Estudiantes constituyentes: a 20 años del mochilazo en Chile
Las recientes y masivas protestas en el país trasandino tienen una larga historia, donde el movimiento estudiantil siempre fue la punta de lanza de la lucha.
Por Andrés Kogan Valderrama, desde Chile, para La tinta
El próximo mes de abril, en Chile, no solamente será inédito por ser la primera vez que se elijan gobernadores/as y constituyentes para el país, sino porque también serán 20 años desde el llamado primer “mochilazo” estudiantil de 2001.
La importancia de aquel primer mochilazo no solo es crucial para el desarrollo del movimiento estudiantil de las últimas dos décadas, sino también para la futura crítica estructural al modelo de sociedad impuesto en el país durante la dictadura y perfeccionado con la vuelta a la democracia.
Para entender la relevancia de este primer gran hito estudiantil, se debe revisar, primero, la situación política del Chile en la década de 1990, marcada por ser un periodo de consenso neoliberal entre la derecha pinochetista y una socialdemocracia de mercado (Concertación), las cuales conformaron un duopolio político que privatizó prácticamente todo lo existente.
Es así como, a través de los grandes medios concentrados del país, se construyó la idea del “Jaguar de Latinoamérica”, la cual se sostendrá discursivamente gracias a las altas tasas de crecimiento económico y la reducción sostenida de la pobreza e indigencia de ingresos por sobre otros países vecinos.
De ahí que, en el campo de la educación, también se venderá la idea de un país modelo para el resto de la región, en donde la alta cobertura en la matrícula escolar y universitaria serán los pilares para defender una educación de mercado, no vista en ningún otro país del mundo.
La figura de José Joaquín Brunner fue, quizás, la más importante durante ese período y el gran ideólogo de aquella década de consensos, presidiendo así la “Comisión Nacional para la Modernización de la Educación”, en 1994, la cual sentó las bases de una política educacional centrada en mayor inversión del Estado, pero casi sin ningún tipo de regulación al negocio de colegios, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.
En consecuencia, esas políticas si bien aumentaron considerablemente la matrícula de los estudiantes, el costo para la educación pública fue catastrófico y difícilmente se podrá revertir con el tiempo. Esto fue acompañado con un aumento en el gasto de los hogares para educarse, que ha llegado a cifras de no creer (41,1 por ciento de sus ingresos), muy distinto a países de la región, de la OCDE y el mismo Estados Unidos (28 por ciento), lo que deja en evidencia el fundamentalismo de mercado que se implementó en Chile.
Si, en 1990, la matrícula escolar pública alcanzaba el 70 por ciento, en la actualidad, no supera el 35 por ciento, lo que es escandaloso para un Estado que se dice democrático. La misma situación ocurre con la educación universitaria, en donde la matrícula estatal no es más del 15 por ciento, lo que muestra que la intención política es acabar con la educación pública a través de una retórica de mayor cobertura y calidad, pero que, en la práctica, no es otra cosa que mayor lucro y la mercantilización de un derecho tan básico para cualquier país¹.
Pero, para la élite política de Chile, eso no importó y, desde los grandes medios de comunicación, se instaló a Brunner como el gran experto en educación en Chile, a pesar de que fuera una persona sin ningún título universitario y falseara sus antecedentes por años, presentándose en el mundo político, académico y mediático, como sociólogo de la Universidad Católica de Chile y con un título de Doctorado de la Universidad de Oxford².
Por suerte, esas políticas de mercado en educación, y el mismo Brunner, comenzarán a cuestionarse, así como también las grandes agrupaciones estudiantiles de la década de 1990, las cuales eran controladas por los partidos políticos tradicionales y eran funcionales a las políticas de mercado de la época.
Los casos de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile (FESES), manejada por el Partido Comunista (PC), y la Asamblea de Centros de Alumnos de Santiago (ACAS), subordinada a los partidos de la Concertación (Partido Socialista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Radical), comenzaron a cuestionarse por no representar las demandas de las y los estudiantes.
Asimismo, se cuestiona también el llamado parlamento Juvenil, creado durante 1997, por ser una plataforma de cooptación de dirigentes estudiantiles por los mismos partidos políticos que instalaron y administraron un modelo educacional que solo veía a los estudiantes como meros medios para profundizar la mercantilización de lo escolar.
Fue así como ese descontento derivó en la conformación, en el año 2000, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la cual no solo fue fundamental para el mochilazo de 2001, sino también para la posterior articulación del movimiento estudiantil entre secundarios y universitarios.
Lo interesante de la ACES -que la hace una de las organizaciones críticas más importante de Chile de los últimos 20 años- es su carácter fuertemente asambleario, desde las bases y horizontal, y cuestionador tanto del fundamentalismo de mercado como de cualquier tipo de autoritarismo proveniente del mundo de la izquierda estado-céntrica.
No es casualidad, por tanto, que su lucha articule miradas provenientes del anarquismo, feminismo, ecologismo, animalismo, anticolonialismo y un fuerte cuestionamiento al adulto-centrismo, el cual ha inferiorizado e infantilizado violentamente a las distintas juventudes que han querido ser sujetos políticos para la transformación social.
Unas lógicas adulto-céntricas, muy bien estudiadas por el sociólogo chileno Klaudio Duarte Quapper en sus estudios sobre juventudes, en donde plantea cómo, en la década de 1990, se construyó mediáticamente la idea de que los jóvenes chilenos “no estaban ni ahí con nada”, viéndolos como seres apáticos, indolentes y sin ningún tipo de motivación o compromiso con el país.
Fue así como, durante el 2001, se inicia un proceso de organización y articulación del movimiento estudiantil, liderado por la ACES, la cual tomaba distancia de los partidos políticos tradicionales, y empieza a cuestionar los cimientos de la sociedad de mercado imperante, la cual se sostenía gracias a lógicas gerenciales de gestión escolar (pruebas estandarizadas) y de disciplinamiento de los cuerpos, en donde las y los estudiantes eran considerados como seres pasivos, que solo tenían que ir a memorizar y recibir contenidos, muchas veces, completamente descontextualizados.
En el caso de esa primera gran movilización de abril de 2001, la crítica fue en el marco de la llamada modernización del transporte público, en donde las empresas privadas eran las encargadas de producir y administrar el llamado pase escolar (tarjeta para el uso de buses), lo que dejó en evidencia el abandono de un Ministerio de Educación en Chile (MINEDUC), que sólo reproducía las lógicas subsidiarias del Estado.
De ahí que la ACES exigiera que fuera el MINEDUC quien se encargara del pase escolar, para que no existieran más alzas arbitrarias en el pasaje. La negativa del gobierno de Ricardo Lagos Escobar no se hizo esperar, lo que generó mayor molestia y organización de parte de los estudiantes, generando un Frente Anti-Alzas y un llamado a paralización completa de las escuelas el 9 de abril de 2001.
Finalmente, ante las grandes presiones y masividad estudiantil, hace que el gobierno dé un paso atrás y el MINEDUC termine por administrar el pase escolar, lo que, sin duda, marca un hito fundante de un proceso político estudiantil, el cual será el comienzo de muchas otras acciones cada vez más articuladas con otros movimientos sociales, como lo serán la denominada Revolución Pingüina (2006), el Movimiento Social por la Educación (2011) y la misma Revuelta Popular (2019), en donde el salto de los torniquetes realizado por los secundarios en el metro de Santiago fue fundamental para lo que vino después.
En síntesis, se podría decir con lo señalado anteriormente que el poder constituyente lo comenzaron a construir los mismos estudiantes secundarios desde 2001, los cuales, si bien serán excluidos de esta nueva elección de candidatos para redactar la nueva Constitución en Chile, seguramente estarán presentes y harán sentir sus demandas en las escuelas, en las calles, en los barrios, en los cabildos y en todos los espacios posibles.
Algo que vienen haciendo hace muchos años, por lo demás, y que deja atrás la idea adulto-céntrica de que los jóvenes son “el futuro de Chile”, como si fueran seres incompletos, irracionales e incapaces de construir políticamente nada en el presente. Cuando son justamente los secundarios quienes le han dado clase y cátedra política, en estos últimos 20, a muchos adultos llenos de miedos y completamente funcionales a estructuras de poder obsoletas, y que deben ser destituidas para democratizar el país.
¹Ver el documento El Desalojo de la Educación Pública, elaborado por la Fundación Sol.
²Una denuncia realizada por el historiador chileno Alfredo Jocelyn Holt en 2007, pero que no fuera tomada en consideración por los grandes medios de la época, a pesar de lo grave de la acusación, al ser Brunner un ex ministro de gobierno. De todas formas, aún se pueden descargar en la red artículos de Brunner, en donde se presenta como Sociólogo de la Universidad Católica de Chile y PHD de la Universidad de Oxford.
*Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta / Foto de portada: Vice
