Balance de Gestión Municipal: un desinformado 2020 sin Plan de Metas
La Red Nuestra Córdoba junto a organizaciones y el colectivo miembro de “Seamos Partícipes” repasan, en un informe recién publicado, las principales acciones que el Ejecutivo municipal llevó a cabo en el desarrollo institucional, la inclusión y equidad, y el desarrollo urbano sostenible. En esta nota, una síntesis para no sacar el ojo de las políticas públicas.
Por Redacción La tinta
La semana pasada, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, en colaboración con la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, Green Drinks, la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza ACEN, la Mesa de Enlace Ferroviario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Córdoba, la Cámara de Industriales y Componentes de Córdoba, Católicas por el Derecho a Decidir, la Asociación Civil Somos PARES, el Foro Productivo de la Zona Norte y el Foro Ambiental Córdoba con la adhesión de Fundeps, presentaron un informe que aborda la gestión Llaryora haciendo foco en tres áreas de la política pública local: “Desarrollo Institucional”, “Inclusión y Equidad” y “Desarrollo Urbano Sostenible”.
La Red Nuestra Córdoba monitorea, desde hace una década, las políticas municipales y ha sido una de las organizaciones impulsoras del Plan de Metas de Gobierno, “herramienta que obliga al Ejecutivo municipal a presentar su programa de gobierno expresado en metas y, anualmente, rendir cuentas por el estado de avance de este. El Plan de Metas de Gobierno permite que los ciudadanos dispongan de información respecto de las principales políticas que una gestión propone para sus cuatro años de mandato, con indicadores que permitan su seguimiento y evaluación pública”, como se explica en el mismo informe.
Esta herramienta es justamente la que falta esta vez: el Ejecutivo comandado por Llaryora no ha presentado aún su plan de Metas, cuyo plazo estipulado por la ordenanza N° 11.942 era en abril pasado. “Al no contar con el Plan de Metas, que debería haber sido presentado en abril, y con un claro déficit en la información pública disponible, para la realización de este análisis se han explorado y relevado diversas fuentes (oficiales y principalmente periodísticas), además de la información producida a partir del involucramiento y seguimiento llevados a cabo desde la Red Nuestra Córdoba y otras organizaciones y referentes que articulan acciones conjuntas”, aclaran las organizaciones responsables, quienes ratifican que, a la situación de crisis sanitaria, “se suman los obstáculos generados por una gestión que no cumplimenta con el canal institucional del que debiera disponer la ciudadanía para informarse sobre lo que el gobierno se propone hacer en el período 2020-2023”.
En general y según el documento, “el desconocimiento sobre el marco general que guía las acciones de las distintas áreas y secretarías, sumado a la escasa participación e información pública disponible, son ejes transversales a todas las políticas del gobierno en este primer año de gestión”, lo que dificulta el impacto real de las diferentes acciones, con una comunicación que se limita a informar sobre los hechos y decisiones ya tomadas, imposibilitando la previsión y la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil.
“La información de la que dispone la ciudadanía sobre los ‘actos de gobierno’ consiste principalmente en posteos en redes sociales y boletines sin publicación regular, sobre acciones dispersas por parte de referentes y reparticiones municipales, a lo que se suman notas periodísticas en medios de comunicación que aluden a planteamientos extraoficiales respecto de algunos planes supuestamente in mente”, aseguran las organizaciones en el informe.
“De esta manera, las decisiones y acciones implementadas en este período se han fundamentado en el argumento de la emergencia, el receso administrativo y la necesidad y urgencia del contexto de crisis tanto en términos de salud pública como económica y social. Sin embargo, consideramos necesario poder dilucidar cuál es la relación entre las medidas de excepcionalidad y las políticas de mediano plazo pensadas para la ciudad. En este sentido, nos preguntamos si los primeros pasos dados en estos meses son medidas coyunturales que no necesariamente marcarán el rumbo de los años de gestión que siguen o si, por el contrario, son medidas estructurales implementadas con medios excepcionales”.
Desarrollo institucional, inclusión y equidad, y desarrollo urbano sostenible
“Sobre el funcionamiento de las instituciones y prácticas de la democracia local (…), existen problemas estructurales vinculados a la representación, la participación y los mecanismos de rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba que ameritan un proceso profundo y urgente de Reforma Político Institucional, pero se observa que muchos de esos problemas estructurales, desde el inicio de la actual gestión y, especialmente a raíz de la Pandemia y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se han profundizado. Principalmente, a partir de la implementación de 3 modalidades de acción: la aplicación selectiva del receso administrativo y los protocolos de aislamiento; la utilización discrecional de las ordenanzas de emergencia y la utilización de la modalidad “efecto sorpresa” para la toma de decisiones fundamentales por parte del Ejecutivo municipal, lo que produce importantes impactos para la ciudad y para las personas que la habitan y transitan”, expresan en el informe.
A partir de haber declarado, en diciembre del año pasado, la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social (Ord.N°12.991), se acentuó la discrecionalidad del Ejecutivo para la toma de decisiones y el desequilibrio entre poderes, que ya existía, con la denominada “mayoría automática” en el Concejo Deliberante.
Aunque en el artículo 4 de dicha Ordenanza se establecía que el Ejecutivo fomentaría la elaboración de proyectos de innovación y el establecimiento de acciones participativas y colaborativas, junto con organizaciones y Entidades de la Sociedad Civil, “la posterior firma de convenios onerosos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), realizada con el objetivo de lograr la ‘modernización’ y eficientización de los procesos de la administración municipal, debilita y hasta contradice los pilares de colaboración y participación enunciados, redefiniendo el rol efectivo que se espera que la ciudadanía desempeñe. Esto, además, evidencia la priorización de una agenda externa propiciada por Organismos Internacionales, en detrimento de los aportes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil locales que ya cuentan con capacidades técnicas, desarrollos científicos y tecnológicos que contribuirían con la implementación de políticas situadas, coherentes y sustentables”, aseguran desde las organizaciones, sumado a la inactividad de todas las instancias de participación ciudadana institucionalizadas por carta orgánica y ordenanzas con el argumento de receso administrativo.
En relación a la inclusión y la equidad, en el informe, se plantea que en estos planos tampoco se ven planes de acción, sino acciones aisladas. “Los servicios de salud y educación municipal se han visto fuertemente afectados por la situación de pandemia. En el caso de las escuelas, ha significado enfrentar enormes dificultades para sostener el vínculo con los/as estudiantes debido a la falta de acceso a conectividad y tecnología de la mayoría de las familias. Las acciones municipales no han dado respuesta a esta problemática. Respecto a la salud, los centros de salud municipales han restringido sus servicios viéndose resentidas las actividades de prevención y atención primaria, como así también la atención de enfermedades crónicas. La provisión de insumos básicos también se ha visto afectada. En materia social, quizás la política más importante -en cuanto a inversión se refiere- es el programa de Servidores Urbanos que incluye hasta el momento a 1.500 servidores que realizan diversas tareas en la vía pública a partir de la articulación del municipio (área de Políticas Sociales) con cooperativas de trabajo”.
En torno a la gestión ambiental, a la falta de planificación, se suma la fragmentación de responsabilidades y competencias entre el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Secretaría De Políticas Sociales. La Red afirma que la audiencia pública para la creación del nuevo Ente Biocórdoba se realizó a pesar del contexto crítico, lo que representó un importante ejercicio democrático demostrando que “las instancias de participación podían gestionarse a pesar de la pandemia”.
En general, todas estas acciones que tienen que ver con el desarrollo urbano sostenible “que lleva a cabo el municipio se perciben como incompletas y con importantes deficiencias técnicas tal como la forestación con especies exóticas en el borde del río, la difusión de métodos de siembra no aptos para el clima y vegetación locales o la publicación de un evento de plantación de nativas mientras que, en las imágenes, se estaban plantando exóticas invasoras, pero lo más grave es que desconocemos si existen programas integrales que contemplen la complejidad de los problemas que intentan abordar y cuáles son los planes, programas o proyectos en los que se inscriben todas estas intervenciones”, finalizan en el documento.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Hoy día Córdoba.
