Estudio en México resalta preocupante realidad: la pobreza digital
Debido a la pandemia, numerosos conflictos han aparecido en las distintas estructuras sociales y han comprometido la administración de los recursos de los estados. No obstante, el contexto pandémico ha revelado otro conjunto de problemas que ya existían en varios países latinoamericanos y que no se estaban resolviendo oportunamente. Es el caso de la pobreza digital.
Pobreza digital es la denominación empleada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información para referirse a la falta de acceso a la tecnología digital o al irregular acceso a esta. En estudios realizados el año pasado en México, se reveló que solamente el 52 % de las viviendas contaba con internet. Esta alarmante cifra cobra más gravedad si se precisa que, actualmente, la mayoría de las actividades sociales se han limitado al aspecto digital debido a las medidas restrictivas sanitarias.
Esto coincide con los informes del Censo de Población y Vivienda realizado en México en 2020, donde se evidenció que internet ocupa la cuarta posición en las tecnologías con más presencia en los hogares, estando el televisor en primer lugar (91,1 %), seguida del teléfono celular (87,5 %) y la radio (67,6 %). Aquello es preocupante si se subraya que México ha formalizado el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Así, el estado debe garantizar que las personas cuenten con dignos servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión, de banda ancha e internet.
En este sentido, el desarrollo ideal de este derecho dependerá de que el estado provea proporcionalmente los recursos tecnológicos digitales para que ninguna región carezca de sus beneficios. Con la garantía de este recurso, los hogares pueden adecuar la distribución interna del cableado o instalar un repetidor WiFi que reduzca la interferencia de la cobertura. Lo óptimo es que las familias potencien su internet no solo durante la pandemia, sino en el normal desenvolvimiento de sus itinerarios.
Trasladando estos análisis a la realidad argentina, se comprobará que la pobreza digital no le es ajena. El Ente Nacional de Comunicaciones ha expresado que existen 8,8 millones de accesos de banda ancha fija para un aproximado de 14 millones de viviendas. Esto significa que uno de cada tres hogares argentinos no tiene acceso a internet fijo. Ya en la VII Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de 2018 se había señalado que Argentina experimentaba la baja velocidad de internet y la falta de acceso de este servicio para gran parte de los hogares.
Hoy no se puede ignorar que existe una relación evidente entre el acceso a internet y la oportunidad de concretar otros derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la educación. Las sociedades más precarias en los servicios de telecomunicaciones, banda ancha y similares, tienen menos probabilidades de integrarse al circuito de la información y de contactarse con las múltiples instituciones. Y en tiempos de pandemia, la desconexión con la información puede devenir en consecuencias nefastas, como ya se ha comprobado a lo largo del 2020.
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