vinto y militante del MAS, Patricia Arce, quien fue agraviada por los integrantes de esta organización irregular.
Sobre este hecho en particular, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, calificó como un primer paso importante el arresto del líder de la RJC, ya que esto permitirá “desmantelar los grupos armados privados que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean”. Abrāo recordó que la RJC fue un “grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales, ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad”.
Unos días antes, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (ASOFAMD) había pedido unos días antes terminar con la impunidad de policías y militares involucrados en el golpe de Estado. La ASOFAMD denunció que los propios militares implicados son responsables “del despliegue de grupos paraestatales que ocasionaron masacres, detenciones arbitrarias y persecuciones contra miles de ciudadanos”.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: AFP
