Cannabis medicinal: un pedido urgente para reglamentar el registro nacional que cambiará la vida de muchos
Agrupaciones de todo el país desarrollan la campaña «Cannabis al Congreso» para exigir la implementación del Registro nacional de cultivadores y usuarios de cannabis medicinal. La reciente presentación en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de un proyecto de ley que busca crear la Agencia Provincial del Cannabis podría agilizar la respuesta que buscan los militantes, cultivadores y pacientes, ya que brindaría a todos los municipios que buscan cultivar a gran escala y permitir el autocultivo la posibilidad de hacerlo y evitaría la clandestinidad, persecución y criminalización.
Por Fabio Ramos para Nuestras Voces
Entre 2019 y 2020, los proyectos de resoluciones municipales cuyo objetivo fue regular el uso del cannabis medicinal se multiplicaron exponencialmente mes a mes. Mayoritariamente, las iniciativas surgieron en localidades de la provincia de Buenos Aires, pero las necesidades concretas de los pacientes impulsaron, junto a organizaciones de la sociedad civil y legisladores, proyectos desde el norte argentino hasta la Patagonia. No todas las resoluciones fueron aprobadas, pero fueron más los municipios en los que los concejales sí se subieron a la ola verde. Por supuesto que las legislaciones aprobadas muestran un abanico que oscila entre medidas más conservadoras y algunas que, incluso, iban más allá que la ley nacional al permitir el autocultivo.
“En San Antonio – Las Grutas (Río Negro), contamos con una Ordenanza Municipal desde noviembre de 2019 que nos habilitaba a registrarnos y a hacer un cultivo legal”, cuenta María Eugenia Sar, miembro de la organización Cannabis Terapéutico San Antonio Las Grutas. María Eugenia fue noticia en medios de comunicación de todo el país más de una vez, la primera de ellas por ser una abuela cultivadora que preparaba aceite de cannabis para su nieto Joaquín, un niño con Síndrome de Tourette que ha experimentado mejoras notables gracias al fitopreparado. Pero, claro está, una resolución municipal no puede incumplir una legislación nacional. Fue así que, recién en noviembre de 2020, tras el decreto que reglamentó nuevamente parte de la ley de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados” (Ley 27.350) aprobada en 2017, comenzó a pensarse seriamente en la regulación del cultivo de marihuana con fines medicinales para uso personal.
Mucho más por hacer
En un mes, la promulgación de la ley 27.350 cumplirá cuatro años. Fue el 29 de marzo de 2017 cuando, con media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el Senado dejó en un costado su histórico conservadurismo y aprobó por una unanimidad la normativa que regula el uso del cannabis para fines medicinales. Una ley defectuosa, de acuerdo a quienes militaron su sanción, tanto organizaciones cannábicas que hace más de una década bregan por la regulación del uso de la planta para todos sus usos como para las ONG que nacieron pocos años antes del debate parlamentario. Así se conformó un enorme grupo de asociaciones de la sociedad civil que, desde abajo y fuera de la «rosca» legislativa, logró colarse en el Congreso y plantar sus voces e inquietudes en la agenda política.
La búsqueda del objetivo unió a usuarios recreativos y autocultivadores de aquellas primeras ediciones argentinas de la Marcha Mundial de la Marihuana, con personas que conocieron la planta a través de sus beneficios terapéuticos y a organizaciones de madres como Mamá Cultiva Argentina y CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina) que encontraron en el cannabis la mejor manera de paliar los síntomas de las dolencias de sus hijos. Es decir, una forma de mejorar su calidad de vida.
Pero, si bien la ley 27.350 significó un avance en materia legislativa, social y cultural, no careció de importantes reclamos populares. Por citar algunos, el texto aprobado no contempló el autocultivo –lo que permitió que los usuarios medicinales de cannabis sigan siendo perseguidos por la policía e, incluso, detenidos– y sólo garantizó el acceso a fármacos a base de marihuana –previa importación a través de la ANMAT– a pacientes con epilepsia refractaria. A su vez, el Estado prometió entregar medicamentos a base de cannabis a todos aquellos habitantes del país que así lo requieran, tras recibir el aval de un médico.
Mariana Ríos es odontóloga y miembro de la Agrupación de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapeútico (PROCANT), conformada por médicos que, antes de la ley de 2017, ya recomendaban el uso de la planta para paliar los síntomas de algunas patologías. “Yo indicaba a mis pacientes el uso de cannabis aunque fuera ilegal, lo que cambió es que voy a poder decirles que cultiven”, contó Ríos y subrayó: “Nosotros no vendemos aceite. Nosotros fomentamos el autocultivo porque creemos que es la mejor forma de obtener el aceite de cannabis”. Mariana también integra la ONG Familias Cultivando.
De la ley a la realidad
En primera instancia, la ley de 2017 sólo permitió el ingreso al país del fármaco Charlotte’s Web, un aceite de cannabis con altas concentraciones del cannabinoide denominado cannabidiol (CBD). Pero si bien el CBD es uno de los principios activos de la planta más estudiado en cuanto a su potencial terapéutico, y los expertos no ponen en duda sus cualidades medicinales, una gran porción de pacientes con epilepsia refractaria no responde eficazmente al tratamiento con fármacos o cepas de marihuana que de la planta sólo contengan dicho alcaloide. Así lo demuestran los resultados de diversos estudios clínicos internacionales que han remarcado la necesidad de la administración de otro principio activo del cannabis, el tetrahidrocannabinol (THC), para disminuir las convulsiones causadas por la epilepsia. De todos modos, y haciendo foco en la ley aprobada en 2017, se habla de epilepsia refractaria cuando el paciente no responde a los tratamientos convencionales o solamente lo hace de modo transitorio. Ergo, en caso de ser eficaz, ¿cuánto tiempo calmaría las crisis un producto como el Charlotte’s Web? El interrogante nació en el seno de las organizaciones de madres, quienes decidieron cultivar marihuana y elaborar su propia medicina para garantizar el uso de la variedad correcta y la posibilidad de emplear otra si fuera necesario. Los resultados exitosos del uso de fitofármacos caseros para apaciguar las crisis en personas epilépticas, pero también los síntomas de una larga lista de afecciones como dolores crónicos, psoriasis, trastornos de ansiedad, encefalopatías, efectos adversos de la quimioterapia en pacientes oncológicos y del tratamiento de personas que conviven con VIH, entre muchas otras, derivó en el boom del cultivo de marihuana con fines medicinales para uso personal o para familiares.
Pero la orden que desde el Ejecutivo había bajado hacia los legisladores oficialistas era clara: no permitir el autocultivo porque ello significaría avalar el narcotráfico. El Ministerio de Seguridad, en aquel entonces comandado por Patricia Bullrich, no sólo llevó adelante una cruzada contra el cultivo casero para uso propio, sino que, además, se encargó de poner palos en la rueda para que la reglamentación del articulado de la ley no tuviese lugar bajo su gestión. Ni siquiera el artículo más alentador de la ley 27.350, el 8°, funcionó como prometía. Dicho artículo creó, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un Registro Nacional «voluntario a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 23.737 (Ley de Drogas) la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de protección de confidencialidad de datos personales». La creación de este registro otorgaba a militantes, usuarios y familiares una luz de esperanza de cara a una reglamentación que regulara el autocultivo, principalmente porque, en criollo, establecía una supuesta excepción a la aplicación del artículo 5° de la Ley de Drogas que, entre otras facultades, pena el cultivo de cannabis para uso personal. En este sentido, el artículo 8° del decreto reglamentario que firmó el presidente Alberto Fernández ratifica la creación de un registro de usuarios medicinales, pero también de cultivadores de marihuana para fines terapéuticos. Se trata del «Registro del Programa de Cannabis” (REPROCANN), en el cual deberán estar inscriptos, «con el fin de emitir la correspondiente autorización», todos los pacientes «que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor». Desde la agrupación cannábica Flores de Libertad, sostienen que la reglamentación “es un paso adelante en la ampliación de derechos de los usuarios de cannabis aunque “no implica una despenalización”. Y añaden: “En caso de aplicarse la reglamentación de una manera adecuada, amplia y no restrictiva, va a cambiarle la vida a muchas personas”.
El mencionado artículo 8° de la reglamentación firmada por Fernández además explica que «los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación». Es decir que la nueva reglamentación contempla el autocultivo y los denominados cultivo solidario y cultivo en red: precisamente los pilares de anteproyectos de ley que fueron debatidos en comisiones del Congreso e impulsados por organizaciones de la asociación civil (agrupaciones de cultivadores de cannabis y de pacientes y familiares de usuarios medicinales), pero que no llegaron al recinto. En cuanto al cultivo solidario, María Eugenia cuenta: “En nuestra agrupación, hacemos fitopreparados –cremas y aceites– y los entregamos gratuitamente a través del hospital local. Siempre lo hicimos, lo expusimos, no lo escondimos”. Y detalla: “Medimos los preparados en la sede del CONICET de Bahía Blanca. Y eso es lo que le entregamos a la gente, medido por médicos que han hecho todos los cursos que pudieron hacer. Y vamos a seguir trabajando en esa misma línea. Si salimos de la clandestinidad, estaremos más tranquilos, más aliviados, sobre todo, los médicos”. En la teoría, el decreto reglamentario de 2020 evidencia un enorme cambio de paradigma, pero, en la práctica, las fichas no se han movido. Al igual que ocurrió con aquella promesa del registro de cultivadores de 2017, el artículo de la nueva reglamentación que crea el REPROCANN no ha sido regulado. Valeria Salech, vocera de Mamá Cultiva Argentina, asociación que nuclea a madres que cultivan marihuana para el uso medicinal de sus hijos, manifestó al respeto: “Celebramos la nueva reglamentación, pero esperábamos que se reglamentara el artículo 8° para olvidarnos de la persecución y la criminalización que padecemos por cultivar marihuana para nuestra salud”.
Una campaña nacional
Agrupaciones de todo el país que, hace ya varios años, han puesto en marcha la iniciativa y campaña nacional «Cannabis al Congreso» exigen la implementación del Registro. En las últimas horas, han hecho circular un comunicado que avanza en ese sentido: «Frente a este panorama desolador, desde el Consejo Consultivo Honorario de la Ley 23.750 y su decreto 883/2020, lanzamos esta acción colectiva para visibilizar la necesidad y urgencia de la puesta en marcha del Registro». La reciente presentación de en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de un proyecto de ley que busca crear la Agencia Provincial del Cannabis podría agilizar la respuesta que buscan los militantes, cultivadores y pacientes. La iniciativa representa la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley 27.350 con sus reformas y reglamentaciones, y fue enviada a la Cámara baja en diciembre pasado por el gobernador Axel Kiciloff. Pero la presentación en sociedad, a cargo de la ministra de Gobierno Teresa García, tuvo lugar el lunes 22 de febrero. La Agencia Provincial del Cannabis brindaría a todos los municipios que buscan cultivar a gran escala y permitir el autocultivo la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo sería posible? La conformación de la Agencia crearía su propio registro de cultivadores y usuarios de cannabis medicinal. El proyecto se presenta como una regulación concreta que incluye las peticiones de los organismos y actores mencionados, como el autocultivo y el cultivo colectivo comunitario o solidario. A su vez, la Agencia se propone realizar programas de investigación y producción de la planta para su uso medicinal, terapéutico, paliativo del dolor/yo industrial. Y un dato por demás importante que está contemplado en el artículo», que sería desarrollado con participación de las asociaciones civiles con conocimiento en la materia, quienes además de compartir sus cosechas a terceros para uso medicinal sin fines de lucro tendrían la tarea de capacitar y colaborar con los pacientes que obtuvieran autorización para cultivar. “Las organizaciones cannábicas venimos haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo. La difusión de las buenas prácticas de cultivo y del uso responsable y consciente de la planta, técnicas de reducción de riesgos en el uso del cannabis y en su cultivo, etc. Y los cultivos solidarios y en red ya están funcionando desde hace bastante”, detallan desde Flores de Libertad. El hecho de tener en cuenta a las agrupaciones de diversos puntos del país, un gran número de ellas agrupadas en el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA), representa un verdadero reconocimiento a años de militancia, investigación, aprendizaje, enseñanza, de las asociaciones pro cannabis, tanto medicinales como recreativas, pero también de clandestinidad, persecución y criminalización. Un reconocimiento que cobra más fuerza con otra iniciativa del artículo 10° que dice que, a través del Programa, se deberá promover la implementación de políticas públicas que tiendan a generar vínculos de acciones concretas «que permitan fomentar el diálogo permanente y una relación amable entre los funcionarios y la comunidad cannábica».
“Seguimos trabajando en el Congreso Nacional por una regulación integral del cannabis, que es lo que a tres años y medio de la ley medicinal estamos necesitando”, concluyó la referente de Mamá Cultiva. Sin dudas, se trata de un gran paso, pero que no logra soslayar que en todo el país continúe la estigmatización, persecución, criminalización y encarcelamiento de autocultivadores y usuarios de esta planta. Y en que, en definitiva, de eso se trata, de una planta.
*Por Fabio Ramos para Nuestras Voces / Imagen de portada: Nuestras Voces.
