Por Redacción La tinta
La fiscal María Eugenia Pérez Moreno pidió elevar a juicio la causa por usurpación contra vecines que desde 2015 llevan adelante una toma de tierras en barrio Parque Las Rosas, en el suroeste de la ciudad de Córdoba Capital.
La solicitud de la funcionaria judicial se enmarca en una seguidilla de semanas en la que sectores del Poder Judicial y grupos económicos, con la connivencia de medios de comunicación amigos, aprovecharon el envión dado por los desalojos en Guernica y al Proyecto Artigas, para avanzar contra diversos procesos de lucha por tierras en todo el país.
No todas las ocupaciones constituyen necesariamente un delito: la usurpación es un tipo de delito penal que debe tener ciertos elementos para configurarse y no en todos los casos está demostrado que esas condiciones se cumplan. Ese precisamente sería el caso en la toma de Parque Las Rosas.
Pero más allá de eso, desde Encuentro de Organizaciones (EO), la organización que acompaña la toma, remarcan que “es inadmisible que en un momento en el que distintos poderes del Estado avanzan construyendo una salida pacífica y política a esta problemática, la Justicia insista con una salida criminalizante y judicializadora, que solo incrementa la conflictividad”.
“Ese mismo poder judicial, que en más de 5 años no ha podido constatar ningún delito de las personas imputadas, es el que decide volver a poner el foco de la cuestión en el plano judicial, ignorando groseramente el esfuerzo mancomunado de lxs vecinxs, y de muchas instituciones y niveles del Estado para abordar la raíz del problema, y no solamente sus consecuencias”.
Además de integrar la comisión de Hábitat y Ambiente del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, les vecines de la toma de barrio Parque Las Rosas fueron censados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que inscribió a 4400 barrios en todo el país.
Al haber sido registrados por el ReNaBap, Parque Las Rosas se verá beneficiada por la Ley de Barrios Populares 27.453, aprobada por unanimidad el Congreso Nacional en 2018 y reglamentada a finales del año pasado, que pretende “la integración socio urbana, mejora la infraestructura de los barrios populares y permite que su población acceda a la propiedad de sus viviendas”.
Desde el EO acusan que es increíble que la fiscal Pérez Moreno pida elevar a juicio la causa, cuando la ley de Barrios Populares “declara de interés público sujetas a expropiación a la tierra que habitamos; en este momento donde el Municipio ha adherido a dicha ley y la Provincia debate su adhesión en la Legislatura; en este momento en el que se está proyectando junto con la Secretaría de Integración Sociourbana la urbanización de nuestro barrio, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes”.
“En definitiva, en este momento donde los demás poderes del Estado avanzan en solucionar la problemática de fondo, el Poder Judicial insiste en abordar el conflicto desde la criminalización de lxs poseedorxs. Esto no es más que una muestra de la peligrosa perspectiva con la que se aborda una cuestión social desde la Justicia”, remarcaron.
Las familias que hace cinco años llevan adelante un proceso posesión sobre esas tierras, exigen el sobreseimiento de las personas que aún están imputadas por un delito que no cometieron e insisten en la construcción de acuerdos que permitan una solución de raíz de los problemas que originaron este conflicto.
* Por Redacción La tinta
