El año de la pandemia represiva

El año de la pandemia represiva
23 diciembre, 2020 por Redacción La tinta

El informe anual 2020 de la CORREPI le pone cifras al rol de las fuerzas de seguridad en el primer año del Frente de Todos. El saldo de asesinatos estatales fue de una víctima cada 20 horas y hubo cuatro desapariciones forzadas seguidas de muerte.

Por Revista Cítrica

Cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia de la Nación, hubo un anuncio que pareció sepultar los cuatro años de la doctrina represiva sostenida por el macrismo como política de Estado. “Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y justificar las muertes por la espalda”, expresó el mandatario secundado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y recibió un aplauso que bajó desde distintos rincones del Congreso Nacional.

Aquel 10 de diciembre de 2019, cuando la pandemia no era un tema instalado en la agenda local, las palabras de Fernández trajeron cierto alivio. Pero transcurrido el primer año de gestión –con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y las medidas oficiales motivadas por el COVID-19–, el rol represivo del Estado no ha variado demasiado: las fuerzas de seguridad se cobraron una vida cada 20 horas en la Argentina entre el anuncio de Fernández y el 19 de noviembre de 2020.

El Informe de la Situación Represiva Nacional, que presenta desde hace 24 años la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), aporta los datos actualizados al año de la pandemia: hubo 411 asesinatos estatales (a razón de 1,19 muerte por día) durante el primer año del Frente de Todos, de los cuales 348 ocurrieron después del inicio de la cuarentena (20 de marzo) y 63 previamente.

Así, el histórico Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado de la CORREPI acumula 7.587 muertes desde el inicio de la democracia hasta hoy, considerando que, a la cifra de 2019 (7.091 casos acumulados), se le suman los 411 registros de 2020 y 85 casos de años previos que fueron incorporados en la reciente actualización.

La excepcionalidad de la cuarentena (con circulación limitada de la población, estrictos controles sanitarios y despliegue de las fuerzas de seguridad en los barrios), lejos de menguar el saldo mortal que ha caracterizado a los diversos gobiernos democráticos de las últimas décadas, agravó el control sobre la ciudadanía dando lugar a arbitrariedades y abusos de autoridad.

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(Imagen: Télam)

Tal vez los casos más aberrantes y resonantes hayan sido las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro (Mayor Buratovich, Buenos Aires, 30 de abril) y Luis Espinoza (Monteagudo, Tucumán, 15 de mayo), pero el mismo destino les tocó también a otras dos personas que no tuvieron tanta prensa: Carlos Orellano (Rosario, Santa Fe, 23 de febrero) y Francisco Cruz (Florencio Varela, Buenos Aires, 15 de mayo).

Si bien la Doctrina Chocobar, impulsada desde el Ministerio de Seguridad por Patricia Bullrich en el período anterior, dejó las cifras de asesinatos estatales más altas en democracia (1.831 muertes, a razón de una cada 18,34 horas y un promedio de 1,31 asesinatos diarios), el primer año de Gobierno de Fernández sostiene el piso de una vida humana que se pierde por día a raíz del aparato represivo. Por eso, la consigna del Informe 2020 de CORREPI grita: “Las necesidades del pueblo son esenciales, ¡la represión no!”.

La escena del crimen

El año de la pandemia confirma la regularidad histórica del archivo represivo en cuanto al contexto de las muertes, con el ítem “cárcel, comisaría o bajo custodia” en primer lugar. Se registraron 272 casos (66,18%) en lugares de encierro, con la particularidad –según el informe de CORREPI– de que, después de muchas décadas, se registraron muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego de integrantes del servicio contra personas presas desarmadas.

Las víctimas fueron Federico Rey en Florencio Varela, José Candia en Corrientes, Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy, todos fusilados en la represión a los reclamos y protestas por la falta de respuesta oficial a la crítica situación en las cárceles.

Las otras modalidades de asesinatos son: gatillo fácil (103 casos, 25,06%), muerte intrafuerza o intrafamiliar (17, 4,14%), otras circunstancias (12, 2,92%; aquí se incluyen las desapariciones forzadas) y causa fraguada o consecuencia de otros delitos (7, 1,70%).

En cuanto a la participación de las distintas fuerzas, el ranking está integrado por: Servicio Penitenciario (237 casos, 57,66%), policías provinciales (120, 29,20%), Policía Federal Argentina (22, 5,35%), Policía de la Ciudad (22, 5,35%), otras fuerzas (6, 1,46%), Gendarmería Nacional (3, 0,73%) y seguridad privada (1, 0,24%).

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(Imagen: Télam)

Los registros de CORREPI incluyen además los femicidios, es decir, los asesinatos cometidos por represión estatal con componentes de violencia machista y patriarcal. Los dos primeros casos registrados se remontan a 1992 y, desde entonces, el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 víctimas mujeresEsa cifra convierte a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

También se han registrado 46 femicidios relacionados, es decir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la víctima asesinada en contexto de violencia machista, ya sea para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.

Propuestas contra la represión

En su informe 2020, CORREPI incluye una agenda antirrepresiva con medidas urgentes que debería adoptar el Estado para revertir el saldo mortal de cada año.

Detenciones arbitrarias:

*Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS federales y locales para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.

*Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

Legislación y justicia:

*Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en los últimos años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.

*Retiro inmediato del proyecto de reforma del Código Penal elaborado por la comisión presidida por el juez Borinsky, revisado y presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2019 en el Senado, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta, consagra la impunidad de los represores y universaliza la prisión preventiva.

*Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).

*Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.

*Derogación de la Resolución Nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan «tareas de prevención» (espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.

*Gratuidad para el acceso a la justicia de víctimas y familiares de víctimas de hechos represivos.

*Aplicación estricta de las medidas internas de suspensión del servicio de funcionarios de las fuerzas implicados en causas penales por hechos represivos.

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(Imagen: Télam)

Actuación de las fuerzas:

*Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.

*Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.

*Prohibición de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha.

*Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y locales en las provincias y la Ciudad.

*Prohibición de la asunción de la defensa técnica de miembros de seguridad acusados por hechos represivos por los cuerpos profesionales de los ministerios de Seguridad nacional, provinciales y de CABA.

*Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DD.HH., las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.

*Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.

Cuestiones presupuestarias:

*Derogación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires que destinó $38.000 millones de pesos para fortalecer el poder de fuego de la bonaerense.

*Retiro del “Plan de Infraestructura Penitenciaria” presentado a la Legislatura Bonaerense por el ministro de Justicia Julio Alak y el gobernador Axel Kiciloff para la construcción de más cárceles.

*Redirección de las partidas destinadas a esos planes y programas para mejorar las condiciones de habitabilidad en los lugares de detención.

*Por Revista Cítrica / Imagen de portada: Télam. 

Palabras claves: argentina, CORREPI, pandemia, Violencia policial

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Condenaron a 20 años de prisión al femicida de Yamila Cuello

Condenaron a 20 años de prisión al femicida de Yamila Cuello
4 abril, 2025 por Redacción La tinta

En un juicio histórico para la provincia de Córdoba, Néstor Antonio Simone fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Yamila Cuello, desaparecida en el año 2009. «Néstor es un femicida menos en la calle», expresó Soledad Cuello al finalizar la audiencia. Después de 16 años e, incluso, con una condena, sigue preguntando dónde está Yamila, su hermana.

El jueves 3 de abril, la concentración en la vereda del Tribunal Federal Oral n.º 2 de Córdoba comenzó alrededor de las 9 de la mañana con banderines, carteles, esténciles y un altar comunitario en memoria de Yamila Cuello. Organizaciones feministas, políticas y sociales, artistas y personas autoconvocadas se acercaron a presenciar la última audiencia del juicio y acompañar a Soledad Cuello y a toda su familia. Dieciséis años buscando a Yamila y exigiendo que la Justicia escuche y atienda el caso de la joven de 21 años que fue desaparecida el 25 de octubre de 2009. Solo una de las dos fue conseguida durante la jornada.

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Imagen: Ezequiel Luque para La tinta.

Por unanimidad, el Tribunal presidido por Fabián Asís, junto a Noel Costa y Carolina Prado, resolvió condenar por homicidio a Néstor Simone, expareja de Yamila, e imponerle la pena de 20 años de prisión. Una vez leída la sentencia, el fiscal Carlos Gonella pidió la inmediata detención preventiva del condenado. Simone, que llegó al juicio en libertad, se retiró esposado.


«Néstor es un femicida menos en la calle», expresó Soledad Cuello al salir de la audiencia y agregó: «Pudimos probar lo que venimos señalando hace 16 años: que él la había sacado a mi hermana de mi casa. He tenido que bancarme el desafío de escucharlo diciéndome: ‘Bueno, probalo’. Acá está probado. Solamente pienso, ¿por qué la Justicia se demoró tanto en oírme?».


«Es una gran conquista que tengamos una pena de este tenor», señaló Graciela Taranto, abogada de Soledad. Tanto las querellas como la fiscalía habían solicitado la sanción máxima de 25 años. El cuerpo de letradas destacó la importancia de la perspectiva de género en un caso donde no se pudo aplicar la figura legal del femicidio, que empezó a estar vigente en 2012 en nuestro país. Sin embargo, las pruebas demostraron que Néstor Simone ejercía violencia sexual, física y psicológica sobre Yamila y que las agresiones escalaron cuando ella logró salir de su control.

A pesar de que Simone había manifestado no tener más relación con Yamila al momento de su desaparición, los informes periciales sobre las comunicaciones mostraron que solo en octubre de 2009 se comunicó con ella 318 veces, entre llamadas y mensajes de texto. Además, fue la última persona que la contactó antes de su desaparición. Aunque los fundamentos del Tribunal serán expuestos dentro de cinco días, la pena de 20 años —cuando el mínimo era de 8— da cuenta de que la culpabilidad de Simone quedó acreditada durante el proceso judicial.

«Nos tocó un tribunal muy bueno y eso hay que destacarlo. Tres jueces que se la jugaron, que vieron lo mismo que vimos las tres partes de la acusación: que la prueba sí indicaba el homicidio, que no dejaba lugar a duda que el autor había sido Simone. Por supuesto, para la familia, queda siempre un sinsabor. La desaparición de una persona es una de las cosas más terribles que le puede pasar a una familia y esperamos que podamos seguir avanzando con la búsqueda de sus restos», señaló Taranto, dejando en claro que todavía falta saber dónde está Yamila.

Sinsabores

Las trabas institucionales y resoluciones impunes que tuvo que atravesar la familia de Yamila tienen larga data. El caso se tramitó en el ámbito federal de la justicia porque la hipótesis principal indicaba que Yamila había sido explotada sexualmente para saldar deudas generadas en apuestas clandestinas y obligada a participar de estafas y otros delitos, antes de ser asesinada. Sin embargo, en 2010, Néstor Simone fue beneficiado con un sobreseimiento por el delito de trata, mediante una sentencia del juez federal Alejandro Sánchez Freytes. Un veredicto que la abogada Taranto señala como prematuro y que impidió investigarlo por explotación sexual. La acusación se sostuvo contra su hermano de crianza, Horacio Palacio, imputado por trata de personas y coautor del homicidio. Finalmente, el Tribunal Federal resolvió absolverlo por falta de pruebas, como habían solicitado la fiscalía y las querellas.

«Él también tuvo participación y también abusó de mi hermana. El Tribunal lo absuelve de trata, lo absuelve de homicidio, pero no de violador, de abusador, de ser partícipe de todas las mafias con su hermano. Eso no lo hace inocente y, para nosotros, es un femicida, por más que no haya sido condenado», expresó Soledad, lamentando el desenlace. La letrada Taranto destacó que, al menos, quedará en evidencia el accionar institucional: «En este juicio, sí se pudo ver que hubo distintos hechos que no fueron resueltos en la sentencia de absolución». 

Por otro lado, cabe resaltar el desempeño de la defensa de Néstor Simone, a cargo de la abogada oficial Ana María Blanco. «Su principal característica fue la ausencia de perspectiva de género en su análisis y valoración de la prueba», señalaron desde la Coordinadora Yamila Cuello, luego de la audiencia donde la defensora pública presentó su alegato y solicitó la absolución de Simone. «Su estrategia se basó en exponer la vida íntima de la víctima, negar el hecho de que Simone era violento, deslizar sospechas y agravios hacia integrantes de la familia, y la presentación de hipótesis contradictorias que no consiguieron refutar los argumentos de la acusación», agregaron desde el colectivo.

Inmediatamente después del alegato, la abogada querellante, Mercedes Crespi ―que representó a Nicolás Cuello, padre de Yamila―, hizo uso de la réplica para destacar que la exposición de Blanco había sido agraviante y contradictoria, postulando hipótesis contrapuestas y con conjeturas. Además, señaló expresiones revictimizantes hacia Yamila, su familia y personas allegadas. «Todo un ejemplo de lo que no debe hacerse a la hora de ejercer el derecho a la defensa», expresaron desde la Coordinadora.

Afuera de Tribunales, la radio abierta señala una y otra vez la fuerza de la lucha feminista que abraza y refugia a Soledad desde hace años. «Yamila nunca más está sola», dicen los cantos en el micrófono y diferentes compañeras y referentas recuerdan cómo fue conocer a Soledad y acercarse a una causa que, aun con la condena, sigue repitiendo la misma pregunta: ¿dónde está Yamila Cuello? 

«Es un alivio, pero no hay reparación. Desde el Tribunal, no nos han devuelto nada de mi hermana», expresó Soledad Cuello entre lágrimas. «Es importante que quede como un precedente en Córdoba de que hicimos la lucha y, al menos, una victoria hemos tenido, y que vamos a seguir en las calles, porque nos siguen faltando desaparecidas». Delia Gerónimo Polijo, Silvia Gallardo, Jimena Natalia Arias, Leo Iudicello, Facundo Rivera Alegre, Tehuel de la Torre son algunos de los nombres que, junto al rostro de Yamila, se siguen multiplicando en las paredes, banderas y calles cordobesas.

*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque para La tinta.

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Palabras claves: Femicidio, juicio, Néstor Antonio Simone, Yamila Cuello

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