Las balas de la pandemia
La cantidad de personas muertas por homicidios policiales durante la pandemia agudizó un problema precedente. Impunidad, encubrimiento y pactos de silencio como atajos ante la justicia. Prácticas de un “poder desaparecedor” que se recicla.
Por Tomás Fernández para La tinta
El aumento de la competencia legal de la policía en la cuarentena, a partir de un mayor despliegue e intervención en la vida cotidiana de las personas, recrudeció un problema grave de las fuerzas de seguridad, la tendencia a disparar por una leve sospecha o ante el no acatamiento de una orden.
La justificación para matar como facultad en el cumplimento del deber terminó con la vida de dos adolescentes en Córdoba causando fuertes reacciones sociales, políticas y mediáticas. Se trata de dos de los casos más relevantes de una serie de abusos policiales cometidos durante la cuarentena.
La respuesta del gobierno provincial para dilucidar los crímenes y aplacar la espuma del descontento social sobre el accionar de las fuerzas de seguridad se plasmó en tres decisiones relevantes: elaboración de un protocolo de actuación policial, remoción de la cúpula de autoridades y extensión del periodo de formación de los policías (desde el año próximo, pasa de 13 meses a 3 años).
Gatillo fácil y encubrimiento
Joaquín Paredes (15) fue asesinado a balazos en una plaza de Paso Viejo, comuna del departamento Cruz del Eje, en la madrugada del 25 de octubre. El informe de balística determinó que el arma desde donde se produjo el disparo pertenece a uno de los cinco policías involucrados en el caso. Los agentes se encuentran detenidos en Bouwer, imputados por homicidio agravado y heridas graves por su condición de funcionarios de seguridad.
La noche del 6 agosto, en cercanías del centro de la ciudad de Córdoba, Valentino Blas Correas (17) fue asesinado por la policía. Era uno de los cuatro adolescentes que ocupaba el auto que recibió una serie de balazos desde un arma reglamentaria luego de esquivar un puesto de control. El joven falleció camino al Hospital de Urgencias luego de que le negaran la asistencia en el sanatorio privado Aconcagua.
En total, son nueve los uniformados detenidos, están imputados por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio, falso testimonio, encubrimiento agravado y omisión del deber del funcionario público. La causa suma en total 16 imputaciones, entre ellas, tres administrativos del sanatorio por “abandono de persona”.
Desaparecer en democracia
La autopsia sobre el cuerpo de Facundo Astudillo Castro indicó que murió ahogado. Contextualizar ese resultado es ahondar en una realidad que exige mucho más que el pedido de justicia y verdad sobre el caso, es intentar poner luz sobre una serie de mecanismos que se activan dentro de las fuerzas de seguridad del Estado luego de cometer un delito grave e irreversible.
La investigación caratulada como “desaparición forzada seguida de muerte” contiene datos directos sobre movimientos y hallazgos en patrulleros de la policía bonaerense, además de comunicaciones telefónicas entre policías. “Si se hace el pajero, que lo bajen”, decía uno de los mensajes enviados por un oficial que aún sigue siendo materia de investigación.
Fueron 107 días desde la desaparición hasta que fue encontrado el cuerpo. Los resultados forenses fueron las primeras certezas, aún queda por llegar a la verdad sobre cómo fueron las condiciones en la que murió el joven. Un caso testigo donde el ocultamiento de información sirvió para sellar el pacto de silencio que aún prevalece ante la justicia con la protección del poder político.
El caso de Luis Espinoza (31),asesinado en el mes de mayo en Tucumán, evidenció con claridad toda una serie de despliegues en el intento por hacer desaparecer un cuerpo en democracia.
El trabajador rural fue detenido por la policía durante un operativo para disuadir a un grupo de personas que había asistido a una carrera de caballos en el paraje de Melcho. Su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, donde fue tirado por un barranco envuelto en bolsas de plástico. La justicia tucumana ordenó la prisión preventiva para nueve policías y un civil acusados del asesinato.
Cómo se recicla el poder desaparecedor
La persistencia de un goce de impunidad, el encubrimiento a primera mano, la manipulación de información, la alteración de pruebas y el miedo como forma de control aparecen como algunas respuestas a ese ejercicio que proponía Pilar Calveiro en su libro Poder y desaparición (1998) para indagar en cómo, a lo largo del tiempo y dentro de las fuerzas de seguridad, “se recicla el poder desaparecedor” con mecanismos instaurados en la dictadura.
En ese esfuerzo por controlar y gestionar el orden social, el miedo a quienes nos cuidan se percibe como un sentimiento que opera cada vez con más fuerza. Reconstruir el lazo de confianza con la ciudadanía parece lo más urgente ante una obediencia que muchas veces se confunde con temor.
Estamos en presencia de conductas recurrentes, la agravación de un hecho en el intento por ocultar la verdad antes de que actúe la justicia, el desmedido uso de la fuerza y el abuso de las garantías bajo las cuales llevan adelante sus tareas.
Prácticas que perduran y se intensifican variando los contextos. Prevenir esta violencia y reducir el número de muertes es el gran desafío de las políticas de seguridad en Argentina.
*Por Tomás Fernández para La tinta / Imagen de portada: La Voz.
