Tras la máscara: así están los países del Grupo de Lima
Los gobiernos que integran el Grupo de Lima atraviesan profundas crisis económicas y sociales. Para tapar esa realidad, utilizan a Venezuela como chivo expiatorio.
Por Marcela Heredia para Nodal
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú hacen parte del llamado Grupo de Lima, un bloque de países que se formó el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana para, supuestamente, “encontrar salidas a la crisis en Venezuela”; eso sí, a partir del apoyo a la estrategia de poder dual impulsada por Estados Unidos.
Aclaremos que el Grupo de Lima no es un organismo ni una organización internacional, según los expertos, y, por lo tanto, no generan ninguna instancia o resolución con algún poder en materia diplomática, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero este grupo de países se dio a la tarea de exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela y alude, sin evidencias, que en esa nación hay una “ruptura del orden democrático”. Todo esto, aupando a prófugos de la justicia venezolana, como Leopoldo López, Julio Borges y al diputado opositor Juan Guaidó, denunciados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro por acciones golpistas que han lesionado la institucionalidad en Venezuela.
Si bien en el entorno mediático se muestran como un grupo homogéneo y sólido, las heridas internas de cada país han hecho que dejen de mirar la paja en el ojo ajeno. Por otra parte, Argentina y México decidieron, el 13 de octubre de este año, no suscribir una declaración emitida por el Grupo de Lima en la que se expresaba un respaldo a Juan Guaidó.
No obstante, esta instancia insiste en no reconocer las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre en Venezuela. Sin embargo, antes de lograr sus objetivos en la nación suramericana, han comenzado a caer las máscaras con las realidades de cada país.
El gigante que rindió su soberanía frente a Estados Unidos
La crisis económica que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro le adjudica al coronavirus ha llevado a 1,5 millones de ciudadanos a solicitar el seguro de desempleo. Entre marzo y abril, las solicitudes aumentaron un 31 por ciento, con respecto a igual período del año anterior, según datos del Ministerio de Economía. Quien no se queda sin trabajo en Brasil tiene que soportar que le reduzcan su jornada laboral y su salario. Más de siete millones de trabajadores están en ese nuevo régimen.
13 millones y medio de brasileños están en la miseria y hay casi ocho millones de familias sin techo. En días recientes, la muerte de un hombre negro tras recibir una brutal golpiza por parte de vigilantes de un supermercado ha conmocionado a la opinión pública: un caso parecido al asesinato del estadounidense George Floyd durante la gestión del presidente Donald Trump.
El gobierno brasileño decretó la situación de calamidad pública este 22 de noviembre en el estado amazónico de Amapá. Desde el 3 de noviembre, se vive una serie de apagones en 14 de los 16 municipios de esa región.
Brasil iniciará el 2021 con una deuda récord de un 95 por ciento del PIB y un déficit de alrededor de un 12 por ciento. Ante la catástrofe económica, el presidente Bolsonaro sigue apelando a la fórmula de privatizar. Su base de votantes duros, a juzgar por las últimas estadísticas, se desplazó y no lo eligió en las elecciones municipales del 15 de noviembre pasado.
Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, opina que el presidente Nicolás Maduro sólo se irá del poder “por la fuerza”, mientras las fuerzas políticas brasileñas aglutinadas en la centro-derecha moderada trabajan para evitar la reelección de su padre, dentro de dos años. Brasil actúa como un país satélite de Estados Unidos, hecho ratificado tras una visita de Mike Pompeo en septiembre 2020. El almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, ya había declarado, en marzo pasado, que el acuerdo militar firmado entre Brasil y Estados Unidos “facilitará la lucha contra las amenazas regionales”. Un tiro por elevación realizado contra Venezuela.
Chile ya tiene su propio Museo de la Protesta
El gobierno del presidente Sebastián Piñera siempre ha esgrimido que la estabilidad es lo que mejor define la economía de su país. Esa estabilidad le hace falta por estos días a su gestión. Con más de 78 por ciento de los votos, la victoria del “Apruebo” se impuso de manera contundente en la nación y representó un batacazo anti-Piñera en las urnas.
En Chile, la pandemia del coronavirus exhibe despiadadamente las deficiencias de la gestión Piñera: hay 537.585 contagios y más de 15.000 muertes. La COVID-19 provocó una caída del PIB chileno en el segundo trimestre de un 14,1 por ciento, la mayor desde 1986, y el Banco Central estima una recesión de hasta un 5,5 por ciento para este año.
El mandatario chileno, que dijo que a su homólogo Nicolás Maduro le quedaban los días contados, ahora ve que se vienen nubes negras sobre su horizonte político: miles de ciudadanos han salido a las calles, desde octubre de 2019, en rechazo al paquetazo que desfinancia del sector público, y según los movimientos sociales, abre espacios a más privatizaciones.
La semana pasada, ha tenido que desplazar al director de Carabineros, Mario Rozas, porque dos menores de un hogar estatal fueron baleados por agentes de la institución. Carabineros, organización policial heredada por Augusto Pinochet, lleva décadas en el punto de mira por violaciones a los derechos humanos en todo el país y jamás ha sido llevado a tribunal alguno para acabar con su impunidad.
La paz es sólo un recuerdo
El 22 de noviembre, se confirmó una nueva masacre, la número 75 de este año. Asesinaron a siete personas en el Mango, Cauca. En lo que va del año, han sido asesinados/as 256 líderes/as y defensores/as de derechos humanos. El país gobernado por el presidente Iván Duque, quien exhortó sin evidencia -en septiembre del año pasado- a la comunidad internacional a actuar contra su par venezolano por crímenes de lesa humanidad, decidió respaldar a la fuerza pública de su país.
Colombia vive hoy una pandemia guerrerista tapada por la impunidad. Las siete bases militares estadounidenses que operan en suelo colombiano, y la alianza militar existente con Washington, son rechazadas a lo largo del territorio americano, pero el presidente Duque elige usar en sus discursos la palabra “Venezuela”, mientras intenta encender el espíritu nacionalista en contra del territorio y el pueblo hermano, que alberga a millones de compatriotas desde hace más de 40 años, que huyeron de su tierra buscando un mejor futuro.
En cambio, quienes viven en territorio colombiano han sido informados que, en el tercer trimestre de 2020, la economía colombiana cayó 9 por ciento. Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), la deuda gubernamental de Colombia ha pasado del 51,3 por ciento del PIB, en septiembre 2019, a 62,2 por ciento al cierre del tercer trimestre de este año.
Las minas antipersonas siguen instaladas en suelo colombiano. Matan o hieren a aproximadamente 1.000 personas cada año y les recuerdan a los colombianos el miedo que les instala el azote de su clase política.
El presidente pide ayuda a la OEA
El Congreso de Guatemala fue prendido fuego el sábado 21 de noviembre por autorizar aprobar una ley abusiva a espaldas de la ciudadanía: incluía la auto-asignación de 9,8 millones de quetzales mensuales de dieta parlamentaria y 20 millones de quetzales en asignaciones.
El paro nacional del lunes 23 de noviembre pidió la salida al presidente Alejandro Giammattei que, según expertos locales, gana 18.000 dólares mensuales, y en la Casa Presidencial se usan para la comida diaria más de 4.000 dólares, mientras un trabajador no percibe ni dos dólares por día.
El Congreso de la República cuesta más de 4.000.000 de dólares por mes. ¿Cuántas personas conocen estas cifras y que el propio vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo, dijo en rueda de prensa que el país no se encuentra “bien” e instó al presidente Giammattei a renunciar en conjunto para “oxigenar” Guatemala? Recién cuando ardió el Congreso, medios de comunicación internacionales mostraron destrozos y exhibieron a expertos aludiendo la necesidad de “no vandalizar instituciones públicas o privadas”, además de darle la voz pública a la decisión del presidente Giammattei de invocar la Carta Magna de la OEA para que le ayude a sostener la democracia en su país.
Cada antorcha lanzada contra el edificio del parlamento carga años de desidia, abandono gubernamental y explotación aplicada a los que nada tienen. ¿Será la OEA la institución indicada para plantar orden democrático constitucional en el país?
Una eterna vuelta atrás
La intensidad de la protesta social ha generado en Perú una latente inestabilidad política permanente. En este 2020, la llamada rebelión de la generación del Bicentenario -como llaman a los jóvenes que participaron en las protestas- se plantea enterrar el sistema político por vetusto y corrupto. De acuerdo a un reciente sondeo del IEP, el 60 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años tiene mucho o algo de interés en la política, un salto frente al 43 por ciento de febrero pasado.
Hartos del cinismo de la clase política que presume de un crecimiento económico, entre 2000 y 2019, el PIB de Perú registró una expansión promedio del 4,8 por ciento -una de las tasas más altas de la región-, aunque buena parte de los déficits históricos siguen encallados en punto cero a la hora de impartir bienestar ciudadano. La escasa inversión en salud, el 3 por ciento del PIB, lejos del 6 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), da cuenta en plena pandemia de por qué existió un alto número de muertos por la COVID-19.
Estados Unidos tiene ocho bases militares asentadas en suelo peruano. Según el Departamento de Defensa estadounidense, los activos de las fuerzas armadas estadounidenses en Perú tienen un valor de 14,2 millones de dólares.
Si esto ocurre en algunos países que forman el Grupo de Lima, ¿por qué entonces la tierra venezolana, cobijo y albergue fecundo de miles de extranjeros llegados desde Colombia, Chile, Perú, Trinidad, Argentina y hasta Uruguay, es señalada por los gobiernos de este grupo como chivo expiatorio de sus propias crisis?
Según Alicia Bárcena, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “este desencanto de la sociedad es un punto de quiebre respecto a un modelo de desarrollo asociado a concentración de riqueza y deterioro ambiental”.
Venezuela irá a elecciones el 6 de diciembre próximo refrendando su apuesta por la paz y apelando a las urnas para cortar la xenofobia externa (aunque ya no estén en el poder Donald Trump, Martín Vizcarra, Jeanine Áñez y otros políticos satélites de Estados Unidos chapoteen en el barro) y buscando consenso para solucionar sus verdaderos problemas de fondo junto a aliados internacionales de la talla de Rusia, Cuba, Irán, China y Turquía.
*Por Marcela Heredia para Nodal / Foto de portada: AFP
