Ante la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia a cuatro instituciones para expedirse sobre el avance de la Represa Cóndor-Cliff y la Represa La Barrancosa, sobre el Río Santa Cruz, el Grupo de Estudios sobre Territorio, Poder y Ecologías desde el Sur publicó una carta abierta donde expresan preocupación y piden responsabilidad ante la crisis ambiental.
Por Redacción La tinta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a la Administración de Parques Nacionales, al Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y al propio poder ejecutivo para que se expidan acerca de la implementación y el avance de las obras de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz.
Se trata de dos mega represas sobre el río Santa Cruz, en la provincia homónima, para el incremento de la capacidad del sistema eléctrico nacional. El Grupo de Estudios sobre Territorio, Poder y Ecologías desde el Sur, integrado por investigadoras/es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), advierte en una carta abierta que el proyecto “presenta debilidades de gran magnitud, denunciadas por variados sectores sociales, tanto en aspectos técnicos, económicos, políticos, sociales como ambientales”.
Explican que estas obras destruyen una de las mayores cuencas hídricas del país, “siendo esta singular por ser netamente glaciaria (…) y por ser un elemento troncal del ecosistema y las sociedades patagónicas australes”, algo preocupante para el IANIGLA y otros importantes glaciólogos, según quedaría expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental.
Las nacientes y la desembocadura del Río Santa Cruz se ubican dentro Parques Nacionales, “dos parques que basan su riqueza en el patrimonio hidrológico: los glaciares y lagos del Parque Nacional Los Glaciares (…), y el estuario del río en el Parque Nacional Monte León”, declaran evidenciando la trascendencia de las dos mega represas “que predestinan a la desaparición al río que vincula a estos Parques Nacionales”.
Por otro lado, exponen que “el INPRES ha reconocido públicamente en fechas recientes la existencia de la actividad sísmica inducida por actividades antrópicas. La ocurrencia de sismos por la acción humana es innegable (y el llenado de embalses es la tercera causa) y extensamente corroborada”.
Denuncian, además, el ocultamiento de información respecto a las consecuencias del incidente ocurrido en 2019, en el que la ladera donde se debía asentar el muro de la represa Condor-Cliff sufrió una fuerte fractura y desplazamiento. Esto evidenciaría “malas condiciones geotécnicas para la implementación de las infraestructuras sobre el terreno”. También señalan que el transporte de la energía generada por las represas atenta contra la Ley General de Ambiente.
En la misma carta, piden a las instituciones convocadas que no subestimen la crisis ambiental. “No es un eslogan político, sino una verdad científica, hemos llegado al umbral del colapso ambiental y no podemos permitirnos dar más pasos en falso. El desarrollo económico no puede ir en contra del ambiente y la comunidad. El incremento de producción y consumo energético no son ya parámetros de bienestar. La desaparición de nuestro patrimonio ambiental no puede entenderse ni como progreso ni como soberanía”, afirman.
*Por Redacción La tinta. Imagen de portada: El Federal.
