Almirante Brown: recrudece el asedio contra una familia campesina para ocupar sus tierras
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denuncia que, la semana pasada, el empresario Joaquín Somoza ingresó con una patota armada en el terreno de la familia Velázquez, en el sur del Gran Buenos Aires. Apenas dos días después, se produjeron incendios a metros de la casa y los corrales de la familia de pequeños productores agroecológicos.
Por Redacción La tinta
La familia Kener-Velázquez hace más de 40 años que vive y trabaja en un campo de cinco hectáreas en el sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Almirante Brown.
Allí, Héctor Velázquez, Ana Kener y sus hijes llevan adelante una unidad productiva agroecológica que da trabajo a 22 personas de los barrios aledaños. «Producimos alimentos orgánicos de huerta, verduras, frutas; tenemos lechones, ovejas, gallinas. Junto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Frente Agrario Evita, tenemos, además, un centro de producción agroecológica donde trabaja la gente de barrios cercanos que no tienen otros ingresos», explica Juan Velázquez, integrante de la familia, a La tinta.
A pesar de los aportes de alimentos sanos y la contribución al fortalecimiento de la economía popular de la zona, el territorio periurbano que tiene la familia en Ministro Rivadavia es codiciado por empresarios desarrollistas que intentan construir un emprendimiento inmobiliario y no tienen escrúpulos para recurrir a la violencia para intentar desalojarles de sus tierras.
El empresario Jesús Somoza posee tierras aledañas al terreno de la familia Velázquez y avanza en la construcción de un Club de Campo, pero, para eso, pretende usurpar la finca lindera donde funciona la unidad productiva agroecológica.
Según acusa la familia Velázquez, el 20 de noviembre, el desarrollista y su hijo Martín Somoza ingresaron con un grupo de policías y otras 30 personas armadas al campo, golpearon a sus miembros y destruyeron sus posesiones.
«Con armas de fuego, machetes y palos, provocaron destrozos y golpearon fuertemente a tres integrantes de la familia que estaban trabajando. A pesar de no haber ninguna acción judicial de por medio, la Policía se llevó detenido a uno de los hermanos Velázquez. El hombre fue liberado al día siguiente, pero le iniciaron una causa falsa por supuesta portación de armas», indica el comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena Bs. As.
Ninguno de los agresores fue detenido por la Policía ni llamado por la Justicia, aún cuando, además de los ataques, realizaron desmontes para abrir calles sin autorización municipal.
«Los usurpadores siguen libres y avanzan en la construcción de un club de campo, sin autorización municipal y, ahora, también sobre los terrenos de la familia Velázquez. Han destruido los cercos, por lo que los animales de los Velázquez fueron encerrados para que no escapen y no pueden acceder a sus pasturas. También desmontaron varios cientos de metros de árboles y pasturas, plantando nuevos alambrados e ingresando materiales de construcción. Esas acciones tampoco tienen aprobación municipal», agregaron desde la organización.
Dos días después del impune ataque, la patota enviada por Somoza volvió a hostigar a la familia Velázquez, incendiando pastizales a metros de la casa y los corrales, poniendo en riesgo la vida de personas y animales.
Un hecho que se repite 6 años después
Hace seis años -cual lamentable déjà vu-, sucedió un ataque idéntico por parte Somoza y su patota. En 2014 y con la misma modalidad, Somoza ingresó a la casa de los Velázquez, destruyó íntegramente sus pertenencias y mató o dispersó a gran parte de sus animales. Sin notificación legal y con una violencia inusitada, les destruyeron los corrales, mataron animales y, con una topadora, destruyeron la vivienda familiar.
Según la denuncia, el hecho también contó en esa ocasión con el apoyo presencial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no ahorró en golpizas ni detenciones.
La Justicia falló a favor de los Velázquez en todos los niveles, pero Héctor, el padre de la familia, debió vivir cinco años en una casilla en la puerta de su campo mientras reconstruía su casa y la chacra, con frecuentes hostigamientos por parte de los matones enviados por Somoza. Lamentablemente, el hombre de 65 años falleció en mayo de este año, producto de un cáncer.
«Pese a las denuncias presentadas por este nuevo hecho, Somoza continúa impunemente. En tiempos en que la problemática del hábitat y la vivienda digna han tomado relevancia, un empresario sin títulos de propiedad avanza sobre tierras productivas de Almirante Brown, con sicarios y acompañado por fuerzas policiales», exponen en el comunicado conjunto el Movimiento Nacional Campesino Indígena – La Vía Campesina; Frente Agrario Evita; y la Rama Agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP Agraria).
* Por Redacción La tinta
